“Me sentí muy mal durante el alegato de mi abogado, porque desmerece mi credibilidad, vi cómo diez años de lucha se derrumbaban”, se lamenta Mario Pontaquarto, cuya confesión fue la columna vertebral de la causa sobre los sobornos en el Senado. Su defensor, Hugo Wortman Jofre, generó una situación peculiar en esta última etapa del juicio cuando afirmó frente al Tribunal Oral Federal Nº 3, la semana pasada, que aunque sabe que su cliente dijo la verdad, su relato no fue totalmente corroborado con pruebas, por lo tanto pidió que lo absolvieran. El ex secretario parlamentario dice que entiende y acepta la postura de su representante legal, que lo convenció con el argumento de que su deber es ejercer “una defensa técnica”. A la vez, sigue sosteniendo su descripción sobre el pago de las coimas para la aprobación de la ley de reforma laboral, del que él mismo asegura que se ocupó. “Debería haber una condena, incluso para mí”, afirma, en diálogo con Página/12. El planteo de su abogado abre muchos interrogantes.

Desde el día en que se decidió a contar la historia de las coimas, Pontaquarto supo que él sería uno de los imputados, en su papel de “valijero”. Aun como acusado, siempre estuvo en la postura de impulsar y colaborar con la investigación. “Lo hago como se puede hacer en un país donde no existe la figura del arrepentido”, suele repetir. En esa postura lo acompañaron durante una década los mismos abogados. Por eso, cuando se puso a alegar, Wortman Jofre descolocó a quienes lo escuchaban, empezando por la fiscalía de Sabrina Namer y la querella de la Oficina Anticorrupción que esperaban que pidiera la pena mínima o alguna variante para lograr la prescripción o algún atenuante, pero no una absolución lisa y llana que pusiera en duda las evidencias. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Qué efecto tendrá sobre el juicio y para el resto de los acusados? ¿Será el anuncio del desenlace, con absoluciones para todos?

Pontaquarto dice que desde que se votó la ley de reforma laboral, el 26 de abril de 2000, hasta el día que tres años después contó por primera vez la historia de las coimas, vivió intranquilo “pensando que había hecho una estupidez” de la que “nunca había estado convencido”. Los detalles de la trama de cómo se había comprado la voluntad de senadores justicialistas que en un comienzo iban a votar en contra de la ley habían empezado a circular en un texto anónimo apenas fue aprobada. El caso produjo un cisma en el gobierno de la Alianza, que provocó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, y se convirtió en la antesala de su caída. Pontaquarto veía aparecer su nombre en algunos diarios. “Eso me generó un proceso durísimo con mis hijos, y pensé: o se enteran por los demás o se enteran por mí mismo que el padre fue un corrupto. Así que decidí contar todo, no fue por venganza ni por plata; sentía vergüenza.”

Pontaquarto contaría después que el día de la votación de la ley de flexibilización laboral a la noche llevó a la casa del senador Emilio Cantarero 4,3 millones de pesos/dólares para que repartiera entre los justicialistas. Unos días antes, el 18 de abril, había retirado de la SIDE un total de cinco millones. Los 700 mil restantes se los llevó a la mañana siguiente, precisaría, al jefe de la bancada radical José Genoud a su despacho. El ex secretario parlamentario había tenido el dinero en su casa en General Rodríguez una semana, y el último día se lo llevó al hotel Howard Johnson, en la calle Bartolomé Mitre. Su ex esposa, Silvana Costalonga, fue la única que declaró haber visto el dinero durante la instrucción de la causa, a cargo de Daniel Rafecas.

Ni Cantarero, ni Genoud, ni Costalonga, tres figuras clave, pudieron declarar en el juicio oral: el primero tiene Alzheimer, el segundo se quitó la vida cuando padecía una grave enfermedad y a la tercera el tribunal la rechazó como testigo porque en la causa de Rafecas quedó indefinido si se la consideraba o no encubridora, para lo cual esperaría el final del juicio. Así las cosas, la principal evidencia con la que se buscó validar el relato de Pontaquarto fueron los entrecruzamientos de llamadas telefónicas y la ubicación de los celulares de los imputados en momentos clave en los que el arrepentido dijo dónde estaba cada uno de los personajes.

Al momento de argumentar ante el TOC N° 3, el abogado Wortman Jofre puso el acento en la vida personal de Pontaquarto y su necesidad de poder vivir con la conciencia tranquila. Fue un “colaborador” de la Justicia, definió, pero no un “arrepentido” que hubiera pedido beneficios por decir la verdad. El defensor sostuvo que todo lo que contó su cliente sucedió, pero comparó su función como abogado con la de un cirujano, que no le puede ir a preguntar a su paciente cómo tiene que operar. El ex secretario parlamentario dice que discutió mucho con el estudio por esta cuestión, pero que finalmente aceptó la teoría del cirujano.

En definitiva, el alegato de la defensa resultó funcional al del resto de los acusados, sobre todo cuando el abogado señaló que no se pudo probar que los cinco millones de pesos hubieran salido de la SIDE ni que haya existido una reunión en la Casa Rosada, en la que según detalló Pontaquarto, Genoud –en presencia de los ex senadores Augusto Alasino y Alberto Tell– le dijo al entonces presidente Fernando de la Rúa que el justicialismo necesitaba “otras cosas” para apoyar la ley. “Eso arréglenlo con (Fernando) De Santibañes”, se supone que respondió, en alusión al ex jefe de la SIDE. Para Wortman Jofre, los cruces telefónicos y el análisis de la ubicación de los celulares no fueron suficientemente contundentes, y la presencia de las personas señaladas por Pontaquarto en determinados lugares a la hora señalada no equivale a que participaron de un soborno.

En la fiscalía y la Oficina Anticorrupción –que habían pedido un año y medio de prisión para el ex secretario parlamentario contra seis años para De la Rúa y De Santibañes–, el alegato de Wortman causó decepción y preocupación. La abogada de De la Rúa, Valeria Corbacho, dijo en su propia exposición que a Pontaquarto no le creen ni sus propios abogados. Pontaquarto a la vez dice que su defensa es un golpe a la acusación y que él mismo se sintió incómodo “porque desmerece mi credibilidad”.

“Quizá los peritos de los teléfonos no fueron contundentes; tampoco era esperable que quien manejaba la plata de la SIDE reconociera si cambió los números. Pero mi ex esposa, Silvana, estaba dispuesta a declarar que vio el dinero, y a último momento el tribunal descartó que diera su testimonio”, protestó. Otro aspecto es que tampoco, durante la investigación, se probó el ingreso del dinero en cuestión a las cuentas de los involucrados o movimientos sospechosos que estuvieran vinculados.

Pontaquarto comenta que sus abogados le dijeron que como defensores no pueden pedir su condena. Eso, según explican jueces y fiscales a este diario, no es estrictamente así. Cuando un acusado está muy comprometido, su letrado puede pedir la pena mínima, por ejemplo, aunque no se trate de un juicio abreviado. “Es algo muy frecuente”, le dice un juez de tribunal oral a Página/12.

Lo que no encuentra antecedentes comparables es que un acusado impulse la acusación. A Pontaquarto le decían, de hecho, “el acusador acusado”. A cuento de esto, en septiembre último, el propio tribunal del juicio en una resolución referida a la incorporación por lectura de testimonios a la causa puso como al pasar una frase casi premonitoria donde se refería a que “resulta inocultable la paradoja” de que “uno de los imputados junto con su defensa impulsen la hipótesis acusatoria”. Deslizan la duda sobre cómo se compatibiliza con la garantía de defensa en juicio.

“Es incoherente que un acusado pida su absolución alegando que no se probó un hecho reconocido por él mismo, pero muestra que los imputados ven su absolución como una posibilidad concreta”, dice Agustína Carrara, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). A su entender, el desempeño del tribunal oral –el mismo que anuló el caso AMIA y absolvió a todos los acusados del atentado señalando las irregularidades en la investigación– ha sido “ineficiente” y “generado la sospecha de que éste puede ser otro caso de corrupción que quede impune.” “Prueba de eso –advierte– es la exclusión del testimonio de la ex esposa de Pontaquarto.” Lo que debería tener en cuenta el tribunal –agrega Carrara– es que “nadie ha podido sostener una versión del caso que desvirtúe” la que aportó Pontaquarto.

Un documento conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Cipce –que se ocupan de analizar casos de corrupción– señala como preocupante un creciente rumor, que lleva meses circulando por Tribunales, de que el tribunal absolvería a todos precisamente con la teoría de que el caso “no se probó”.

En Tribunales creen que haber pedido la absolución de su cliente es la mejor salida para que el estudio jurídico quede bien parado. “Yo viví todo esto, sé qué sucedió y lo voy a seguir sosteniendo”, dice Pontaquarto, quien sigue en el programa de testigos protegidos y hoy trabaja de administrativo en una multinacional española. “Debe haber una condena incluso para mí porque el delito existió –enfatiza–. Pero ahora la responsabilidad es de los jueces. Mis abogados me han acompañado sin ningún tipo de prejuicio en todo este proceso, pero evidentemente lo que perciben es que no va a haber condenas.”