SOCIEDAD › INVESTIGAN A DIEZ PENITENCIARIOS POR PRESUNTOS COBROS A PRESOS
Un fiscal de San Isidro investiga a diez penitenciarios de la U41 de Campana por posibles cobros a los integrantes de la Banda de los Rosarinos para recibir un trato vip. Muchos de esos privilegios en realidad debieran ser trato para todos.
Diez penitenciarios bonaerenses están en la lupa judicial: se investiga si tenían vinculación con el supuesto trato vip que recibían tres de los integrantes de la apodada Banda de los Rosarinos en la U21 de Campana, donde contaban con teléfonos celulares, tv, dvd, PlayStation y aire acondicionado, efectos que, en principio, hacían exclusivo el trato no porque efectivamente fuera vip, sino porque eran obtenidos mediante pagos (ilegales), y el resto de los internos no lo recibía no porque fuera vip sino porque no los podía pagar.
Allegados al fiscal de San Isidro que investiga el caso, Patricio Ferrari, sostienen que pudo probar el vínculo entre los rosarinos y diez miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que trabajan en el penal, luego de tres meses de escuchas telefónicas y el allanamiento del 16 octubre en la Unidad 21. El objetivo de Ferrari en aquel momento fue secuestrar los 10 teléfonos –cuyas características, smartphones, mensajería instantánea y acceso a Internet, los medios distribuyeron jugosa y negativamente, pese a que ninguna constituye delito ni su posesión implica otra cosa que capacidad de comunicación con el exterior, que constitucionalmente no está vedada a los detenidos–, que utilizaba la banda. Según las escuchas, la banda seguía operando desde la cárcel en el negocio de autos “mellizos” y las autopartes ilegales en Rosario, que sí constituye delito.
En esas escuchas, el fiscal detectó que el sindicado como líder de la organización, Esteban Lindor Alvarado, y sus compañeros de causa, Walter Ramón Bucci y Gabriel Antonio “Peto” García, contaban con una serie de elementos que se ofrecían como privilegios, negándolos a la mayoría, para cobrarlos así a quienes pudieran pagarlos como trato de privilegio. En este caso esto ocurría en la celda 321, del pabellón de autodisciplina donde estaban alojados los tres mentados.
En una de las escuchas telefónicas de la causa, Peto García le dice a un amigo: “Estamos en un pabellón piola. Ya nos acomodamos, viste cómo es... Estamos de primera. Televisor, dvd, aire acondicionado portátil. Estamos de prima”.
Y cuando el amigo le pregunta si tenían visitas íntimas, García contesta: “Sí, si estamos todo bien acá. Está todo pago... Tarjetitas, arreglás acá, no hay drama”, y en otro tramo de la charla, le dice: “Tienen para ponerla, ¿me entendés?, si no estaríamos todos a los fierrazos ¿viste?”.
Pero la certeza de que los penitenciarios estaban al tanto de que Alvarado, Bucci y García tenían celulares en su poder la dan los SMS que se intercambiaban con los mismos agentes de la Unidad 21 y fueron interceptados por los investigadores.
“Capu, ¿le avisas a Mariano que está mi familia en la puerta?”; “Venite hasta sanidad que te estoy esperando”; “Peto, vení a comer que ya está la comida”; “Chavo, ¿le decís a Cruz que me llaman de talleres”, y “Chavo, ¿me traés la compu con el pen y el cargador”, son algunos de los SMS detectados en uno de los celulares intervenidos a García. En los SMS se descubrió que los rosarinos tenían a su disposición en el penal dos freezers que les habían llevado sus familiares donde, según las fuentes, el fiscal encontró corderos, lo que según especialistas consultados tampoco constituye delito alguno, ya que, según sostiene, tener buena comida no es un privilegio, sino su ausencia un déficit de la agencia estatal.
“Marce, le decís a Capurro que ahí llega mi señora con el muchacho de los freezer”, dice uno de los mensajes de texto. En otro intercambio de SMS, un allegado le pregunta a García: “¿Te llevaron freezer?”, y él responde: “Sí, dos me trajo el Pocho, de primera, re-grandes, así que ya los acomodamos... Ya pidieron prestado uno de cocina para guardar pollo que mandaron para los de HIV”.
En otros SMS, se piden películas pornográficas entre los internos –de pabellón a pabellón y con penitenciarios de intermediarios–, y hasta hablan de presos famosos como el padre Julio César Grassi y Carlos Carrascosa, alojados en la Unidad 41 del mismo complejo de Campana.
Luego del allanamiento, los tres rosarinos fueron separados y trasladados a distintas unidades: uno a Sierra Chica, otro a Urdampilleta y el tercero a General Alvear. Los 10 penitenciarios del SPB investigados por el fiscal Ferrari están identificados en la causa como Nelson Siri, Claudio Robles, Nicolás Peratta, Ramón Tapia, Luis Ariel Caamaño, Luis Capurro, Raúl Rocha, Juan Carlos Torres y, los dos últimos, sólo por sus apodos, Chavo y Mochi. Todos podrían ser imputados en el expediente con la figura de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Alvarado, Bucci y García son tres de los trece imputados que en agosto de 2012 fueron detenidos por el fiscal Ferrari acusados de integrar la Banda de los Rosarinos, una presunta asociación ilícita que mandaba a robar a pedido autos al conurbano bonaerense y en Rosario los desguazaban para venta de autopartes o los “reempapelaban” para venderlos como autos mellizos.
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