Los supervisores del nivel primario de las escuelas públicas de la Ciudad solicitaron al Ministerio de Educación porteño “la anulación de la inscripción online” y reclamaron la implementación de “un nuevo dispositivo de inscripción” que tenga en cuenta el reglamento escolar vigente. En una medida sin precedentes, los supervisores presentaron el reclamo ante la Dirección de Educación Primaria y la Defensoría del Pueblo porteña. “El sistema violó derechos de los chicos al no respetarse las prioridades” establecidas por la normativa, denunciaron.

Días atrás, la Dirección de Educación Primaria había pedido a los supervisores vía mail “pensar juntos la manera de satisfacer los pedidos” de los padres que se quejan por las irregularidades del sistema de anotación en las escuelas por Internet. Ahora respondieron: “Solicitamos al Ministerio de Educación la anulación de la inscripción ‘online’ para realizar un nuevo dispositivo de inscripción, encuadrado en la normativa vigente, con la modalidad prescripta en el Reglamento Escolar”.

Un grupo de supervisores, en representación del Equipo de Nivel Primario de escuelas de gestión estatal de la Ciudad, se entrevistó con el jefe del Area de Derechos de la Educación de la Defensoría del Pueblo porteño, Gustavo Lesbegueris, a fin de poner en conocimiento de ese organismo de control su “preocupación por las numerosas situaciones de incumplimiento del artículo 23 del Reglamento Escolar”.

En este sentido, señalaron los siguientes casos detectados:

- Alumnos de salas de 5 años de nivel inicial que viven en el radio de la escuela y no fueron asignados por el sistema.

- Hermanos de alumnos de la escuela que quedaron separados.

- Hijos del personal de la escuela que fueron asignados por el sistema a otra.

- Alumnos que no aparecen inscriptos en ninguna escuela.

A esas situaciones, los supervisores escolares agregaron otras “irregularidades”: escuelas de jornada completa que figuran en el sistema con la modalidad de jornada simple o viceversa; escuelas con niños en “lista de espera” cuando hay establecimientos cercanos con disponibilidad de vacantes; niños que aparecen inscriptos en primer grado y que pertenecen a otros grados; documentación de inscripción que no fue retirada de las escuelas; niños repetidos en los listados, y niños inscriptos en la escuela y que no aparecen en ningún listado.

“Se han asignado vacantes sin cumplir con el reglamento en cuanto a las prioridades para los chicos con domicilio en el área de la escuela, alumnos de alguna de las salas del mismo establecimiento, con hermanos o hermanas cursando o hijos del personal del lugar. Hay listados en que esto no se ha respetado y aparecen chicos que no se sabe de dónde vienen porque no hay documentación. Hay casos en que van a tener que sacar vacantes porque no cumplen con la normativa. Todo esto va a generar situaciones de violencia. ¿Quién les va a comunicar a los padres que no tienen la vacante? La única salida que veo es que un juez dicte una medida de no innovar porque se están vulnerando derechos. El ministerio no reconoce los errores”, explicó Norberto Ares, supervisor del Distrito Escolar 11 que abarca el barrio de Flores.

Ares también se refirió a las primeras afirmaciones del Ministerio de Educación porteño acerca de que el nuevo sistema iba a transparentar la asignación de vacantes, insinuando que los directores y supervisores las manejaban discrecionalmente. “El sistema que manejábamos funcionaba bien. Hace cinco años que soy supervisor acá y en ese tiempo nunca salí en el diario por falta de vacantes. Los padres nos protestan a nosotros y no tenemos respuestas. Desde la Dirección de Educación Primaria nos dicen que no nos preocupemos, pero nosotros somos los que damos la cara. Recibimos gente que se larga a llorar, que no sabe cómo hacer la inscripción y al hablar con el ministerio es como si estuviéramos hablando con un sordo. Necesitamos cordura. El juez (Osvaldo) Otheguy tiene que dar explicaciones acerca de por qué se genera este malestar social.” Otheguy es el magistrado que rechazó un recurso de amparo para frenar el sistema.

“Hay secciones de mi distrito que no inscribieron y dejaron gente afuera. En la escuela 15 tengo dos primeros grados vacíos. Si hubiera sido adrede, peor no les salía. ¿Estamos sometidos a la dictadura de la tecnología? Retiraron los documentos de los pibes en motonetas sin ninguna credencial ni autorización”, agregó.

Por otro lado, la supervisora del distrito 20 (Mataderos), Graciela Montenegro, habló de los casos en su región. “Hubo una gran cantidad de chicos de jardín que no pudieron entrar. Esto, en barrios carenciados como Piedrabuena. Recibimos mamás llorando, hermanitos que no entraron, nenes sin vacantes y no sabemos dónde está la documentación. ¿Cómo convencés a algunos padres de que tienen que devolver las vacantes?”

“Mi reflexión es que cada distrito tiene su particularidad, hay que trabajar con la diversidad y no unificar bajo el filtro digital. Si hubieran mandado a una persona del sistema a cada distrito a trabajar con las inscripciones y en las escuelas, en vez de gente contratada por Facebook, hubieran puesto docentes, esto hubiera sido un éxito. Hay que barajar y dar de nuevo. Alguien del ministerio tiene que enfrentar a la opinión publica y hacerse responsable. Es un sistema que salió 16 millones de pesos y trajo aparejados 500 amparos, miles de reclamos y vaya a saber qué va a pasar con mi distrito”, opinó.

Lesbegueris, por su parte, transmitió la solidaridad y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a supervisores, directores y docentes, al tiempo que expresó que “las irregularidades detectadas por el Equipo de Supervisores exponen el fracaso del sistema de tramitación electrónica de vacantes implementado este año por el gobierno porteño, ya que no garantizó ‘transparencia’ en el otorgamiento de vacantes ni mínimos recaudos en cuanto al cuidado de la documentación con datos personales de los niños y sus adultos responsables que las familias entregaron en el marco del proceso de inscripción”.

“Los costos de la imprevisión del gobierno porteño exceden con creces los 16 millones de pesos asignados al programa ‘en línea’ y se expresan en afectación del acceso a la educación de al menos 3500 niños, niñas y adolescentes, incertidumbre en las familias y probable trasvasamiento de matrícula al sector privado de la educación”, completó.

En tanto, la Defensoría General de la Ciudad calificó al juez Otheguy de “corresponsable” del conflicto que afecta a las familias porteñas, al denegar “dos veces la cautelar solicitada, confiando en lo informado por el ministerio”. “Seguiremos defendiendo a los afectados y denunciamos que lo que se pretende es privatizar la educación en la Ciudad, con la complacencia de sectores de la Justicia capitalina. La Oficina de Orientación al Habitante, dependiente de esta Defensoría General, atenderá reclamos por la falta o la incorrecta asignación de vacantes consecuencia de este desafortunado sistema, para su eventual judicialización”, sentenciaron en un comunicado.

Por último, el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación porteño, Diego Fernández, aseguró que “vamos a trabajar para que los reclamos no existan, pero es importante remarcar que este sistema permitió acercar la escuela a la sociedad. Hemos puesto portales en villas y barrios carenciados para que la gente tenga una manera más sencilla de inscribirse a las escuelas”, concluyó.

Informe: María Julieta Rumi.