Tras la aprobación por parte del Parlamento uruguayo de la ley de regulación estatal de la producción y venta de la marihuana, el titular de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, Julio Calzada, brindó ayer una conferencia en Buenos Aires acerca de los objetivos y alcances de la normativa. El funcionario –uno de los principales impulsores de la norma– aseguró que la ley se propone “avanzar en la regulación de un mercado que ya existe” y “que estaba en manos de organizaciones de narcotraficantes”. Según cifras oficiales, en el país oriental hay entre 120 y 150 mil usuarios de cannabis, “quienes hasta hace poco quedaban a merced del mercado ilegal”. Con la ley sancionada el martes pasado, “tenemos una herramienta más para desarticular a esas organizaciones”, consideró Calzada. A su vez, el funcionario remarcó que sólo los residentes en Uruguay podrán comprar marihuana en las farmacias habilitadas, con lo cual su país no será un destino de turismo cannábico.

Uruguay se convirtió, luego de la sanción de la ley, en el primer país del mundo en regular la producción y el dispendio de marihuana para fines recreativos, médicos e industriales. La norma permite el autocultivo de seis plantas hembras, la formación de clubes de membresía de entre 15 y 45 socios, con un número de plantas proporcional de hasta 99, y la compra en farmacias de un máximo de 40 gramos por mes. La ley prevé dispositivos de atención, información, asesoramiento, diagnóstico y derivación de consumidores problemáticos. Además, se prohíbe la publicidad de productos relacionados con el cannabis y se establece la obligación de realizar campañas de concientización.

La normativa responde “a una concepción integral de políticas de drogas, que apunta al control de la oferta y a la reducción de la demanda”, dijo ayer Calzada en la conferencia organizada en la embajada uruguaya. “Hace 50 años que veníamos con una política de drogas que ha sido un fracaso. Hasta ahora, el mercado de la marihuana estaba en manos de las organizaciones criminales que la distribuían sin ningún criterio sanitario y con el fin único de lucrar. Esta ley es un cambio para mejorar la salud y la convivencia en Uruguay. Nuestra idea es regular ese mercado, desmontar esas organizaciones que tanto daño hacen a la sociedad, ofrecer un producto de calidad, seguro y a precio de mercado, y obviamente reducir su consumo. Esto último es una premisa básica: el consumo de marihuana es riesgoso para la salud, y más para los niños, niñas y jóvenes.”

El secretario general de la JND recordó que la tasa de criminalidad en Uruguay creció un 30 por ciento en el período 2008-2012 y que esas muertes estaban asociadas a la venta ilegal de drogas. “En ese contexto de crecimiento cuantitativo de la violencia, nos propusimos analizar el fenómeno. Una de las respuestas a ese problema es esta regulación que sancionamos.”

Durante el proceso de elaboración de la iniciativa, reveló Calzada, se consultaron las experiencias de regulación del cannabis de países como Holanda, Australia, Estados Unidos, Canadá y Suiza. “Vimos y analizamos 18 casos de regulación en total, los cuales nos aportaron para construir nuestra propia norma, aunque no seguimos ningún modelo en particular.” Las autoridades uruguayas también tuvieron en cuenta la experiencia de regulación del tabaco en su país. “Hace ocho años, regulamos restrictivamente el mercado del tabaco: prohibimos fumar en lugares cerrados, prohibimos la publicidad y lo articulamos con una mirada sanitaria. Los resultados nos dicen que se redujeron los problemas de salud asociados al tabaco y que cayó su uso en los jóvenes. Bueno, lo mismo es lo que estamos haciendo con la marihuana y esperamos igual impacto.”

Calzada aclaró, como ya lo había hecho el presidente José Mujica, que la ley habilita la compra de cannabis en farmacias sólo a los ciudadanos residentes en el país oriental, mayores de 18 años. “Los que vayan de vacaciones a Uruguay o viajen por trabajo o por el motivo que sea no van a poder acceder a la marihuana legal. Esto no es un producto como la corbata o los zapatos, que se pueden vender así como así. Hay que estar registrado y vivir en el país para poder acceder.”

Por último, el titular de la JND consideró que “se debe impulsar un debate sobre este tema. No nos presentamos como modelo, pero sí creemos que se debe discutir. Y es un debate que no se puede restringir al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que deben ser incluidas las organizaciones de derechos humanos, de trabajadores y de salud”.

Informe: Nicolás Andrada.