El comisario mayor Alberto Cánepa fue removido de su cargo al frente de la Departamental de Trenque Lauquen. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense justificaron la remoción con ambigüedad: “Cuestiones operativas”, alegaron los voceros. Cánepa fue desplazado en el marco de una investigación abierta por el ministro Juan Pablo Cafiero sobre el patrimonio de los comisarios de la Bonaerense. La cifra de jefes investigados, según anunció el propio Cafiero, se amplió de 44 a 135, y coincide con el total de jefes de departamentales de Seguridad y de Investigaciones. En abril del 2002, el nombre de Cánepa se hizo público cuando declaró que los menores presos “deben sufrir igual que sus familias” y recomendó bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. En ese momento, la suerte de Cánepa quedó “bajo análisis” del gobierno. En junio pasado, el ex comisario Norberto Fiori lo acusó de cobrar para proteger desarmaderos. Cánepa fue sometido a un “análisis” de dudosa profundidad: aterrizó como jefe de una departamental menos expuesta: Trenque Lauquen. Ayer, una vez más, fue desplazado a cuarteles de invierno. O sea, sigue en la fuerza, exposición pública cero y freezer hasta que aclare.
Alberto Cánepa fue sucesivamente jefe de Delitos Rurales, de la DDI de Morón, de la Departamental de San Isidro, y recientemente de la Departamental de Trenque Lauquen. Su primera aparición pública con ruido tuvo lugar con una frase célebre y por demás significativa: el 29 de abril pasado, como jefe de la Departamental de Seguridad de San Isidro, Cánepa sostuvo que “un menor de 14 años tiene que ser imputable y tiene que cumplir la condena como un mayor de edad, en un centro apropiado y no en un instituto de menores”. Para esa fecha, la Procuración General bonaerense investigaba la existencia de escuadrones de la muerte, y la Suprema Corte denunciaba que más de 60 menores habían muerto a manos policiales bonaerenses en enfrentamientos “dudosos”. Cánepa sostuvo que la familia del menor “tiene que sufrir por tener a ese chico preso y que el chico preso sufra por estarlo”.
Las declaraciones de Cánepa provocaron un escándalo de proporciones. Los organismos de derechos humanos acusaron al comisario y exigieron sanciones. “Supongo que habrá sanciones administrativas graves”, reclamó Gustavo Palmieri, del CELS. Como respuesta, el gobernador Felipe Solá advirtió que las declaraciones de Cánepa “están bajo análisis”, aunque la única resolución al respecto fue enviarlo al freezer, o sea, cero de exposición pública, y de la jefatura de todas las comisarías en Trenque Lauquen.
Pero en junio de este año, el nombre de Cánepa volvió a la palestra cabalgando sobre el lomo de otro escándalo. Fue a partir de las denuncias del comisario Norberto Fiori, ex titular de la comisaría de Pacheco, dependiente de la Departamental de San Isidro. Fiori denunció la protección policial a los desarmaderos e informó sobre el mecanismo de cobranza negra de la Bonaerense. Señaló a Cánepa en una denuncia ante la Justicia como la persona a quien le entregaba la recaudación ilegal que oscilaba en unos “6 mil pesos mensuales”.
Fiori apuntó también sobre el ex jefe de la DDI de San Isidro, Aníbal Degastaldi, y contra el ex jefe de jefes, Alberto Sobrado. Dijo que los desarmaderos también pagaban peaje a la DDI de San Isidro y que era imposible ese funcionamiento sin la anuencia de la cumbre en La Plata.
El gobierno acusó a Fiori de “delincuente” y públicamente desestimó sus denuncias. Pero poco después las denuncias de Fiori demostraron cierto asidero: Sobrado pidió el retiro, empujado por la difusión pública de una cuenta de 330 mil dólares abierta en las Bahamas a su nombre.
Degastaldi y Cánepa fueron trasladados a la DDI de Quilmes y la Departamental de Trenque Lauquen, respectivamente. Página/12 ya informó que el traslado de ambos provocó un brusco descenso en el robo de automotores en San Isidro, según fuentes municipales. Este diario publicó que Asuntos Internos investigaba a Degastaldi y su presunta propiedad deuna cadena de restaurantes. Ayer, Cánepa siguió su camino: ambos fueron desplazados de sus cargos, pidieron unas vacaciones y quedaron bajo la sombra del “riguroso análisis”.