Silencioso y cauto, por las dudas, el gobierno de Felipe Solá inició un proceso de cambios en el organismo de la provincia que iguala a la Policía en su mala fama, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Primero nombró a un nuevo subsecretario de Política Penitenciaria, ex funcionario de la gestión de León Arslanian. Y ayer se anunció el de un nuevo jefe para el SPB, Néstor Félix Manzo. Se buscaba un hombre con carrera y consenso entre la tropa, que sea capaz de reemplazar sin que se produzcan remezones en estos tiempos que no están para más conflictos, al durísimo y poderoso Esteban Mazzante tras su gestión de ocho largos años. Pero el comienzo tuvo su traspié: una denuncia llegada al despacho de la diputada Graciela Podestá sobre un supuesto pasado torturador del nuevo jefe lo dejó al menos por dos días en suspenso. El secretario de Derechos Humanos, Jorge Taiana, decidió, por orden del gobernador, que la sospecha era tan seria como para que –mientras se investiga el pasado de Manzo– hoy a las diez asumiera al frente del SPB el hombre pensado como segundo: Juan Carlos Tapia.
La pregunta que el gobierno de Solá quiere contestar con certeza antes de nombrar oficialmente a Manzo en el cargo que deja Mazzante es si este Manzo es El Bicho Manzo, el mismo que figura en el legajo 6769 de la Conadep. Según la información de los organismos de Derechos Humanos hay dos ex represores con ese apellido, pero en los registros aparece escrito también con la letra “s”, como Manso. La diputada Podestá, presidenta de la Comisión de Seguridad, presentó ayer un pedido de informes en el que solicita ese dato y la confirmación de si este nuevo jefe es el que aparece en la Conadep como “quien se habría desempeñado cumpliendo tareas de enlace” entre el SPB, el Servicio Penitenciario Federal y el Regimiento Infantería Militar 7. Manzo habría sido, según los detalles que llegaron a la Comisión de Seguridad, uno de los represores que trabajó en la Unidad 9 de Olmos entre 1976 y 1978, para actuar paralelamente como represor en el centro clandestino de detención La Cacha.
El pedido de Podestá cayó como un plato difícil de digerir –uno de comida de penal– en el seno de la nueva administración bonaerense. Sobre todo porque la idea de Solá al nombrar a Marcelo Lapargo como reemplazante de Miguel Angel Plo en la Subsecretaría de Política Penitenciaria fue, según fuentes de la gobernación, “dar un giro de 180 grados” en la línea que convirtió a las cárceles bonaerenses en el infierno de los presos. “Estuvimos estudiando antecedentes y el denunciado en la Conadep sería otra persona y no él. Sin embargo la pauta que baja el secretario de Derechos Humanos, y el propio gobernador, es que se haga una resolución disponiendo que mañana (por hoy) asuma el nuevo segundo jefe”, le dijo anoche a Página/12 Lapargo desde su despacho en una de las torres de la Plaza Moreno. Por el momento, el funcionario no descarta que el nuevo número uno de la fuerza sea el mismo Manzo. “Cuando la información se verifique, resolveremos”, decidió Lapargo.
Este aparente mal paso inicial en la designación de Manzo es tomado por la Gobernación como una cuestión administrativa que se puede resolver con una decisión todavía a tiempo. Esto es: si se confirma que el nuevo jefe fue represor inmediatamente quedaría afuera de carrera. “Hay otros hombres capaces de asumir la responsabilidad para la que se lo había elegido”, dijo una fuente del Ministerio de Seguridad. A los nuevos hombres de Seguridad les parece extraño que en el tamiz por el que pasaron a los candidatos a reemplazar a Mazzante se les haya pasado un dato tan fuerte como un pasado torturador. Es que, según afirman, tuvieron mucho cuidado al elegir a quien sería clave para iniciar una serie de reformas en el Servicio Penitenciario destinadas a desarmar una máquina de corrupción interna que va desde el cobro por las salidas de presos hasta la venta de certificados, la muerte por encargo, la tortura, el maltrato y las celdas de castigo con encierros en condiciones inhumanas. “La nueva gestión –dijo ayer Lapargo– viene a trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y con la Defensa Pública en asegurar la efectiva vigencia de las garantías constitucionales, que es lo que cualquier gestión debería haber hecho.” Este diario le preguntó cuál puede ser el impacto de remover a Mazzante de su sillón eterno, si no será motivo para una resistencia al interior del SPB acostumbrado al laissez faire de las anteriores administraciones. Golpeando hacia atrás el funcionario –de licencia como fiscal adjunto de Casación y ex subsecretario de Policía Científica de León Arslanian– señaló: “Sacar a Mazzante espero que impacte no desestructurando nada porque no son tiempos para desestructurar y encarar reformas de fondo, sino para mantener la institución firme, de manera que si hay un cambio que sea efectivo necesita una herramienta de la política, que es el SPB funcionando y no desarticulado”. Ayer, paralelamente al pedido de informes que hizo, la diputada Podestá pasó un mal trago: en el contestador de su casa le dejaron una amenaza: “Señora, basta de denuncias o el domingo para el cumpleaños de su hijo le vamos a mandar fuegos artificiales”, escuchó, de alguien con información exacta y perfecta modulación.