En el marco de las medidas tendientes a mejorar la seguridad, el Senado le dio anoche la media sanción a un proyecto de ley que aumenta en un tercio las penas para los delitos cometidos por miembros de las fuerzas policiales. En el caso concreto del homicidio, por aplicación de la norma –que ahora debe ser tratada por la Cámara de Diputados–, los miembros de la policía podrán recibir la cadena perpetua “por abuso de su función o cargo” en lugar del máximo de 25 años que rige ahora. El agravante por tener un uniforme sería equiparado, en consecuencia, con los crímenes cometidos contra un familiar directo o con los cometidos “con ensañamiento o alevosía”. En los fundamentos se citan datos estadísticos que indican que el mayor porcentaje de policías presos en las cárceles federales corresponde a procesados o condenados por homicidio. Esto es lo opuesto a lo que ocurre con los presos comunes, que llegan a prisión, en su mayoría, por delitos menores como robo y hurto. En la misma sesión, el Senado convirtió en ley un proyecto que aumenta también en un tercio las penas contra los mayores que cometan delitos en los que participan a menores de edad.
El proyecto que establece que “la escala penal correspondiente al delito se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo” en los casos en que los mayores cometan delitos en los que hayan hecho participar a menores de 18 años, había recibido la media sanción de la cámara baja el 14 de agosto del año pasado y desde entonces dormía en un cajón esperando su tratamiento en el Senado. La aprobación llegó anoche luego de una reunión que mantuvieron, en el Congreso Nacional, el titular de la Cámara alta y vicepresidente en ejercicio, Daniel Scioli, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz. El proyecto fue convertido en ley cuando estaba a punto de caducar la media sanción de Diputados, ya que se estaba por cumplir un año calendario de esa sanción parcial.
El ministro Beliz, luego de su encuentro con Scioli, elogió “el ritmo y la sensibilidad” del Senado en lo que respecta al tratamiento de los temas relacionados con la seguridad. Scioli, tal vez para atenuar el impacto del proyecto que agrava las penas contra policías, y que también estaba demorado desde hace largos meses, aseguró que con esa ley “se busca por sobre todas las cosas rescatar al policía digno, al que trabaja día a día por ese orgullo que es llevar el uniforme policial y por eso hay que castigar con dureza aquellos que aprovechando ese uniforme cometen delitos”. El vicepresidente vinculó al proyecto “con un paquete de iniciativas que pusimos en marcha a principios de la gestión con la Ley Antisecuestros, la protección de testigos, el cambio del Código de Procedimientos en lo Penal, y con lo que va a tratar después en materia de control de armas y contra el abigeato” (robo de ganado).
El proyecto que incrementa las penas a los “malos policías”, según aclaró Scioli, fue impulsado tiempo atrás por el actual miembro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, y por la senadora Beatriz Halak (PJ-Córdoba), quien ayer renunció a su banca para dedicarse a la campaña política como candidata a la viceintendencia de la ciudad capital de su provincia. El proyecto, que ahora pasó a Diputados para su tratamiento, incorpora modificaciones a los artículos 80, 163 y 167 del Código Penal de la Nación, que establecen las penas para los casos de homicidio, delitos contra la propiedad y robo, los que se incrementarán en un tercio tanto en la pena mínima como en el monto máximo previstos hasta ahora.
En su texto original, el proyecto comprendía a los integrantes de “las fuerzas de seguridad”, lo que comprendería también a la Prefectura, la Gendarmería y el Servicio Penitenciario Federal. Anoche, el Senado lo limitó “a las fuerzas policiales”, pero ahora habrá que esperar lo que se decida durante el debate en la Cámara de Diputados. En los fundamentos del proyecto se precisó que “el homicidio es la principal causa de detenciónde miembros o ex miembros de las fuerzas de seguridad, contrariamente a lo que ocurre con los presos comunes”.
La información aportada por los legisladores precisa que “en el sistema federal (cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal), el 20 por ciento del total de los miembros de fuerzas de seguridad detenidos están presos por homicidio y el 18 por ciento por delitos contra la propiedad”. Mientras tanto, “en el resto de la población (carcelaria), la tendencia es inversa: el 40 por ciento está en la cárcel por robos y hurtos, y sólo el 12 por ciento por delitos contra las personas”. También se tuvo en cuenta que “no podemos condenar por la comisión de un mismo hecho, con igual dureza, a un ciudadano común que a un integrante de las instituciones de seguridad ya que el mismo, justamente, ocupa ese lugar para evitar la comisión de delitos”.
Los legisladores que impulsaron el proyecto puntualizaron en otro párrafo de los fundamentos: “Para que exista una adecuada convivencia social, debemos contar con fuerzas de seguridad creíbles y con miembros cuya conducta sea ejemplificadora para el resto de la población”. Por eso contraponen la necesidad de “rendir homenaje a quienes (...) cumplen su deber en forma correcta” con la decisión de castigar “más severamente a quienes realizan conductas totalmente contrarias a aquellas por las cuales fueron puestos en sus funciones”.