La Cámara del Crimen porteña dispuso el apartamiento del juez Eduardo Daffis Niklison del juzgado Nº 43 al que subrogaba. El juez había sido denunciado por su colega Mariano Bergés por prevaricato y abuso de autoridad al dejar en libertad a dos comisarios acusados de torturas. Según la denuncia de Bergés y la posterior declaración de la secretaria del 43, Adriana Galafassi, Daffis Niklison fue sensible a las presiones de al menos un miembro de la Cámara de Casación y de la cúpula de la Policía Federal. Los dos comisarios en cuestión son Carlos Pérez Roldán y Eduardo Curletto. En abril, Curletto fue detenido por orden de Bergés y Pérez Roldán desapareció del mapa. Pero en mayo, cuando Daffis Niklison retomó el turno en el mismo juzgado, cambió la calificación de torturas a apremios ilegales, con lo que Curletto fue excarcelado y Pérez Roldán dejó de ser prófugo.
El juzgado Nº 43, sobre el que había recaído la acusación de torturas, quedó vacante. Su titularidad era subrogada por diferentes magistrados de acuerdo a turnos preestipulados. Entre ellos, Bergés y Daffis Niklison. En realidad, Bergés no cuestionó la decisión de Daffis Niklison de considerar apremios ilegales en lugar de torturas. “Eso sería, en todo caso, una cuestión de criterios”, dijo a Página/12 una fuente judicial. Lo que llamó la atención fue que en julio del año pasado, Daffis Niklison había subrogado al 43 y, en esa ocasión, había considerado que no existían pruebas contra los dos policías. “Pero un año más tarde, y sin que se agregara ninguna prueba, el mismo juez consideró que los dos comisarios habían cometido apremios ilegales –sostuvo la misma fuente–. ¿Cómo se puede con las mismas pruebas sostener que alguien es inocente y culpable?”
Los jueces Carlos González y Alfredo Barbarosch, de la Cámara del Crimen porteña, citaron a Adriana Galafassi, secretaria del juzgado Nº 43, quien confirmó la denuncia de Bergés y deslizó que un camarista de la Casación porteña y un alto funcionario de la Federal intercedieron ante Daffis Niklison para mejorar la situación de Curletto y Pérez Roldán. Según fuentes judiciales, Curletto es íntimo amigo del jefe policial Roberto Giacomino.
Curletto y Pérez Roldán habían investigado el asalto a la transportadora de caudales Firme SA, ocurrido en diciembre del ‘96. El caso recayó en el juzgado de Pablo Bruno. Uno de los acusados, Carlos Trillo, custodio de Firme, denunció torturas y luego apareció colgado en su celda. Durante el juicio oral, el Tribunal Nº 9 comprobó las torturas e inició una investigación contra Bruno, Pérez Roldán (jefe de la comisaría 32, donde se realizaron las torturas) y Curletto (jefe de Robos y Hurtos, acusado de participar en las sesiones).
Del caso de torturas por el asalto a Firme, Bruno resultó sobreseído por el juez Marco Layús. En julio de 2002, Daffis Niklison consideró que no había pruebas contra los dos comisarios. Pero Bergés, al tomar su turno, dio por probadas las torturas y ordenó detener a los dos comisarios. Pérez Roldán fugó y Curletto marchó preso. A todo esto, la Cámara había decidido que Daffis Niklison subrogara el 43 en forma indefinida (es el único juez que tiene despacho en Comodoro Py, donde funciona el 43). Pero tras la denuncia de Bergés y la declaración de Galafassi, Daffis Niklison fue apartado de la causa y luego, de la suplencia indefinida del juzgado (para no exponer a la denunciante). Todos los empleados del 43 ya confirmaron ante la Cámara la denuncia de las presiones y la volubilidad del juez. Ahora, la instrucción derivará al Consejo de la Magistratura, que deberá analizar el futuro del magistrado presionable por un camarista y un jefe de federales.