Cuatro años después del inicio de la reforma policial y cuatro meses antes de que finalice su mandato, el gobernador mendocino, Roberto Iglesias, decretó la creación de una Dirección de Inteligencia Criminal, un órgano de espionaje formado por civiles y policías, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, con el fin de combatir el delito común. A pesar de que el organismo estará a cargo de un civil y deberá dar explicaciones a la Legislatura, su creación es “al menos polémica” para los defensores de derechos humanos.
“Es natural que este tema genere rechazos porque el recuerdo y los antecedentes son nefastos. Sabemos que tenemos que correr contra ese handicap negativo. Pero la inteligencia es una herramienta más del Estado que hay que utilizar. Y estamos convencidos de que hoy, con la reforma policial profundizada, están dadas las condiciones”, replicó el actual jefe de gabinete de la cartera de Justicia y quien será la única cara visible del nuevo departamento, Marcelo Japaz, al ser consultado por Página/12.
Según establece el flamante decreto, la Dirección de Inteligencia Criminal trabajará en la recolección de toda la información necesaria y útil en la prevención y la lucha contra el delito con el fin de organizar una base de datos. Según Japaz, “entre el 80 y el 90 por ciento de estos datos es información que circula y está disponible para todo el mundo, pero no es útil porque no está organizada”. El organismo trabajará en contacto con diversas áreas del gobierno provincial, entre ellas Rentas, Catastro, Trabajo y Desarrollo Social y también con el aporte de la AFIP, y la información que circula en Internet y en la prensa.
A pesar de que la reglamentación prohíbe expresamente “producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas o en cualquier esfera de acción”, su implementación generó rechazos en agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos. Así, Roberto Vélez, de la Coordinadora por la Vida y la Seguridad de las Personas, calificó la iniciativa como “potencialmente peligrosa ya que, aunque se establece que es para la lucha contra la delincuencia, buena parte de la policía mendocina resiste la transformación democrática y trabaja a desgano. Por eso es necesario un control parlamentario muy fuerte para que no se repita el espionaje ideológico al que estuvo acostumbrada, amparada o dirigida por el poder político”. Para evitar “ese handicap nefasto”, como lo calificó Japaz, el trabajo será expuesto una vez al año ante la Comisión Bicameral.
El fin de la base de datos es que sirva para localizar a delincuentes, descubrir el funcionamiento de bandas y prevenir su accionar, un tema crucial en la campaña por la elección a gobernador en la segunda provincia con el más alto índice de delitos de todo el país, detrás del Gran Buenos Aires. Por eso, desde la oposición, la medida es considerada “un anuncio más dentro del maratón de uno por día que está corriendo el Gobierno”, remarcó el diputado y ex candidato presidencial por el ARI Gustavo Gutiérrez.
Los nuevos espías mendocinos son hombres y mujeres entrenados por expertos de la Policía Federal que “ya están trabajando, pero que todavía son pocos en relación con lo necesario”, señaló Japaz. Según explicó la cantidad de personal, su identidad y lugar de trabajo se mantendrán en secreto; el acceso a la base de datos será restringido y su divulgación sin autorización, sancionada.

Producción: Paula Bistagnino.