Siete vendedores ambulantes fueron detenidos por la Policía Metropolitana tras un nuevo operativo de desalojo realizado en Once. Tras las detenciones, los trabajadores cortaron la avenida Pueyrredón, entre Corrientes y Rivadavia, en reclamo de la liberación de los detenidos. El embajador de Perú, por su parte, manifestó su preocupación por “las irregularidades” durante los desalojos, en los que se producen “reiterados episodios de discriminación” contra sus connacionales. Por la noche, los manteros volvieron a realizar el corte.

El operativo ordenado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño se realizó ayer a la mañana, y estuvo apoyado por efectivos de la Policía Metropolitana. Los agentes desalojaron a numerosos vendedores que estaban sobre la avenida Pueyrredón, entre Corrientes y Sarmiento.

Durante el procedimiento ocurrieron incidentes durante los que fueron detenidos siete manteros, acusados de “resistencia y atentado contra la autoridad”. Los trabajadores quedaron detenidos en la comisaría 15 de la Metropolitana. Los vendedores cortaron en forma inmediata la avenida Pueyrredón, entre Corrientes y Rivadavia, en protesta por las detenciones. El procedimiento fue similar al realizado semanas atrás en la “Recova” de la zona de Once, frente a la Plaza Miserere, donde fueron desalojados vendedores ambulantes senegaleses que tenían instalados allí sus puestos y que reclamaron luego por el secuestro de su mercadería.

El embajador de Perú, Marco Núñez Melgar, y la Asociación Civil de Derechos Humanos de ese país manifestaron su preocupación por “las irregularidades en los procedimientos de desalojo de trabajadores de venta ambulante efectuados en el barrio porteño de Once”. El embajador mantuvo una reunión con la titular de la Defensoría del Pueblo porteña, Alicia Pierini, para tratar el tema. En ella plantearon “los incomprensibles excesos en el uso de la fuerza del personal policial sobre los trabajadores informales, los allanamientos y la incautación de mercaderías y objetos de valor sin actas ni inventarios, la vejación a mujeres y atropello a familias enteras”.

El embajador expresó “su intranquilidad frente a los reiterados episodios de discriminación que viven sus connacionales y señaló la urgencia de llevar una solución a la comunidad peruana frente a la violencia, comprometiéndose en pedir una investigación y reclamos al respecto”. Asimismo, agregó que “hay pautas internacionales de derechos humanos que señalan cómo deben llevarse a cabo los operativos para que sean respetuosos de los derechos humanos”.

Tanto el embajador como la Asociación Civil de DD.HH. solicitaron el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para proteger a los ciudadanos de todas las nacionalidades que trabajan bajo la modalidad de vendedores informales.

Núñez Melgar y la Asociación destacaron que “no sólo se apoderan de la mercadería y de sus objetos personales, sino que además el personal de migraciones está ausente y los funcionarios de Espacio Público de la Ciudad los reprimen aun sin presencia policial ni orden judicial”.

Por su parte, Pierini manifestó que “los procedimientos se fundaron en transgresiones al orden contravencional, lo cual es diferente del delito penal y no ameritaba denominar como delincuentes a simples contraventores ni ejercer tales niveles de violencia ilegal”.

El miércoles pasado, la titular de la Defensoría del Pueblo porteña denunció ante la Justicia la violencia de la policía de Macri en los desalojos en Once. En su denuncia, Pierini sostiene que la política implementada por el gobierno porteño responde a “una concepción anacrónica del espacio público”. Además, la defensora señaló que los operativos “ponen de manifiesto una actuación desproporcionada si se considera el contexto en el que tienen lugar: una causa contravencional por venta ambulante”.