Si la primera purga en el Servicio Penitenciario Federal, el 5 de agosto pasado, tuvo la cara de una renovación dirigida desde el gobierno, la segunda viene de la mano de una investigación judicial y no es menos profunda que aquélla: el juez Alberto Baños ordenó la detención de 22 penitenciarios, la mayor parte en actividad. Ya fueron detenidos 18 (8 son altos jefes), entre ellos el director de la cárcel de Mendoza, el jefe de Seguridad Interna del penal de Misiones y nada menos que el subdirector de Asuntos Judiciales del SPF. Las acusaciones surgieron tras la investigación por el asalto al restaurante Dolli, ocurrido el 18 de julio del ‘98. Aquel caso reveló una trama de negocios y complicidades entre presos y autoridades penitenciarias, entre los que figuraban los permisos de salidas para realizar asaltos y repartir el botín con los guardias. La investigación transcurrió entre presos-testigos asesinados, otro que declaró haber sido encomendado por el SPF para matar a Baños, una bomba colocada en Tribunales y sobresaltos varios. Los 22 imputados pertenecían al plantel de Caseros cuando se cometió el asalto. Hoy, el juez tomará las primeras indagatorias.
Tras cinco años de investigación, Alberto Baños determinó la participación o complicidad de al menos 22 funcionarios del SPF en aquel momento de la cárcel de Caseros. Al ordenarse las detenciones, algunos ocupaban ya muy altos cargos en la estructura del servicio. El director del penal de Mendoza, el jefe de Seguridad Interna de la cárcel de Misiones y el subdirector de Asuntos Judiciales del Servicio Penitenciario Federal, fueron tres de los ocho altos jerarcas detenidos. De los 14 restantes, diez ya habían sido alojados en la Alcaidía de Tribunales, y 4 se mantenían como prófugos. La Justicia les imputa “robo agravado por el uso de arma, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y cohecho”.
La investigación se inició con el asalto al restaurante Dolli, durante el que fue asesinado el cabo de la Federal Rubén Juárez. Durante el juicio oral realizado en octubre de 2002, el Tribunal Oral 5 condenó a Christian “el Sapo” Franco a 20 años de cárcel por el homicidio de Juárez. El Sapo era guardiacárcel y con la condena pasó a registrar en las filas de los que debían negociar las salidas con sus ex colegas. El ladrón Alejandro Hebert Núñez fue condenado a ocho años por un robo cometido mientras se lo suponía encerrado en Caseros. El tribunal decidió además “que se comunique al director del SPF que está acreditada la salida de internos alojados en dicha institución para delinquir en connivencia con funcionarios de ese servicio”.
Núñez llegó al juicio no sólo como uno de los imputados sino, especialmente, como uno de los testigos de los truculentos negocios del SPF. En realidad, no fue el único preso que participó en el robo, pero sí fue el único que llegó vivo. Una cadena de asesinatos tras las rejas fueron intentando silenciar lo que finalmente se desató: las detenciones de altísimos funcionarios. En el robo, además de Núñez y Franco, participó Maximiliano Noguera. El Renault Clío blanco usado por la banda fue llevado a un lavadero que tenía videos de seguridad. La cinta fue entregada a la justicia y testigos del asalto reconocieron en ella a los delincuentes. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que, en realidad, los rostros se correspondían con internos del penal de Caseros. El 15 de octubre del mismo año, Baños allanó la cárcel. Cinco días más tarde, el SPF entregaba al juez un informe en el que negaba la posibilidad de que hubieran participado en el asalto. La lógica utilizada era de hierro: “Cómo van a participar en un delito si están en el penal y no cuentan con autorización de egreso”.
En una carta que llegó a Baños, en abril de 2000, Núñez dejó en claro que pagaba para salir del penal y que las autoridades se repartían el dinero y parte del botín. También denunciaba que el SPF encargaba a internos el homicidio de otros presos. Denunciaba que de las salidas pagasse encargaba el jefe de seguridad interna y el de requisa, apodado Maradona, y que el jefe del penal recibía parte del pago de su salida, valuada en 150 mil dólares, y parte de lo que recaudaba en el botín. Núñez también decía en su carta: “No sé si mañana estaré vivo”. Ahora lo aloja la Gendarmería.
Maximiliano Noguera, también participante del asalto con salidas compradas, no llegó a dar testimonio: el 4 de enero de 2000 fue asesinado en la cárcel de Caseros. Por su asesinato fue enjuiciado otro preso, Carlos Angel “Chabuca” Sánchez Tejada. El domingo pasado Página/12 reveló una conversación que había mantenido con Chabuca una semana antes del 10 de julio pasado. Tejada dijo a este diario que el crimen de Noguera había sido cometido por funcionarios del penal de Caseros. “A Noguera lo bajaron al pabellón 17 B y con él venía el ayudante de cuarta Ovejero, el subalcaide Juan Carlos Gómez y también Diego Díaz, mano derecha del director de Caseros, Sequeira.” Tejada no recibió condena por el crimen. Antes recibió 37 puñaladas. Además de Noguera y Tejada, Miguel Arribas (conocía los detalles del caso Dolli de boca de Noguera) murió en un supuesto intento de fuga, y Lucas Carrizo, que había sido testigo del asesinato de Tejada.
Ayer, mientras la Justicia buscaba a los cuatro prófugos, fuentes del Gobierno decían a este diario: “Las detenciones están en la misma línea que la renovación ordenada por el gobierno. Ya conocíamos los nombres de los 22 de la lista del juez Baños porque colaboramos con él proporcionando datos. Sabíamos que los iban a detener pero los mantuvimos en sus puestos para evitar las fugas”.