La marihuana legal producida en Uruguay empezará a distribuirse en farmacias a partir del segundo semestre de 2014, aseguró ayer el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada. En los próximos días, el organismo presentará la reglamentación de la ley que regula la producción, compra y venta del cannabis en ese país, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013.

La norma prevé que la reglamentación deberá articularse en un plazo máximo de cuatro meses. Sin embargo, explicó Calzada, el proceso de implementación de la ley “tendrá otros tiempos”, debido entre otros factores al “proceso biológico de la planta” de cannabis, que “no puede alterarse por la acción humana”.

“Para que la marihuana esté disponible en farmacias, primero hay que plantarla, cosecharla, secarla, empaquetarla y distribuirla”, argumentó el secretario de la JND, que anticipó que tal proceso no culminará antes del segundo semestre del año.

Los requisitos de los predios para cultivar marihuana y el software empleado para los registros de consumidores legales y la emisión de licencias para los cultivadores son algunos de los aspectos que concretará la reglamentación de la ley, según indicó.

Calzada realizó estas declaraciones a la prensa tras participar en la firma de un convenio entre la JND uruguaya y el Instituto Max Planck de Alemania para la investigación criminológica (MPI), un acuerdo que definió como “muy relevante desde el punto de vista académico”. El intercambio de información académica y científica ofrecida por las dos instituciones, la capacitación de recursos humanos, la cooperación técnica y la publicación de las evaluaciones forman parte del acuerdo alcanzado.

El director del MPI, Hans-Jürg Albrecht, elogió la política sobre el cannabis adoptada en Uruguay y la definió como “un paso adelante en los mecanismos de control de drogas” que va a ser “imitado por otros países en los próximos dos o tres años”. “No hay ninguna duda de que las políticas sobre drogas implementadas en los últimos cincuenta años han fracasado. Hay que mejorarlas y tratar de recurrir menos a la represión y al derecho penal”, señaló Albrecht. Destacó además que en Europa se están buscando mecanismos de control del cannabis “menos costosos a nivel económico y que generen un menor impacto en los sistemas carcelarios y penales”.

Albrecht criticó la Convención Unica sobre Estupefacientes establecida en 1961 a nivel internacional y la tildó de “muy estricta” y consideró que “deja poco espacio para experimentar con las políticas sobre drogas a nivel nacional”. Para Calzada, la ley uruguaya sobre la marihuana “supera la incongruencia jurídica que existía entre la habilitación para el consumo de esta droga, vigente en el país desde hace más de cuarenta años, y la inhabilitación legal para el acceso a la sustancia”. Además consideró que aportará “mejoras en la salud de la población y de los usuarios de esta droga en particular” y contribuirá a “desarticular los mercados ilícitos del cannabis”.

Uruguay se convirtió en diciembre pasado en el primer país en el mundo en aprobar una ley que regula el mercado del cannabis y sus derivados. La iniciativa, impulsada por el presidente José Mujica, busca enfrentar el narcotráfico y permite a los mayores de 18 años acceder a la droga mediante el autocultivo o clubes de consumidores o comprándola en farmacias, con límites y previo registro ante el Estado. Según se adelantó, Uruguay produciría marihuana mediante licencias a privados pero al comienzo, por una cuestión de seguridad, sería en invernáculos ubicados dentro de predios militares.