“Hay un ambiente ideológico en algunos sectores sociales acomodados que justifica que se libere el gatillo policial y se aplauda la supresión física de los menores.” Con un tono de preocupación y alarma que no suele ser habitual en su discurso público, el procurador general de la Suprema Corte Bonaerense, Eduardo Matías de la Cruz, llamó así ayer la atención “del Gobierno y de la sociedad” tras la publicación en Página/12 del informe que da cuenta de las relaciones entre el escuadrón de la muerte de Don Torcuato y el negocio de la seguridad privada. En una entrevista exclusiva con este diario, el procurador señaló como una de las causas de la eliminación de chicos ladrones precisamente al negocio de la seguridad. “Es muy fácil elegir chicos de 15 años para matarlos y demostrar que se es duro y se persigue el delito, mucho más fácil que combatir realmente a las bandas delictivas”, advirtió.
Ayer, Página/12 publicó el adelanto de un informe elaborado por un equipo de investigadores de la Procuración General sobre siete asesinatos de menores en supuestos enfrentamientos con la Policía Bonaerense en el, a estas alturas, sospechoso distrito judicial de San Isidro. El documento -que ya está en manos del ministro de Seguridad, Luis Genoud, y del gobernador Felipe Solá– señala por primera vez la relación existente entre el personal policial de la zona de Don Torcuato y Tigre con una empresa de seguridad privada manejada por el sargento Hugo Alberto Cáceres, una especie de ídolo de los vecinos que pagan por sentirse más seguros y el símbolo de la muerte para muchos menores en delito. El informe de la Procuración se detiene en cada uno de los casos ocurridos entre mayo del 2000 y el 30 de enero de este año, cuando Leandro García, de 16, fue ultimado de tres balazos por un policía que hacía seis meses había matado a Juan Salto, otro chico ladrón, en un supuesto fusilamiento. El crimen de “El Duende” Salto fue uno de los casos que más preocupó a los ministros de la Suprema Corte Bonaerense cuando emitieron la acordada en la que denunciaron la muerte de sesenta chicos en presuntos tiroteos.
–¿Cuáles fueron las conclusiones que usted como jefe de todos los fiscales de la provincia sacó al leer el informe?
–Lo primero es que lamentablemente no es que no me haya sorprendido demasiado, porque realmente había podido percibir que algo no funcionaba en todo esto. Y aunque aún se pueden sacar conclusiones, para mí queda claro que se ha hecho de la muerte un elemento de solución del delito. Hay todo un ambiente ideológico en algunos sectores sociales más acomodados en el que el hecho de que haya delito es considerado justificativo para que se libere el gatillo del responsable de cuidar el orden y se aplauda la supresión física de los menores.
–¿Usted considera que se mata a niños y adolescentes para conformar a ese sector social y por dinero?
–Debe quedar claro que el delito se lo combate con el peso de la ley, pero es inadmisible que por combatir el delito se generen delitos peores. El negocio de la seguridad se brinda, es rentable porque existe la inseguridad y es por eso que hay que ver quién fabrica la inseguridad.
Hay que ver si no hay un interés de mantener las condiciones de inseguridad para cobrar por cuidar a la gente. Para eso es muy fácil elegir chicos de 15 años para matarlos que combatir realmente a las bandas delictivas. Esto es muy cruel y me da pena, porque además los menores pueden ser delincuentes, pero son ellos los más recuperables. En este momento hay dos menores que podrían haber sido asesinados porque estaban amenazados (los hermanos R., acercados por este diario al programa de Protección de Testigos) que con sólo vivir dignamente, a raíz de que se les da casa, comida y educación a ellos y a su familia y están resocializados, vuelven a la escuela.
–¿Qué hay atrás del escuadrón de la muerte de Don Torcuato?
–Atrás están estas organizaciones de seguridad, los agentes de ese negocio en el que entiendo que es rentable fabricar inseguridad paravender lo contrario, y por eso el gobierno provincial debería tomar medidas y poner orden en las agencias que están fuera de control.
–A la Justicia también le cabe una responsabilidad fuerte en no investigar estas muertes.
–El problema es que lo que venimos notando es que en el fondo existe una actitud de que “esto está bien”, de que “algo habrán hecho”. Creen demasiado lo que les dice la policía. Cuando hay un homicidio, hay que actuar de inmediato y en general no se hizo. Iniciamos acciones sumariales después de la acordada de la Corte. Los inspectores están trabajando y es posible que haya sanciones.