El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, intervino ayer la Fundación Felices los Niños, después de que un miembro de esa Fundación denunciara que, aun desde el penal de Campana donde se encuentra detenido por abuso sexual, el cura Julio César Grassi desviaba las donaciones recibidas por Felices los Niños, gracias a gozar de condiciones extraordinarias en su privación de la libertad. Además, la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Florencia Piermarini, apartó de modo “preventivo” a Raúl Garnica, director de la Unidad Penal 41, donde se encuentra Grassi, y a donde el sacerdote supuestamente desviaba las donaciones. La medida se adoptó para “garantizar la transparencia de la investigación”. Por su parte, el abogado del joven abusado por Grassi anunció que pedirá a la Justicia “que cambien a Grassi de prisión y lo alojen en un pabellón de presos comunes”.

El desvío de donaciones fue denunciado ante la Justicia el viernes pasado por el director de Hogares de la Fundación, Juan Manuel Casolati. En la noche del domingo, se realizaron allanamientos en la fundación y en la quinta cercana a las instalaciones donde, de acuerdo con la denuncia, Grassi ordenaba ocultar gran parte de las donaciones, para evitar que fueran utilizadas por la entidad. La fundación, aseguró la presidenta del Comité Argentino de Seguimiento, Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn), Nora Schulman, “no tiene aval legal para funcionar, no tiene que haber ningún niño en ese lugar”, que además, dijo, fue denunciado “por el mismo Estado nacional y provincial en diciembre de 2013”. Schulman también señaló que, desde 2002, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) no deriva chicos a la entidad y que “la Secretaría de Niñez a nivel provincial no tiene al hogar como prestatario”.

Voceros del SPB confirmaron anoche que Piermarini ordenó el “apartamiento preventivo” de Garnica de la conducción de la Unidad 41 para proceder a la investigación. En su lugar, designó al jefe del complejo penitenciario Campana hasta que sea designado el nuevo responsable de la unidad penal en la que se encuentra alojado el cura, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual contra menores de edad bajo su guarda. Tras reunirse con Scioli, Piermarini se dirigió a la sede de la fundación, en Hurlin-gham, desde donde informó que se había reunido Garnica. “Se le remarcó si había alguna constancia de este tipo de donaciones. Está en un proceso de sumario en Asuntos Internos del Ministerio de Justicia. Queremos remarcar que la Unidad 41 es de máxima seguridad, para condenados y procesados de Campana. Vamos a corroborar estos extremos para saber si existieron privilegios”, dijo Piermarini, quien aclaró que a pesar de las imágenes grabadas con cámara oculta en la celda de Grassi, convertida en despacho, donde cuenta con televisor y teléfonos, la institución debe investigar. “Vamos a analizarlo con firmeza en la investigación, que será absolutamente exhaustiva y trasparente”, aseguró.

Luego de visitar la fundación junto con Piermarini y el subsecretario de Justicia bonaerense, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, explicó que, aunque la fundación “no tiene convenio con la provincia de Buenos Aires”, desde diciembre pasado trabajaba “un equipo interdisciplinario con Casolati con el objetivo de que los chicos estuvieran mejor”. En adelante, anunció, “buscaremos la forma de acompañar a los niños con las firmas de convenios que posibiliten que sigan funcionando”.