La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó a los presidentes de las cámaras de apelaciones de toda la provincia que cada tres meses deben revisar las condiciones de detención de los presos en las comisarías. La medida del máximo tribunal se enmarca en las reiteradas denuncias por torturas en cárceles y comisarías de la provincia. La semana pasada, el propio gobernador, Felipe Solá, admitió la existencia de torturas en territorio bonaerense.
“El acuerdo es el número 3.028, que amplía hacia las comisarías la obligación que desde hace cincuenta años tienen los presidentes de las 18 cámaras de apelación penales de la provincia de visitar las unidades carcelarias”, explicó una fuente judicial a Página/12.
Hace 20 días, varios miembros de la Corte se reunieron con representantes de Amnistía Internacional, una de las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos del mundo. “Evidentemente, su visita y sus denuncias, como las hechas por muchos otros organismos fueron factores determinantes para que tuviera lugar la medida”, confesó la misma fuente.
Aunque fue difundida recién ayer, la decisión judicial fue tomada el miércoles pasado: “Se prefirió informar primero al Ejecutivo para luego hacerla pública”, se explicó.
Los fundamentos de la medida están relacionados con “las sucesivas presentaciones que han formalizado magistrados y funcionarios del Ministerio Público sobre la situación de alojamiento que afrontan los detenidos en dependencias policiales”, que remiten a denuncias sobre malos tratos, hacinamiento y torturas. Además, las fuentes detallaron que, según lo dictaminado, en sus visitas a cárceles y comisarías “los jueces deberán entrevistarse con los detenidos y recorrer la totalidad de las instalaciones, para contemplar correctamente las condiciones en las que se encuentran las personas allí detenidas”.
La semana pasada, el defensor del Tribunal de Casación bonaerense, Mario Coriolano, había denunciado que desde marzo de 2000 hasta febrero último, se registró un total de 994 casos de tormentos en comisarías y unidades penales de la provincia. Los datos revelaban que sólo en las comisarías existieron 370 casos de torturas no denunciadas y otros 320 casos denunciados a los fiscales de turno.
El viernes último, Solá anunció la creación de un Programa Provincial contra la Tortura, que será diseñado y puesto en marcha por la Secretaría de Derechos Humanos para terminar con lo que llamó “una práctica terrible aún presente”.