Con la celebración de una audiencia pública, la elección del Defensor del Pueblo porteño entró ayer en la cuenta regresiva. Durante casi seis horas se escucharon las propuestas de los 31 candidatos al cargo y las impugnaciones que presentaron ciudadanos y organizaciones no gubernamentales a cada uno de ellos. Las críticas dividieron a los postulantes en dos bloques: los que hoy ocupan una banca en la Legislatura y participan de la elección, y los actuales defensores, que aspiran a permanecer en el cuerpo. Un tercer grupo está integrado por candidatos con menor exposición pública. La elección, prevista para el viernes 2 de octubre, no será fácil: requiere de la aprobación de los dos tercios de la Legislatura, cuarenta votos sobre un total de sesenta, en un cuerpo atomizado en una veintena de bloques.
La Legislatura debe elegir quién sucederá a Alicia Oliveira –quien renunció en junio para ocupar un cargo en Cancillería– y a los cuatro defensores adjuntos, cuyo mandato vence el 19 de noviembre. Esa fecha determina que sean estos diputados y no los que los reemplazarán el 10 de diciembre, los que elijan a los defensores.
La audiencia se inició a las 11.30 en el Salón San Martín de la Legislatura, colmado de público. En la entrada de la sala llamó la atención el stand que había instalado una de las candidatas, la diputada Alicia Pierini (PJ), con publicaciones y antecedentes propios. La ex secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Carlos Menem sonaba como una de las aspirantes más firmes a la Defensoría, pero también fue la más cuestionada a la hora de las impugnaciones: no sólo le facturaron su pasado menemista sino las objeciones que hizo al sancionarse en la ciudad la Ley de Salud Reproductiva.
Los mayores cuestionamientos apuntaron contra los diputados propuestos como candidatos: además de Pierini, figuran en esa condición Luis Peduto Pardo (ARI), Roque Bellomo (Frente Grande), Claudia Serio (UCR) y Atilio Alimena (Demócrata): les objetan su doble condición de electores y elegibles. El más duro con ellos fue su propio colega Abel Latendorf, quien los acusó de querer “reciclarse en la función pública”. Antes de la audiencia presentaron su renuncia las diputadas Marcela Larrosa (UCR) y Marta Talotti (electa por el Partido de la Ciudad).
Después de las impugnaciones, los diputados, cada uno a su turno, esgrimieron los argumentos en su defensa. Coincidieron en que la Ley 3, que establece el mecanismo de elección de los defensores, no les impide ser candidatos. Peduto Pardo, incluso, cuestionó que seis de las impugnaciones formuladas contra los diputados “fueron presentadas por empleados de planta del defensor adjunto Antonio Brailovsky”.
Brailovsky es candidato, lo mismo que sus colegas Gustavo Lesbegueris y Diana Maffía. Lesbegueris recibió el respaldo de Nora Cortiñas, el juez Leopoldo Schiffrin y medio centenar de entidades vecinales de la ciudad. Maffía, por su parte, exhibió su trayectoria en la defensa de los derechos de la mujer. Otro de los candidatos más firmes es el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino. Respaldado por entidades profesionales y ONG nacionales y del exterior, fue el único de los “notables” que no tuvo que afrontar impugnaciones.
Después de escuchar los cuestionamientos y las respuestas de los candidatos, la Junta de Etica y la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura deben expedirse sobre la validez o no de las candidaturas. Luego viene lo más difícil: el consenso para elegir al titular y los cuatro adjuntos.
“No me parece ilegítimo que un diputado pueda aspirar a ser Defensor del Pueblo, como tampoco me parece mal que los defensores adjuntos vengan acompañados por todas las personas que recibieron el apoyo de su gestión”, dijo en el cierre, intentando una línea de ecuanimidad, la diputadaJuliana Marino, integrante de la Junta de Etica. También se cuestionó que aparezcan ahora críticas a una ley sancionada hace cinco años.
El proceso deberá sortear la impugnación judicial de Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que cuestionan que los candidatos hayan sido propuestos por los propios diputados, sin fundamentación previa. Un juez de primera instancia rechazó la demanda, pero los abogados preparan una apelación.
“Si las ONG hubieran presentado candidatos, sería mucho más fácil para nosotros: no tendríamos que estar eligiendo entre nuestros pares”, admitió un legislador a este diario, ante el dilema de la inminente elección.