“Mundo droga” podría denominarse a la sociedad global que lidera Estados Unidos, a partir de los conceptos que dos de los más destacados especialistas del mundo desarrollaron para Página/12: un pilar de este mundo adicto sería la criminalización del consumo de sustancias prohibidas; este castigo, además de afectar a todos los consumidores, entorpece la recuperación de quienes padecen por el abuso de drogas. Pero sobre todo, en el mundo droga, perseguir a los consumidores permite sostener sucesivas “guerras contra la droga”, cuyas bajas son principalmente usuarios, pequeños proveedores y cultivadores, guerras que se planean y ejecutan desde el Norte contra el Sur. Por último, pero esto es lo esencial, todo ese despliegue encubriría la buscada impunidad de los grandes capitalistas de la droga: es que sacar a la luz su sucio dinero implicaría sacar a la luz capitales igualmente sucios que se usan para financiar campañas políticas o que están en manos de exportadores subfacturadores y de empresarios que evaden impuestos y fugan capitales. El hecho es que, pese a tantas guerras sin posguerra, los consumidores de sustancias prohibidas llegan a 200 millones en todo el mundo y “Brasil y la Argentina, que eran países de tránsito, se convirtieron en zonas de alto consumo”. Pero el especialista brasileño que señaló esto también sostiene que “Latinoamérica tiene la oportunidad histórica de generar un cambio”.
Desde 1979 que Walter Fanganiello Maierovitch, actual juez del Tribunal de Alzada Criminal del estado de San Pablo, investiga sobre drogas y sobre mafias. Su investigación sobre mafias le valió una condecoración del gobierno italiano. Por su especialización en adicciones, en 1999 el presidente brasileño Henrique Cardoso lo había designado secretario nacional Antidrogas, pero duró poco: “El proyecto inicial del presidente era descriminalizar el tema; por eso me había designado, pero poco después adhirió a las políticas de Estados Unidos”. Para colmo, Maierovitch descubrió que “los dos responsables del departamento de Drogas de la Policía Federal brasileña habían recibido dinero de la DEA (agencia antinarcóticos de Estados Unidos), supongo que para operaciones encubiertas, intercepciones telefónicas ilegales y ese tipo de cosas”.
Según Maierovitch, “América latina está presa de dos convenciones en las que Estados Unidos consiguió imponer su política sobre drogas a las Naciones Unidas: la de 1961 en Nueva York, y la de 1988 en Viena, que implican la criminalización del usuario y la militarización del combate contra la oferta de droga; subyace la idea de que los países consumidores, en el Norte, serían algo así como víctimas de los productores y elaboradores, en el Sur; desde que están en vigor, tanto la oferta como la demanda de drogas aumentaron: hoy se estima que hay 200 millones de usuarios de drogas ilícitas en el mundo; el lavado de dinero llega a 400.000 millones de dólares al año”.
“En Estados Unidos se aduce que decreció el consumo de cocaína pero -señaló Maierovitch– fue sólo porque, al igual que en Europa, la demanda se desplazó a las drogas sintéticas llamadas metanfetaminas, como el éxtasis, que resultan mucho más baratas porque se producen allí mismo. Mientras, en Latinoamérica, países que eran de tránsito como Brasil y Argentina se transformaron en países de elevado consumo. Entretanto, los usuarios pueden ser sometidos a procesos criminales, se les imponen tratamientos obligatorios y prisión efectiva en caso de ‘reincidencia’, todo de acuerdo con el programa de Estados Unidos.”
Laurent Laniel –coordinador de proyecto en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Interior de París– señaló que “la política preponderante es la mano dura para los pequeños actores y la mano leve para los que financian el narcotráfico. Porque meterse con el lavado de dinero es meterse con cosas como la financiación de campañas políticas a partir de fondos estatales, que recurren a mecanismos de lavado de dinero; también lavan dinero los exportadores que desfalcan al fisco mediante lasobrefacturación; los evasores de impuestos, los que fugan capitales. Por eso la lucha contra el lavado de dinero del narcotráfico siempre se frena en algún punto: llevaría a indagar sobre actores muy importantes en la política y en las finanzas”.
¿Y si se legalizara la droga? “Lo que podría pasar es imprevisible -contestó Laniel–: no se puede saber hasta qué punto la economía mundial depende de los capitales sucios, qué efecto tendría la desaparición de estos capitales. Hay que pensar que se crearía un agujero en el sistema financiero internacional. Por de pronto, el precio de la droga bajaría muchísimo: caerían también los ingresos de los campesinos de Perú, Colombia, Bolivia, habría inquietud social y esto traería problemas políticos a los gobiernos; es posible que la economía criminal funcione como un modo de control social.”
Entonces, ¿qué hacer? “Ni siquiera pedimos la despenalización del consumo: bastaría con descriminalizarlo, es decir, transformar la tenencia para uso personal de sustancias prohibidas en una infracción meramente administrativa, como estacionar el auto en un lugar prohibido”, contestó Maierovitch. Y se mostró optimista: “Latinoamérica, en un momento donde los liderazgos políticos asumieron mayor compromiso con los derechos humanos, tiene la oportunidad histórica de generar un cambio en el área de drogas. Lamentablemente, en Brasil, el gobierno de Lula mantiene la criminalización del consumo y la militarización auspiciadas por Estados Unidos, pero tengo la esperanza de que la Argentina pueda liderar un corte en esta situación”.
Ambos especialistas estuvieron en Buenos Aires para participar en la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que organizó la Fundación Intercambios y reunió a investigadores, funcionarios y legisladores.