A siete meses de la detención de Romina Tejerina, la joven jujeña de 19 años que había sido violada y mató a su bebé poco después de dar a luz, organizaciones de mujeres de todo el país realizaron ayer marchas, en Buenos Aires y en las ciudades jujeñas de San Salvador y San Pedro, para pedir por su libertad. Romina sigue detenida sin procesamiento y aún no recibió asistencia psicológica. Mientras, su familia sigue reclamando que “por lo menos llamen al violador a declarar”, ya que el hombre sigue viviendo medianera de por medio con los Tejerina.
“Romina no está bien. Tiene terribles momentos de angustia y desesperación porque no sabe qué va a pasar con su vida. Hace siete meses que todo está igual y ella soporta esa incertidumbre sin ningún tipo de asistencia profesional”, contó anoche a Página/12 Mirta Tejerina, hermana de la chica detenida. “Ella no está preparada para todo lo que le pueda pasar y cualquier pequeña cosa que le pasa a diario ella la convierte en un indicio de que va a volver a ser libre y se ilusiona con eso”, agregó.
Acompañada por unas 150 personas y junto a representantes de la Corriente Clasista y Combativa y de organizaciones de mujeres y derechos humanos, Mirta encabezó una marcha por las calles de San Pedro y luego se reunió con el juez que lleva la causa de su hermana, hasta ahora caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”. “La charla fue interesante porque le pudimos decir muchas cosas. El juez respondió que los tiempos de la Justicia son lentos y que la detención del violador se la tenemos que ir a pedir al fiscal de esa causa, que va por separado”, explicó Mirta.
Por su parte, la abogada defensora de Romina calificó el accionar de la Justicia jujeña como “inexplicable”. “No se puede explicar por qué Romina no está o bien sobreseída o bien procesada siete meses después de ser detenida. No se entiende por qué el examen mental obligatorio que se les hace a todos los detenidos se lo hizo un médico clínico y no un especialista. No se entiende cómo no se le brinda asistencia psicológica y no se explica cómo el violador sigue libre”, enumeró la abogada Mariana Vargas en diálogo con este diario. Según Vargas, la situación judicial de Romina podría resolverse en los próximos 15 días, cuando la Cámara Penal envíe al juez Argentino Juárez el expediente.
En paralelo a la marcha que en la mañana de ayer se realizó en las calles de San Pedro, varias organizaciones de mujeres se movilizaron en Buenos Aires hasta la Casa de Jujuy, ubicada en Santa Fe y Carlos Pellegrini, y presentaron dos cartas, una dirigida al gobernador de esa provincia, Eduardo Fellner, y otra al Superior Tribunal de Justicia, en las que exigen libertad y sobreseimiento de la joven, asistencia psicológica para ella y juicio y cárcel al violador. Encabezada por la diputada nacional María Elena Barbagelata, la delegación de mujeres integrada por Amas de Casa del País, ATEM 25 de Noviembre, Mujeres al Oeste y representantes de la Secretaría de Género de la CTA, se reunió con el representante del gobierno jujeño en Buenos Aires, Samuel Knaudt, quien se comprometió a dar una respuesta oficial para el jueves. “La chica está presa y el violador libre. Reclamamos que el gobierno provincial le preste especial atención a este caso de inmediato y a las pericias psiquiátricas que indican que Romina actuó bajo emoción violenta”, señaló Barbagelata.
Ayer se cumplieron siete meses desde la detención de Romina, en la localidad de San Pedro, por matar a su hija, concebida como producto de la violación. El parto había sido prematuro, tras siete meses durante los que la adolescente ocultó el embarazo mediante una faja y omitió denunciar a su vecino violador por vergüenza.