La Defensoría del Pueblo bonaerense, en colaboración con cuatro universidades nacionales, realizó un trabajo cualicuantitativo en cinco barrios pobres del conurbano que tienen un alto índice de homicidios dolosos, con el propósito de indagar entre los vecinos sobre las causas de esas situaciones de violencia. En el informe, que fue presentado ayer en la sede de la Universidad Nacional de La Plata, se afirma que “las percepciones recabadas ponen en evidencia que víctimas y victimarios pertenecen al mismo barrio, a la misma condición socio-económica y al mismo grupo etario: jóvenes y de bajos ingresos”. De la encuesta surge que “estos grupos de jóvenes de bajos ingresos son identificados como quienes más sufren la violencia (34,7 por ciento de las respuestas) y, a su vez, son los principales responsables de ejercer la violencia (40 por ciento)”, según las opiniones recabadas.

Las personas encuestadas “mayoritariamente circunscriben el ejercicio y el padecimiento de la violencia” al territorio en el que habitan, pero sin embargo, a pesar de esa percepción negativa, el 75,8 por ciento de las personas consideran a su barrio como “un buen lugar para vivir”. El relevamiento fue realizado en los barrios de Villa Elisa (La Plata), La Rana (San Martín), Ingeniero Budge y Villa Fiorito (Lomas de Zamora) y Dock Sud (Avellaneda). En relación con la presencia de las fuerzas de seguridad que actúan en esos lugares y su forma de intervención, la opinión mayoritaria es negativa, sobre todo entre los jóvenes.

El promedio de valoración negativa llega al 37,5 por ciento, con algunos picos muy altos, como el caso de Dock Sud, donde la valoración negativa de las fuerzas de seguridad alcanzó al 51,5 por ciento de los encuestados. La opinión generalizada es que las fuerzas policiales llegan siempre con el hecho consumado y nunca realizan una labor de prevención para evitar los casos de violencia.

El estudio se titula “Violencia y Homicidios Dolosos en la provincia de Buenos Aires. Perfiles socioeconómicos, experiencias y representaciones de habitantes de barrios con un alto índice de homicidios dolosos”. El trabajo se inició sobre la base del informe realizado, sobre datos de 2011 y 2012, por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. También se tuvo en cuenta el abordaje del Programa de Criminología de la Universidad Nacional de San Martín, dirigido por Raúl Zaffaroni, quien estuvo en la presentación y realizó una exposición sobre los niveles de violencia en América latina y el Caribe (ver aparte).

La Defensoría del Pueblo bonaerense trabajó en colaboración con las universidades nacionales de La Plata, San Martín, La Matanza y Avellaneda, cuyos rectores se hicieron presentes en la reunión. El objetivo del trabajo fue “analizar las percepciones sobre la violencia que tienen quienes habitan esos barrios”, como una manera de “problematizar las miras unívocas sobre la violencia” y tratar de profundizar en las causas de esas situaciones de violencia en los barrios pobres.

De la investigación surgió que “el entramado de violencias y vulneraciones de derechos tiene en el homicidio su manifestación más visible y trágica, aunque no la única”. Se señaló que las “condiciones sanitarias inadecuadas y la consolidación de economías de subsistencia” derivan en la presencia de “redes de narcotráfico” que “aparecen como formas de violencia en los imaginarios de los encuestados”.

Una de las conclusiones que surgen del análisis de la información es que “en torno de la idea de la violencia aparecen conceptos que remiten a elementos colectivos o estructurales” como “la falta de educación o el deficiente acceso a los derechos” que padecen los habitantes de esos barrios pobres. Esa situación es la que provoca la existencia de “robos y violencia física” entre los habitantes de un mismo barrio.

Si se discriminan los hechos denunciados habitualmente, “el robo es el que más denuncias posee, pero comparativamente al resto de los delitos tiene un alto nivel de casos no denunciados”. Sí, en cambio, se comprobó que “la totalidad de homicidios registrados fueron denunciados, lo que refuerza la idea de que es uno de los delitos con menor cifra negra”. Un dato importante es que “ninguna de las denuncias por violencia de género fue efectuada en una comisaría de la mujer”, dato que podría corresponderse con la desconfianza en las fuerzas de seguridad.

En general, en los hechos de violencia se afirma que los victimarios “son hombres”, pero surgió claro que “los victimarios no son identificados con una nacionalidad específica”. Por el contrario, “los extranjeros no son percibidos como problemáticos”, dado que aparecen mencionados sólo en el 5,9 por ciento de las respuestas. Es curioso, además, que “son las personas que no han sido víctimas de violencia las que identifican a la violencia con el robo, mientras que aquellos que han sido víctimas la asocian mayormente con las peleas y discusiones entre vecinos”.

Del análisis sobre el accionar en los barrios de las fuerzas de seguridad surgió que “gran parte de las personas encuestadas” consideraron que “el conflicto que concluyó en un homicidio podría haberse evitado”. Del mismo modo, un segmento igualmente abarcativo considera que lo ocurrido “podría haberse resuelto de otro modo”. Al señalar cómo se podría haber resuelto, la mayoría se inclinó por “diferentes formas de diálogo”, mientras que la intervención policial para evitar el desenlace fatal quedó “relegado al segundo lugar”.

Uno de los datos más significativos del estudio es que “las causas de los homicidios dolosos se relacionan con una multiplicidad de factores, que permiten poner en tela de juicio las interpretaciones que identifican de manera unívoca a los crímenes con los delitos contra la propiedad”. Se afirmó además, en el trabajo, que “la recurrencia de las representaciones que asocian los homicidios dolosos a los ajustes de cuenta, las venganzas, las peleas y discusiones, las cuestiones emocionales, entre otros, permite poner en cuestión las nociones que explican linealmente la violencia a través de la (situación de) pobreza”.