La Justicia citó a declarar como imputados por el delito de “violación de secretos y cohecho” a agentes del Departamento de Fotografía de la Policía Federal Argentina (PFA) y a periodistas, entre ellos el chimentero Luis Ventura, por la publicación de las fotografías de la modelo Jazmín de Grazia muerta en su departamento. El juez de instrucción Juan María Ramos Padilla ordenó doce indagatorias en la causa penal que tramita de oficio, y en cuyo marco fueron enviadas las citaciones para que los imputados declaren entre el próximo jueves 20 de noviembre y el 25 de marzo de 2015. Las imágenes del cuerpo de la modelo fueron publicadas por el diario Crónica el 10 de febrero de 2012, cinco días después de la muerte de De Grazia, y nunca habían llegado a formar parte del expediente.

En la causa también está imputado el hijo de Ventura, Carlos, fotógrafo de ese diario, que utilizó varias fotos del cadáver en la portada de su edición del viernes 10 de febrero, con el título “Pobre Jazmín. Así la encontraron muerta”. Las imágenes mostraban explícitamente el cuerpo de De Grazia sobre el piso y también detalles del baño en el que falleció, como un plato con polvo blanco, una birome y una tarjeta de crédito. De Grazia murió por “asfixia por inmersión” poco después de haber llamado por teléfono a su novio para avisarle que se sentía mal.

Las imágenes publicadas no habían llegado a formar parte del expediente, y por su filtración fueron pasados a disponibilidad, ese mismo 10 de febrero de 2012, el jefe y el encargado del laboratorio de fotografía de la Policía Científica. La investigación judicial incluyó un peritaje de entrecruzamientos telefónicos realizado por la Prefectura Nacional, a partir del cual el juez Ramos Padilla determinó llamadas entrantes y salientes entre al menos cinco efectivos de la División Fotografía de la PFA y varios periodistas del diario que finalmente publicó las fotos.

“Visto el resultado de las pericias de los teléfonos secuestrados y las explicaciones dadas por el prefecto Adolfo Aranda, como así también el resto de los elementos probatorios colectados, entiendo que existen elementos suficientes para formular convocatorias a prestar declaración indagatoria”, señaló Ramos Padilla, quien investiga lo sucedido como “violación de secretos y cohecho”, porque las fotos, además de haber sido sustraídas a la investigación, fueron vendidas a la editorial.

El abogado Máximo Petracchi, que representaba a De Grazia y ahora hace lo propio en nombre de su familia, explicó a este diario que los padres y los hermanos de la modelo y periodista no impulsan la causa penal, sino que tramita de oficio. “Al no ser querellante en esa causa, la familia no tiene posibilidad de solicitar medidas o conocer el expediente, porque sólo pueden conocerlo quienes son parte”, dijo Petracchi, quien adelantó que la familia De Grazia podría presentarse y solicitar ser reconocida como querellante.

En febrero de 2012, el juez Ramos Padilla secuestró 60 teléfonos celulares de efectivos de la PFA que podían haber tenido alguna relación con la filtración y venta de las fotos, además de los equipos de fotografía e impresión que procesaron esas imágenes. La decisión sobrevino luego de que el magistrado conversara sobre el caso con la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré, quien había pasado a disponibilidad a siete efectivos y suspendido a otros tres por lo sucedido.