Desde Rosario

Luego de casi dos meses de detención, ayer la jueza Roxana Bernardelli les dio prisión domiciliaria sin plazo a los dos jóvenes acusados por el homicidio de David Moreira, el muchacho de 18 años linchado en el barrio Azcuénaga, de Rosario, en marzo pasado. La magistrada rechazó el pedido del fiscal Florentino Malaponte sobre una nueva prórroga de la prisión preventiva y ordenó controles diarios para los acusados. En tanto, Malaponte busca modificar la calificación legal de los imputados de homicidio doblemente agravado a “homicidio en agresión”, lo que reduce la eventual pena de los acusados, aunque adelantó que reclamarán que sea de cumplimiento efectivo, ante la gravedad del caso. La controversia está en que el abogado querellante de la familia Moreira, Norberto Olivares, no estuvo de acuerdo con esa modificación, y ahora el fiscal regional, Jorge Baclini, deberá decidir sobre qué acusación será la que los lleve a juicio.

El 22 de marzo pasado, David Moreira junto a Isaías Ducca –condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso por robo– fueron acusados de haber protagonizado el robo de la cartera a una mujer que caminaba con su hijita en brazos, por Marcos Paz al 5400, mientras circulaban en una moto. En la huida, David fue interceptado por un grupo de gente que lo atacó a golpes hasta dejarlo semiinconsciente, tirado en el asfalto. La investigación dio cuenta de que la víctima fue arrastrada unos 50 metros y en ese trayecto le golpearon la cabeza con la puerta de un auto como parte de la feroz paliza. Malaponte sostiene que el ataque duró unos 15 minutos y lo que parece ser el último tramo quedó registrado en un video que se viralizó por aquellos días. David murió tres días después a causa de los traumatismos provocados.

La audiencia de ayer tuvo que ver con el vencimiento del plazo de la prisión preventiva. La primera se había decidido el 25 de septiembre y la prórroga se otorgó el 4 de noviembre, por 18 días más. Ayer, Malaponte solicitó extender una vez más la preventiva. Según dijo, se realizaron nuevas pruebas y restan otras por hacer, e hizo hincapié en escuchas telefónicas de ambos imputados con sus respectivas madres, que consideró “de vital importancia” y que “dan la pauta de que las personas detenidas hoy participaron de la agresión”. Según consideró, “hay elementos para aplicar una condena de cumplimiento efectivo, más allá de que el fiscal regional mantenga la calificación legal de la fiscalía”, en contraposición con la de la querella.

Por su parte, el defensor de Nahuel P., Jorge Bedouret, se opuso a esa medida y se quejó de que no se haya realizado una investigación del personal policial que intervino el día del hecho. En ese sentido consideró que el accionar “no ha sido procedente”.

En tanto, Germán Mahieu, abogado de Gerardo G., se adhirió a lo manifestado por su colega y remarcó que la rueda de reconocimiento de los imputados arrojó resultados negativos. Por lo tanto pidió la libertad de su cliente y como alternativa ofreció garantes.

Los imputados, de 27 y 28 años, fueron detenidos cinco meses después, y la fiscalía los acusó de homicidio doblemente calificado. En los allanamientos de los que resultaron detenidos los imputados, se secuestraron celulares y computadoras.

Además de las escuchas, a la fiscalía le quedan pendientes los resultados del peritaje informático a computadoras y el análisis a la vestimenta secuestrada en los domicilios requisados para determinar si hay rastros de sangre.

El homicidio de David conmocionó a muchos, pero también despertó un debate social acerca de la mal llamada justicia por mano propia. Su madre, Lorena Torres, se presentó como querellante en la causa, pero el dolor por la pérdida de su hijo hizo que decidiera irse de la ciudad. En su momento, la mujer aseguró que David tenía un trabajo y que dudaba de que hubiera intentado robarle a alguien, y agregó que, si así fuera, los vecinos del barrio Azcuénaga lo deberían haber “entregado a la policía, no matarlo”.