En España, la policía detuvo a tres sacerdotes y un laico acusados por abusos sexuales cometidos contra un joven cuando era menor y que, hace meses, denunció el caso mediante una carta al propio papa Francisco. Los tres religiosos forman parte del “clan de los Romanones”, definidos por la prensa católica española como “ultraconservadores de pensamiento, aunque con formas y prácticas muy modernas”; el laico es un docente de religión. Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado Nº 4 de Granada, que tomará declaración indagatoria a los sospechosos hoy o mañana. El juez todavía no dictó medidas sobre los restantes ocho acusados, siete sacerdotes y un laico, posibles encubridores de los abusos. A través de su abogado, el denunciante, Daniel, agradeció “al santo padre Francisco”, a “la Iglesia española” y “a la policía, fiscalía y al juzgado” por el apoyo a su denuncia. El ministro del Interior español, por su parte, aseguró que el Papa y la Conferencia Episcopal española fueron “beligerantes para que este caso saliera a la luz”. Sobre la causa rige secreto de sumario.

El denunciante es el mismo a quien, en agosto, el Papa llamó por teléfono para comunicarle que había leído la carta enviada al Vaticano en la que el joven, actualmente de 24 años, contó los abusos a los que fue sometido en la parroquia entre los 13 y los 18 años. En ese llamado, según contó el abogado del joven, el Pontífice le pidió perdón en nombre de la Iglesia. En octubre, con el apoyo papal hecho público, Daniel radicó la denuncia judicial en Granada, a cuyo arzobispado había enviado una carta similar, describiendo los abusos y nombrando a sus perpetradores.

En su adolescencia, Daniel era voluntario en las labores vinculadas con la Iglesia, por lo que era invitado con frecuencia a pasar temporadas en una de las residencias religiosas de Los Romanones, un clan propietario de 19 lujosos departamentos en distintas zonas de Granada, uno de ellos un dúplex en la playa. En ese lugar, el joven convivía con sacerdotes y laicos que colaboraban cercanamente con el grupo. En sus cartas, el joven contó que sufrió abusos reiterados.

En octubre, Daniel denunció los abusos ante la Justicia de Granada, y detalló los nombres de 10 sacerdotes y dos laicos, entre quienes se encuentran los detenidos ayer, luego de que el juez tomara al menos diez declaraciones testimoniales. Los cuatro detenidos están incomunicados y la causa, bajo secreto de sumario, tal como informó el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz. El funcionario, además, aseguró que el Papa y la Conferencia Episcopal española fueron “beligerantes para que este caso saliera a la luz y para erradicar del seno de la Iglesia estos comportamientos que a todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy grande”.

En nombre del denunciante Daniel, su abogado, Jorge Aguilera González, dio a conocer un comunicado que su cliente “decidió, por propia y exclusiva voluntad, informar por escrito al santo padre Francisco” sobre los abusos cometidos por sacerdotes y un seglar “de la archidiócesis de Granada, hechos conocidos por otros sacerdotes y algún integrante más del mismo grupo”. La denuncia fue realizada “sin ánimo de causar daño alguno a la Iglesia, a la que quiere profundamente (...) y también con el ánimo de evitar que se pudieran estar cometiendo con otras personas”. Daniel pidió que no fuera dado a conocer el texto de la carta enviada al Vaticano, por cuestiones de privacidad. Además, agradeció al Papa “su apoyo y afecto, ofrecerle su oración diaria por él”, a la Iglesia española “su voluntad decidida de atajar de plano hechos como los que por desgracia a él le ha tocado vivir, así como su colaboración con la Justicia ordinaria”, y a “la policía, fiscalía y al juzgado” por su trabajo.

Por su parte, el arzobispado de Granada, cuya inacción hasta que el Papa llamara a Daniel fue señalada por sectores de la prensa española, reiteró que colaborará con la Justicia y ayudará a las víctimas de abusos sexuales con un criterio de “tolerancia cero” hacia los abusadores. Días atrás, el arzobispado adelantó que dará “ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay”.