Estela Díaz (CTA de los Trabajadores)

Políticas públicas

Desde la Secretaría de Género de la CTA, en esta nueva fecha de conmemoración contra las violencias que sufren las mujeres en todos los ámbitos, queremos ratificar nuestro compromiso militante para lograr una vida libre de violencia.

En los últimos años se han producido avances significativos respecto de la visibilidad de la violencia de género, que impactaron en cambios legislativos. La sanción de la Ley 26.485 constituye un salto cualitativo en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, en especial por la inclusión explícita de la comprensión de la misma como violencia de género. Además de incorporar los diferentes tipos de violencia (psicológica, física, sexual, patrimonial, obstétrica y simbólica) y las diversas modalidades (familiar, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva y mediática). Sin embargo, los femicidios como forma extrema de la violencia de género se siguen acumulando en las crónicas mediáticas, sin que contemos todavía con las herramientas que nos den la certeza de estar construyendo la cuenta regresiva.

Con satisfacción en el último año, por iniciativa de la CTA y sindicatos afiliados, se ha logrado incorporar en varios convenios colectivos, especialmente el sector docente, la licencia especial por violencia de género, poniendo el acento en la protección de la fuente laboral de las trabajadoras. También se han realizado jornadas de sensibilización sobre violencia laboral, haciendo visible la violencia sufrida por las mujeres trabajadoras. Además de impulsar medidas que apuntan a reducir históricas brechas de desigualdad en el ámbito laboral, como es la reforma integral de la Ley de Contrato de Trabajo en los capítulos de licencias, para avanzar en las responsabilidades familiares compartidas y las políticas de cuidado. Entendiendo que promover la mayor autonomía de las mujeres y el acceso a un trabajo digno contribuye a la salida de las situaciones de violencia.

Achicar las brechas entre normativa vigente y prácticas institucionales y sociales cotidianas es un imperativo de esta hora. Por eso ratificamos en esta oportunidad una serie de acciones que consideramos fundamentales para avanzar en el camino de la erradicación de la violencia:

1. Plan Nacional Integral de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Tal cual establece la ley, este Plan debe tener alcance nacional y abordar todos los tipos y modalidades de la violencia. Es fundamental para su implementación la articulación interinstitucional e interjurisdiccional (Nación, provincias y municipios) y la elaboración de estadísticas nacionales.

2. Fondo permanente de financiamiento. El tema que estamos abordando no se resuelve con voluntarismo ni con declaraciones de buenas intenciones, requiere recursos presupuestarios que estén acordes con políticas de gran dimensión y alcance federal. Por esto es que consideramos fundamental contar con presupuesto específico destinado al cumplimiento pleno de la Ley de Violencia 26.485. Por esto proponemos la creación de un Fondo Permanente de Financiamiento para la atención de la violencia de género. Esto puede concretarse a través de una legislación específica o con otro mecanismo que permita contar con una partida autónoma y con mecanismos de seguimiento en su ejecución.

3. Creación de un sistema de asistencia y atención de las emergencias y situaciones de extremo riesgo. Esto es fundamental para prevenir y evitar los femicidios. Este deberá contar con varios dispositivos y con instrumentos idóneos de evaluación de riesgo y equipos de intervención.

4. Sanción del proyecto de inclusión en la Ley de Contrato de Trabajo de la licencia especial para las trabajadoras que sufren violencia de género, además de su incorporación en todas las provincias del país en el sector público (administración, educación, Justicia). Promovemos también la sanción de una ley nacional de violencia laboral que contemple prevención, sanción y mecanismos de atención de la violencia tanto en el ámbito público como privado, que la misma tenga perspectiva de género.

5. Implementar campañas permanentes de prevención, con la participación de las organizaciones sociales y sindicales, con diferente tipo de piezas para trabajar desde el territorio, además de medios masivos de comunicación. Trabajar sobre el tratamiento mediático de las violencias contra las mujeres es crucial para promover abordajes que contribuyan de modo cierto a la prevención.

6. La ilegalidad del aborto, que obliga a miles de mujeres a recurrir a la clandestinidad, es una forma de violencia hacia las mujeres, que además en la práctica refuerza las desigualdades sociales y constituye un grave problema de salud pública. La legalización y despenalización del aborto es una deuda que el Congreso nacional tiene con las mujeres de la Argentina.

La violencia contra las mujeres es un grave problema social, que supone la violación de un derecho humano fundamental. Vivir una vida libre de violencia es un requisito básico para la inclusión, la no discriminación y la igualdad. Juntas/os, con participación, con organización, con solidaridad y compromiso social podemos lograrlo.