El juez federal Jorge Ballestero comenzó ayer con las indagatorias en la causa penal contra Austral y la Fuerza Aérea Argentina iniciada en 1999 por familiares de las víctimas del accidente del avión DC-9 que hace casi seis cayó en Fray Bentos, en Uruguay, y en el que murieron 74 personas. Manuel Morán Casero, ex presidente de Austral y Aerolíneas Argentinas y el primer imputado que declaró en la causa, responsabilizó al vicepresidente y encargados del área técnica de la empresa.
“Estoy muy motivado y contento. Todo esto sirve para seguir luchando”, dijo a Página/12 Daniel Vázquez, esposo de Susana Inés Trotta, una de las cinco tripulantes que falleció junto a los 69 pasajeros del vuelo 2553 de Austral, que el 10 de octubre de 1997 cayó en Fray Bentos cuando volaba de Posadas hacia la capital.
Vázquez no presenció la audiencia en la que Ballestero indagó durante tres horas a Morán Casero, pero estuvo en la puerta del Juzgado Nº2 con María Elena Blanco Seco (viuda del piloto Jorge Cécere) y María Silvina Rumachella (hermana de Viviana, una de las auxiliares fallecidas). Los tres, junto a María Zugnoni y Eduardo Poggi, integran el grupo de familiares que acusa a Austral y a la Fuerza Aérea por el accidente del DC-9 32.
En la indagatoria, Morán Casero (actual director general de la empresa estatal de energía española Endesa) negó su responsabilidad en el accidente: “Dijo que ignoraba los detalles de cada vuelo y que ni siquiera sabía quiénes eran los pilotos. La información que dio fue muy limitada y señaló que, según sus conocimientos, los aviones estaban correctamente habilitados”, contó a este diario una fuente del juzgado.
El ex presidente de Aerolíneas y Austral (representado por Carlos Fontán Balestra, ex abogado de Carlos Menem) delegó además responsabilidades en el entonces vicepresidente de la compañía, Mario Sruber, y en los empleados del área de mantenimiento. Sruber será indagado mañana por el juez, y al igual que Morán integra la lista de 30 imputados (entre directivos de la empresa y funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, dependiente de la Fuerza Aérea) por el delito de “estrago culposo”, que prevé penas de uno a cuatro años de prisión.
La causa penal continúa a pesar de que la Corte Suprema de Justicia (que recibió el caso en 2001 y el mes pasado remitió el expediente a Ballestero) aún no se pronunció acerca de la competencia de la justicia argentina en la causa: los abogados de Austral sostienen que debe intervenir la justicia uruguaya debido a que el avión cayó en ese país.
La Junta Investigadora de Uruguay concluyó que el accidente ocurrió por un error de lectura del piloto: los fiscales del caso determinaron que ese error se debió a que el avión no tenía una alarma que indicase fallas en los calefactores de los tubos de Pitot y en la medición del velocímetro.
Producción: Gabriel Entin