Por el momento, el Boli Díaz, acusado de varios secuestros, se quedó en medio del juicio oral con abogado suplente. El titular, Gustavo Semorile, pasó del otro lado del mostrador, o sea, quedó detenido. En plena audiencia recibió un llamado en su celular, pidió permiso al tribunal, le dijo a su colega adjunta que “hubo un secuestro, hay un bebé, puede ser un desastre”. Y se retiró ante la sorpresa de los jueces, el fiscal, la adjunta y el propio Boli. Un rato después desembocaba en plena toma de rehenes, en el barrio Parque Alvear, de Tortuguitas, en una vivienda rodeada por decenas de uniformados dentro de la que dos asaltantes mantenían como rehenes a una mujer y su hijita de un año. Semorile se presentó para intentar negociar la entrega. Su capacidad persuasiva impresiona: al rato, desde dentro anunció que todo estaba solucionado. Entró la policía. Entró el fiscal. Y entró el dueño de casa, que contó el dinero y pegó el grito: “¡Acá falta plata!”. Buscaron, buscaron, buscaron, hasta que el fiscal llamó a Semorile, que en ese momento se iba silbando bajito. El sacapresos tenía en su poder 2500 pesos y trescientos dólares. Quedó detenido.
Semorile es lo que en la jerga tribunalicia se conoce como “boga sacapresos”. Por ley, todo acusado de delito debe contar con un defensor. Y allí está Semorile, como tantos otros. Podría decirse que el perfil de su clientela entra dentro de ciertos rangos jerárquicos, o bien relacionados con casos espectaculares, o bien con determinados conceptos de lo que es la justicia, o bien con capangas bien pesados dentro de la estructura del hampa. O bien homicidas. Nada de ladrones de gallinas.
Entre los primeros, fue defensor de Diego Guardo. Guardo, junto con José Palacios y José Martínez, tras un asalto en Luján en junio de 2000, fue perseguido hasta General Rodríguez. Guardo y Palacios entraron en una estación de servicio donde tomaron rehenes. El caso fue espectacular tanto por el recuerdo del caso Ramallo como porque un fotógrafo de un medio lujanense se ofreció a sacar a un rehén desmayado y fue capturado por los delincuentes. Durante el juicio, en diciembre de ese año, a Guardo le dieron 13 años.
Entre sus clientes capangas figura parte de la ex banda del Gordo Luis Valor. En diciembre de 2000, cuatro integrantes de esa banda fueron juzgados por fugar de Devoto. Entre ellos se encontraba Gabriel Chiavasco, defendido por Semorile. Y en julio de 2001, atendió a uno de los prófugos, Omar “Cacho” Alvarez, que recibió 18 años por el famoso asalto al blindado en La Reja.
Fue abogado también de Cara de Goma Gómez, conductor del taxi en el que fue asesinado el Vasco Lecuna, marido de Georgina Barbarossa. Pero, quizás, el más recordado de todos haya sido el del cabo Emir Champonois, condenado apenas a ocho años por el asesinato del músico Mariano Witis.
Precisamente ayer, Semorile se encontraba en pleno trámite de defensa del Boli Nicolás Díaz, acusado de un doble secuestro ocurrido en 2001, en el que se cobró un rescate de 200 mil pesos. La audiencia se llevaba en San Martín. Alrededor de las 10 de la mañana, Semorile atendió su celular, cortó y le dijo a su colega adjunta en todos sus casos, de nombre Victoria: “Es una toma de rehenes en Tortuguitas, hay un bebé adentro, voy para allá, puede ser un desastre”. “No sé nada más que eso, es un verdadero desastre”, dijo Victoria, más tarde, a Página/12, refiriéndose no a la toma de rehenes sino a la suerte de su colega. Lo cierto es que tras el comentario, y para sorpresa del tribunal, la parte acusadora, los testigos, el propio Boli y sus colegas de banquillo, Semorile pidió permiso y se retiró.
¿Hacia dónde partía con tanta urgencia? Hacia Tortuguitas. Más precisamente, hacia Blanco Encalada 3663, casi La Habana, en el barrio Parque Alvear, un barrio cerrado del partido de Malvinas Argentinas. Todos los días, entre nueve menos cuarto y nueve de la mañana, el dueño de casay empresario cerealero Gustavo Daniel San Marco, de 32 años, saca a pasear a sus dos perros. Ayer, a esa hora, apenas abrió la puerta fue amenazado por dos o tres hombres que lo metieron a la fuerza dentro de un Ford Escort gris que desapareció de escena. Otros dos, o tres, se introdujeron en la casa donde amenazaron a la esposa de San Marco, Liliana del Valle Coria, de 34, y su hija de un año. Minutos después, desde el Escort llamaron a Liliana para exigirle 3 mil pesos de rescate. Mientras tanto, los que estaban dentro de la casa empezaron a embalar electrodomésticos que colocaban en la furgoneta Mercedes Benz Sprinter de San Marco.
En algún momento, los de la casa llamaron a los del Escort para decirles que habían encontrado 10 mil pesos y dólares. “Lárguenlo”, dijeron, y San Marco fue liberado. Por error o impericia, no habían detectado el celular que llevaba en su bolsillo. San Marco llamó inmediatamente a su hermano, el hermano llamó a un vigilador privado y el vigilador privado llamó a la Bonaerense. En cuestión de minutos, la casa estaba rodeada por autos del Comando de Patrullas de San Martín, de la DDI y la Departamental de la misma localidad, y de la comisaría 4ª de Malvinas. No se sabe si por codicia, impericia o lentitud, los del embalaje estaban aún dentro y, rodeados, tomaron como rehenes a la señora y su hija.
Fue así que Semorile recibió el llamado. “Se investiga quién lo llamó, pero suponemos que conocía a los de la banda”, señaló una fuente judicial a este diario. Unos veinte minutos después se presentó en el lugar para ofrecerse como negociador en la entrega. Lo habilitaron y Semorile entró. Aún no se sabe en qué consistió la negociación, aunque los investigadores lo presumen. Lo cierto es que poco después, Semorile se asomó para decir que estaba todo arreglado, que los dos delincuentes (se sospecha que un tercero logró fugar) se entregarían y que los rehenes estaban en perfecto estado. De inmediato entraron los policías, dominaron la situación, los dos asaltantes fueron esposados y comenzó la recolección de evidencias. San Marco fue invitado a hacer el conteo del dinero y fue así que descubrió que faltaban 2500 pesos y dólares. Los policías revisaron todo sin encontrarlos. En ese momento, Semorile empezó a retirarse de escena con la vista clavada en la audiencia del Boli. No llegó a pasar el umbral cuando alguien, por orden del fiscal José Guozden, le preguntó: “Doctor, ¿lo podemos revisar?”. “Ah –respondió rápidamente Semorile metiendo la mano en su bolsillo–, esto me lo dieron ellos”, y entregó 2500 pesos y 300 dólares.
En el acto, Guozden ordenó su detención y, para desgracia del Boli, quedó incomunicado. “Los dos asaltantes están acusados de robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad –reveló la fuente judicial–. El fiscal estudia si a Semorile le corresponde la figura de partícipe y en qué grado”.