El informe de la situación judicial y policial de Santiago del Estero que entregaron ayer los secretarios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Pablo Lanusse y Eduardo Luis Duhalde, respectivamente, ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados es lapidario. La principal recomendación que realizaron los funcionarios es la intervención del Poder Judicial de esa provincia. Si bien esta sugerencia fue recibida por los legisladores de la oposición, los oficialistas prefirieron mirar hacia otro lado hasta tanto “llegue una señal clara y precisa del presidente” Néstor Kirchner. La posición del bloque del PJ es clara: ni siquiera se sentarán en las bancas mientras no medie un proyecto de intervención que cuente con la firma del jefe del Ejecutivo. Ayer, durante la reunión de la comisión parlamentaria, Olga Villalba, mamá de Patricia, una de las jóvenes asesinadas, fue contundente ante los legisladores. Con lágrimas en los ojos dijo: “Queda en sus conciencias la resolución de la situación que vive Santiago”. Duhalde, a su turno, aseguró que las violaciones a los derechos humanos que se cometen en esa provincia son “sistemáticas y continuas en el tiempo”.
Por ahora sólo la conciencia de los diputados del centroizquierda más un sector del radicalismo está comprometida con la decisión de sanear la Justicia santiagueña. El justicialismo se resiste. Si bien ahora se quedaron sin el argumento de que no contaban con el informe de la Secretaría de Derechos Humanos para rechazar la posible intervención, ahora plantean que sólo bajarán al recinto si hay un proyecto del Ejecutivo.
“Nadie levantará la mano para aprobar una intervención por más que sea una prerrogativa del Congreso”, se sinceró un integrante del bloque oficialista y agregó que “todos los diputados saben que los poderes judiciales de sus respectivas provincias tienen tantos o más problemas que el santiagueño y, por ello, nadie quiere terminar siendo responsable de un antecedente peligroso”.
De todas formas, hoy al mediodía, el bloque se reunirá para seguir debatiendo el tema. La oposición se esperanza con la posibilidad de que un sector de la bancada oficialista decida participar de la sesión especial convocada para las 14. Confían que los diputados más kirchneristas sean de la partida.
Las esperanzas las mantendrán hasta último momento, pero en casos tan espinosos como el de Santiago hasta los kirchneristas mirarán primero a la Rosada antes de tomar una decisión. Ellos son minoría dentro del PJ y, en todo caso, el que debería mandar una señal es el ex presidente Eduardo Duhalde, el hombre que controla buena parte del bloque.
De todas formas, ayer llegó por fin a la Cámara baja el informe de la comisión del Ministerio de Justicia que viajó a Santiago. Fueron 45 páginas con 19 anexos donde se detallan una serie de 700 denuncias que fueron recolectadas en aquella provincia.
El texto es contundente respecto de la denegación de justicia, abuso policial y persecución política. Los funcionarios no sólo recomiendan la intervención de la Justicia local sino también avanzar en la depuración de la policía provincial y hasta la creación de una fuerza de seguridad judicial integrada por efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería.
Ambos funcionarios del ministerio que conduce Gustavo Beliz propusieron que el futuro interventor eleve en un plazo de 30 días un informe al titular del Ejecutivo nacional. De allí debe surgir la duración que tendrá dicha intervención.
En cuanto a la posibilidad de intervenir, Lanusse fue categórico al sostener que “es competencia exclusivamente de los legisladores tomar una decisión de este tipo. Nosotros realizamos un trabajo donde queda demostrado que la Justicia santiagueña no es independiente del poderpolítico”. Afirmación que obviamente no se suficiente para los legisladores del PJ.
Así, la sesión de hoy –como la de la semana pasada– parece estar destinada al fracaso. La diputada del ARI y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Marcela Bordenave, consideró que “la situación en Santiago del Estero es gravísima y se necesitan medidas urgentes. Entonces, si los legisladores no asumen su responsabilidad, no tendremos una Nación digna como pregona el presidente Néstor Kirchner”.