Los directivos de OSBA, la obra social que atiende a trabajadores del Gobierno de la Ciudad, deberán permitir que sus afiliados cambien de prestadora: así lo dispuso un juez porteño que aceptó un pedido de amparo y consideró que la obra social, que atiende a 110 mil empleados municipales, “ha desafiado en forma abierta y reiterada las premisas jurídicas que la regulan” y no cumplió con la Ley de Desregulación que debía comenzar en enero.
El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, ordenó al directorio de OSBA que cumpla con el artículo 37 de la ley porteña 472 (sancionada en 2000), que establece que cada afiliado tiene el derecho de optar por su prestadora. OSBA debía adherirse al régimen del Sistema Integrado Nacional e inscribirse en la Superintendencia de Salud antes del 1º de enero: “A partir de esa fecha, sus afiliados podrán ejercer la libertad de elección de su obra social”, indica la ley.
“Tenemos un conjunto muy importante de casos donde se plantea una situación de cobertura insuficiente y falta de medicamentos”, dijo a Página/12 Gallardo, que en su sentencia del 31 de setiembre dispuso un plazo de 15 días para que el directorio cumpla con el fallo: “Si no lo hacen habrá un apercibimiento por cada día de mora y se los podría denunciar penalmente por el delito de desobediencia”, agregó el juez.
OSBA nuclea a médicos, maestros, profesionales de la salud y empleados de planta del gobierno porteño.