La Federal sigue internada en el coiffeur. Después de la escandalosa salida del ex jefe Roberto Giacomino y la designación en su reemplazo de Eduardo Prados y como segundo Daniel Caruso, ayer siete comisarios mayores fueron pasados a retiro. Todos dirigían superintendencias de mayor o menor peso y poder dentro del espectro policial. Fuentes oficiales descartaron que los desplazamientos tuvieran vinculación con el caso de las licitaciones familiares por el que fue despedido Giacomino. Las mismas fuentes aseguraron a Página/12, lacónicamente, que los recambios se produjeron por “mérito de los que los sucedieron o por demérito propio”. Pese a la desmentida, este diario pudo averiguar que, en algunos casos, el demérito propio estaba vinculado con haber encabezado algún área relacionada con el affaire de la familia informática, como por ejemplo la Dirección General de Sanidad Policial, aunque esos nombres no estuviesen incorporados a ninguna investigación judicial. En todos los casos, se trató de falta de confianza desde el poder político. Y sigue el peinado fino.
La destitución telefónica de Giacomino, la semana pasada, y la designación de Prados en su reemplazo, aunque previsible y anunciada sotto voce, trajo sus inevitables coletazos. Con Prados, Daniel Caruso ascendió en la escalera al segundo lugar de la Federal. Hasta diciembre, cuando se decidan los ascensos, Caruso seguirá siendo comisario mayor. En esa jerarquía es el de más antigüedad, pero al subir el peldaño quedó por encima de tres comisarios generales, Alberto Gandulfo, Jorge Alberto Bortolini y Domingo Martín Munizaga. Aquellos relevos fueron anunciados el martes pasado por el propio ministro Gustavo Beliz, durante la conferencia en la que anunció el recambio Giacomino-Prados. En esa oportunidad, Beliz se cuidó en aclarar que el relevo de Gandulfo, Bortolini y Munizaga no estaba relacionado con el caso Giacomino y sólo respondía a una cuestión de “escalafón”. En pocas palabras, en instituciones verticalistas como la policía, es imposible que un uniformado de menor jerarquía (Caruso, comisario mayor) diera órdenes a otro de más galones o mayor antigüedad (los tres comisarios generales).
Fuentes oficiales reconocieron a este diario que en las designaciones y remociones “la elección de unos y no de otros está vinculada con la confianza que genera o a la pérdida de confianza del desplazado”. Pero también a que no cumplió con lo que se esperaba de él, a problemas con los Derechos Humanos o a sospechas sobre alguna que otra mansión, velerito o pujante empresa. En el reemplazo de los tres comisarios generales, ya informados por este diario el miércoles pasado, se da una circunstancia particular: Gandulfo era titular de la Superintendencia de Administración; Bortolini, de la de Asuntos Internos; y Munizaga, de Personal e Instrucción. De una o de otra forma, por los tres pasó el expediente de la licitación directa y familiar que terminó volteando a Giacomino.
Pero si estos tres casos ya habían sido anunciados, también había sido anunciado que la haute coiffeure proseguiría. Y ayer fueron anunciados otros siete retiros, para el caso, de siete comisarios mayores: Oscar Roberto Giai, Carlos Enrique Loza, Marcelo León, Carlos Oscar Monza, Jorge Esteban Pepe, Angel Francisco Vázquez y Horacio Alberto Varela. Las fuentes oficiales insistieron en que las remociones no estaban relacionadas con ningún ilícito, pero aceptaron que “la confianza quedó depositada en quienes los sucedieron”, lo que es lo mismo que decir que pasaron a retiro por pérdida de confianza. Como en el caso de los tres comisarios generales, algunos casos resultan curiosos: Loza y León eran jefes de las direcciones de Sanidad Policial y de Secretaría General, y resulta imposible imaginar que desconocían el tramiterío de la licitación familiar.