Se abre un debate caliente. La controvertida elección del próximo defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recibió un freno judicial. La jueza porteña Patricia López Vergara hizo lugar a un amparo que cuestiona, entre otros puntos, la candidatura de legisladores porteños al cargo de defensor porque atenta contra el principio de igualdad jurídica. El amparo suspende la sesión del próximo jueves, donde se consagraría al nuevo ombudsman y obliga a la Legislatura a discutir el tema de fondo, es decir, las inhabilidades e incompatibilidades que deberán tenerse en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos.
A decir verdad, la jueza Vergara echó mano a un vericueto jurídico para encontrar el modo de frenar la conflictiva elección del ombudsman porteño. En los fundamentos de la resolución habla de “un vacío reglamentario” y pone la lupa sobre el artículo 81 del reglamento interno. “Invito a la Legislatura –dice– a proceder a reglamentar las incompatibilidades e inhabilidades que eventualmente pudieren afectar a los candidatos que a la vez fueran legisladores, a efectos de la votación para designar al funcionario que habrá de cumplir con las funciones de defensor del Pueblo.”
Este es uno de los aspectos clave del fallo porque la Constitución de la ciudad nada dice sobre este tema. No pone límites ni indicaciones sobre quiénes pueden presentarse como candidatos a la Defensoría. Las únicas condiciones son que sean aprobados primero por una comisión de la Legislatura y después por dos tercios de la Cámara.
En este contexto, la presentación de candidatos entre los mismos diputados puede ser ilegítima pero no ilegal. Este fue uno de los argumentos que usó el diputado Abel Alexis Latendorf hace cinco días cuando presentó un pedido de impugnación ante la jueza Vergara. “El proceso –dijo– es falto de ética e ilegítimo porque los candidatos se pueden votar como candidatos a sí mismos.”
Luego de revisar cada uno de los argumentos, la magistrada le dio parcialmente la razón. No impugnó el proceso pero le pasó la pelota a la Legislatura para que resuelva el vacío de la reglamentación, una cuestión de fondo que aún está pendiente. Hasta tanto no se resuelva ese aspecto, la elección está técnicamente suspendida: “Suspéndese –dice la resolución– la designación a llevarse a cabo en la sesión especial y pública fijada para el día 16 de octubre próximo, en la medida que los propios legisladores no hubieran dictado resolución sobre este punto”.
La decisión de la jueza parece vital para alentar otras medidas judiciales impulsadas por varias organizaciones intermedias, entre ellas, Poder Ciudadano y la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FAN), presidida por el constitucionalista Daniel Sabsay. Las dos presentaron un pedido de amparo que ya pasó dos veces por la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de la ciudad pero sigue sin resolverse.
El primer juez, Alfredo Augusto Kaersman, rechazó la presentación “in limine” porque consideró que las candidaturas no tienen impedimentos legales. El fallo fue apelado, la Cámara volvió a dárselo, pero Kaersman terminó excusándose. Con el segundo juez, Hugo Ricardo Zuleta, sucedió algo semejante: rechazó el amparo por las mismas razones, la Cámara ordenó nuevamente la revisión del dictamen, el fallo volvió al juez, pero las organizaciones pidieron su recusación. En este momento, el amparo está en manos de un tercer juez. Si la Legislatura apela la decisión de Vergara, el fallo pendiente sería el que impediría la sesión del jueves próximo.