Se sabe que la trata es un negocio millonario y que por ese motivo año tras año cientos de personas son cooptadas y obligadas a ofrecer sus cuerpos como máquinas de dinero. Se sabe además, por casos que de vez en cuando atraen la atención sobre este punto (Luciano Arruga, Iván Torres, Ismael Sosa), que la violencia institucional también suele borrar el rastro de personas y que existen cientos de otros motivos por los que alguien puede desaparecer de su casa. Pero, ¿cuántas personas están siendo buscadas actualmente en el país? ¿Cómo se registra la falta y cuáles son los mecanismos que se disparan para iniciar la búsqueda? ¿Existe un circuito de información eficiente que se articule a nivel nacional para hallar a la persona desaparecida? A estas preguntas intentó dar respuesta el documento “De-saparición en democracia. Informe acerca de la búsqueda de personas entre 1990 y 2013”, elaborado por la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Motorizados por la falta de números, por el desconocimiento de la magnitud real del fenómeno que intentan combatir –la trata de personas–, estas dos instituciones se lanzaron a bucear en las listas de desaparecidos de todo el país. Recibieron toneladas de información de algunas provincias, nada de otras, y con la mayor rigurosidad permitida por el desastre de los registros pudieron concluir que hoy en Argentina hay 6040 niñas, niños, adolescentes y adultos que están siendo buscados, desaparecidos por distintos motivos.

Los datos procesados arrojaron que, del total de personas desaparecidas, un 54 por ciento está constituido por mujeres, mientras que el 46 por ciento restante lo encarnan varones. Si bien la diferencia porcentual puede parecer poco significativa, el cruzamiento de los datos del sexo de las personas desaparecidas con las edades al momento de desaparecer agrega un aspecto interesante: en el caso de las mujeres se manifiesta un marcado pico de casos en la adolescencia (de los 12 a los 18 años), mientras que en los varones se distribuye de manera más pareja a lo largo de todas las edades, aunque también se observa un incremento de casos en la juventud. “De ello podría deducirse que, si bien para ambos sexos la adolescencia y la juventud representan un período de mayor vulnerabilidad en relación con las desapariciones, en las mujeres ese período resulta aún más crítico”, concluye el informe.

No hay una sola explicación sobre por qué las mujeres desaparecen tanto entre los 12 y los 18 años, pero si se tiene en cuenta que –según datos del Ministerio Público Fiscal– el 99 por ciento de las víctimas de trata sexual son mujeres jóvenes, éste puede resultar un dato sugerente.

Otro de los aspectos nodales del informe tiene que ver con la indagación en los déficit institucionales que evidencia el trabajo sobre la búsqueda de personas, los modos de registrar los casos y de gestionar esos registros. Según el documento, las listas de personas desaparecidas enviadas por las provincias “están muy lejos de ser un recurso útil y eficaz para utilizarlo en tiempo real en las búsquedas y disparar las alertas necesarias. Es un sistema manual, desprolijo y de actualización tardía”, señala. Los investigadores pudieron corroborar que no fueron informados oficialmente casos de los que tenían conocimiento previo por vías alternativas como Missing Children u otras organizaciones y, al mismo tiempo, pudieron dar cuenta a partir de llamados telefónicos o rápidas búsquedas en las redes sociales de unos cuantos casos en los que, a pesar de que la persona ya había sido hallada, la búsqueda seguía su curso. La desidia institucional se hizo incluso más evidente cuando los datos recibidos se cruzaron con bases de Migraciones y se detectó que personas que se encuentran con búsqueda de paradero activa cruzaron la frontera. En algunos casos, más de una vez.

Al ser consultado por este diario, Santiago Eyherabide, abogado de Protex, aseguró que “las personas que figuran como buscadas en una lista y pasaron la frontera no tenían una alerta migratoria”, y explicó que esto responde a dos motivos. Por un lado, señaló que las listas de personas buscadas incluyen casos muy diversos (desde desapariciones forzadas a fugas de institutos e incomparecencias), por lo que sólo en algunos interesa llevar adelante una investigación con hallazgo. En segundo lugar, explicó que hay medidas como la alerta migratoria que no “se instalan solas” y, por lo tanto, muchas veces se verifica una “falta de implementación de medidas”.

El informe insiste en la importancia de distinguir el subconjunto de desapariciones relacionadas con la comisión de un delito de las que no aparecen asociadas a un ilícito. De esta manera, si es posible vincular desde el principio la desaparición de una persona con un delito, se abre la intervención de instancias de la Justicia penal y la investigación con el objetivo de hallar a la persona coexiste con el objetivo de acreditar el hecho delictivo (ver aparte). La investigación confirma que hay casos en los que, pese a que tempranamente se manifiestan indicios de que la desaparición podría estar relacionada con una red de trata, se los ignora y retoma a modo de ejemplo el caso de Ramona Nicolasa Mercado, que desapareció en 2005 en La Rioja, cuando tenía 13 años. En contra de las sospechas de su familia, la causa fue caratulada rápidamente como “fuga de hogar”. Al poco tiempo fue vista en un prostíbulo de Córdoba.

“En la información que nos enviaron las provincias hay muy pocas denuncias directas sobre trata de personas, pero nos parece que por el perfil de las personas que están desapareciendo, que son sobre todo mujeres jóvenes, puede haber una parte que son víctimas de trata aunque no hayan sido denunciadas como tales”, agrega la arqueóloga Celeste Perosino, de ACCT, para explicar por qué sostienen que en los registros existe una “subrepresentación de los casos de trata”.

ACCT y la Protex consideran además que los datos requeridos por las instituciones que reciben las denuncias por desaparición son, en general, escuetos, confusos y poco útiles para la elaboración de una hipótesis y la puesta en marcha de la búsqueda. Como un primer aporte, los investigadores proponen un formulario estandarizado que recabe información más detallada sobre la persona desaparecida y su contexto, que sirva como insumo en la búsqueda e incluso posibilite el cotejo con NN (ver aparte).

La creación de un sistema centralizado de información sobre desapariciones a nivel nacional surge como otra necesidad fundamental tendiente a generar investigaciones más rigurosas y profesionales. “Sin dudas, la construcción de un sistema adecuado de listas, alertas y comunicación a nivel nacional es uno de los principales desafíos pendientes que refleja este informe”, concluye el documento.

El fiscal Marcelo Colombo, titular de Protex, afirma que dentro del panorama siempre oscuro de la trata de personas, Argentina presenta un dato alentador. Las 55 condenas logradas en 2014 por este delito la ubican dentro del 15 por ciento de países que logran más de 50 sentencias condenatorias anuales por trata, según datos de las Naciones Unidas. “Yo no quiero decir con esto que nosotros estemos recontra felices y contentos; hay que avanzar en muchísimas otras cosas, pero al menos da una pauta de cómo estamos ubicados a nivel mundial en relación con la respuesta judicial frente a la trata”, concluye Colombo.

Informe: Delfina Torres Cabreros.