SOCIEDAD
› SANCIONARIAN A LAS EMPRESAS POR NO CUMPLIR LA LEY
Una nueva batalla por el PCB
El gobierno bonaerense denunció a las distribuidoras de energía eléctrica por no presentar un plan para eliminar esa sustancia contaminante de sus transformadores. Las empresas contraatacan.
Los bifenilos policlorados, célebres por la sigla PCB, son el centro de una controversia legal entre las autoridades bonaerenses y las empresas de servicios eléctricos. La Subsecretaría de Política Ambiental de la provincia acusó a las distribuidoras de energía de violar el marco regulatorio que establecía que, antes del 20 de octubre, debían presentar proyectos para retirar esa peligrosa sustancia tóxica de los transformadores eléctricos, requisito que no cumplieron. Las compañías, por su parte, sostienen que la legislación nacional las ampara, pues les da plazo hasta el 2010.
De acuerdo con la resolución 1118 del Ejecutivo provincial, las empresas debían proyectar el retiro del PCB y presentar un plan de señalización de todos los transformadores que operan con esa sustancia. Jorge Etcharran, subsecretario de Política Ambiental de la provincia, prometió que “como autoridad de regulación competente”, el organismo que dirige “iniciará acciones para sancionar la conducta de las empresas”.
La normativa creaba un registro público de poseedores de PCB. Prohíbe la fabricación, la utilización y el ingreso de la sustancia al territorio provincial y establece además un cronograma sobre descontaminación que debía iniciarse el lunes último. “Estamos ante un grave incumplimiento. Pero nuestro deber es garantizar la salud de todos los bonaerenses”, ratificó el funcionario.
Sin embargo, voceros de las empresas Edesur y Edenor consultados por Página/12 consignaron que recurrieron la normativa ante la Justicia. Consideran que sus acciones se encuadran con el marco establecido por la ley nacional 25.670. Esta legislación fija el 31 de diciembre del 2010 como límite para el retiro del PCB de todos los transformadores del país. Aseguran que un decreto provincial no puede estar por encima de una norma promulgada por el Congreso de la Nación.
Pero Etcharran sostiene que la normativa vigente en el orden nacional permite que cada provincia establezca los plazos y presupuestos que considere más oportunos para el tratamiento del PCB. Por lo tanto, entiende que las empresas están en infracción. “Tenemos todos los instrumentos legales de nuestra parte y los haremos cumplir”, prometió.
El PCB es una sustancia que tiene efectos tóxicos en las personas. La Organización Mundial de la Salud lo incluyó en una lista con los doce agentes químicos más sucios que existen. Utilizado en cantidades muy altas, resulta altamente cancerígeno. Puede causar problemas en la pigmentación de la piel, caída de cabello, pérdida de peso, baja hemoglobina y trastornos en la fertilidad. Cuando entra en combustión genera dioxinas, las sustancias más contaminantes que existen.
Por su parte, el defensor ecológico de la ciudad de La Plata, Luis Patino, remarcó que en el interior de la provincia, las cooperativas eléctricas operan con este refrigerante sin que exista “prácticamente ningún control” por parte de los entes reguladores. “En La Plata hay 133 transformadores con PCB y nadie los retira. Una buena ley debiera permitir que los municipios actuaran como fiscalizadores”, estimó Patino.
Un proyecto que permitiría retirar esta sustancia de todos los transformadores de la provincia hacia fines del 2005 cuenta con media sanción del Senado bonaerense. Se espera que sea tratada en Diputados antes de que concluya el actual período de sesiones ordinarias. Se reemplazaría así el decreto 1118.
En abril del 2001 el gobierno argentino prohibió su utilización a las empresas de suministro eléctrico. Edenor y Edesur comenzaron a reemplazar los transformadores con PCB por tecnologías más modernas. En diciembre del 2010, Argentina debe ser un país libre de este refrigerante, según lo señala la ley.
Producción: Leonardo Castillo