“Tenemos que darte una mala noticia: no podemos llegar al juicio oral, así que vas a tener que retractarte; si no te vamos a hacer desaparecer.” La amenaza sonó en los oídos de Gabriel, nombre ficticio con el que se conoce a uno de los denunciantes del cura Julio Grassi, acusado de abuso sexual. No es la primera advertencia que recibe el chico –que hoy tiene 19 años– pero sí la más grave: según denunció el propio Gabriel, fue formulada por dos hombres que actuaron a cara descubierta, uno de ellos con una pistola, quienes lo retuvieron durante 45 minutos en plena calle, en un barrio poco poblado del partido de Luján. Según el fiscal de Cámara de Morón, Federico Nieva Woodgate, “ya son 14 los testigos en esta causa que fueron amenazados o intimidados”.
La amenaza a Gabriel ocurrió el viernes 10 de octubre –hace hoy dos semanas–, pero fue denunciada recién ayer a través de un escrito presentado por el abogado querellante en la causa, Juan Pablo Gallego. “El chico estaba muy atemorizado y fue necesaria la intervención de su terapeuta, el psicólogo Enrique Stola, para que pueda recuperarse. De todas formas, nunca se le pasó por la cabeza la idea de modificar su declaración y retirar los cargos que formuló contra Grassi”, dijo Gallego a Página/12.
El proceso contra el jefe espiritual de la Fundación Felices los Niños se encamina hacia el juicio oral de manera irreversible, pero una posible retractación, en ese momento, hubiera hecho ruido en la causa, que estaba en la Cámara de Apelaciones de Morón: un cambio de declaración hubiera restado una de las dos acusaciones que afronta el sacerdote o, al menos, lograría demorar la causa. Lejos de eso, el tribunal confirmó el 16 de octubre la elevación a juicio por abuso deshonesto y corrupción de los dos menores y agregó nuevos cargos: una denuncia por abuso contra otro chico y otra por amenazas.
La denuncia fue presentada ayer ante la fiscal de Morón Rita Bustamante. “Una vez que le tome declaración al menor, se adoptarán las medidas de protección que sean necesarias”, dijo a este diario el fiscal Nieva Woodgate. Gabriel no cuenta con ningún tipo de protección, pese a que en el último año ha sufrido varias intimidaciones. “Ha sido seguido por vehículos y ha recibido mensajes escritos en su casa. Pero ahora la cosa fue más grave”, relató Gallego.
El abogado contó que Gabriel fue abordado por dos hombres, el viernes 10 alrededor de las 18, cuando caminaba por una calle de un barrio despoblado de Luján. “Uno de ellos lo apuntó con una 9 milímetros y le dijo: ‘Tenemos que darte una mala noticia que vos sabés que te iba a llegar: no podemos arriesgarnos a llegar al juicio oral, así que vas a tener que retractarte. Si no, vos tampoco vas a llegar con vida’.”
Según contó el propio Gabriel a su abogado, el apriete duró 45 minutos. “Ponele un cuetazo y listo”, dijo uno de los matones, a lo que el otro respondió: “Dejá, que eso va a ser noticia, mejor lo hacemos desaparecer así todo queda en la nada”.
Los agresores le dieron a Gabriel algunos datos para demostrarle que siguen de cerca sus pasos: los lugares que frecuenta, el color de ropa que usa, la gente que lo suele acompañar. El chico se mantuvo en silencio y no hizo ni un gesto, por temor a que le dispararan. Antes de irse le dijeron que volverían a visitarlo “para que se retracte o para hacerlo desaparecer”, según el relato de Gallego.
Gabriel suele ir en bicicleta a su trabajo: hace arreglos menores y pintura en casas de familia, un empleo eventual con el que solventa los últimos años de la escuela secundaria. Ahora su abogado pedirá protección para el chico ante la justicia, pero también ante organismos de derechos humanos.
Aunque el juicio oral ya es un hecho, su realización no será inmediata. “Ahora hay que sortear el tribunal, luego hacer las audiencias preliminares e incorporar la prueba. No creo que las audiencias comiencen antes de fines de 2004 o principios de 2005”, estimó ante este diario Nieva Woodgate.
Para el fiscal, el trámite es irreversible y no puede alterarse siquiera por una posible retractación: “En ese caso, el tribunal evalúa cuál de las declaraciones se ajusta a la verdad, si la primera o la corregida”, explicó Nieva. El funcionario intentó llevar tranquilidad con un discurso práctico y sin vueltas: “Se trata de una amenaza muy torpe, dado que si matan al testigo, en el juicio se incorpora por lectura su primera declaración, que es la que incrimina a Grassi”.
La causa contra el cura se inició en 2000 con una denuncia anónima en los tribunales de Morón, pero recién tomó estado público hace una año, por una denuncia del programa “Telenoche Investiga”. El cura estuvo casi un mes detenido, pero luego la jueza Mónica López Osornio le concedió una “libertad restringida: no puede dormir en la Fundación ni estar con menores si no hay otro adulto presente”. Los delitos por los que está acusado prevén una pena de hasta 20 años de cárcel.