En un hecho inédito, el gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, conmutará considerablemente la pena de una joven de 22 años que fue condenada a 15 años de prisión por matar a su marido, un policía que la sometía a fuertes golpizas y vejaciones. La pena quedaría reducida a 6 años y le permitirá a Claudia Paola Sosa empezar a salir de la cárcel para trabajar en pocos meses. Organizaciones de mujeres y de derechos humanos de la provincia venían reclamando la revisión de la sentencia –tal como informó en junio Página/12– por “injusta” y al considerar que actuó en “legítima defensa”. “No se trata de propiciar la justicia por mano propia”, aclaró a este diario el subsecretario mendocino de Justicia, Roberto Grillo. “En este caso –agregó–, advertimos que la facultad del gobernador de conmutar penas puede servir para rectificar un excesivo rigor en una sentencia contra una mujer que fue violada y maltratada por más de un año, que hizo denuncias y nunca fue escuchada y que no tiene ningún antecedente penal”.
El gobernador radical se comprometió públicamente a analizar el caso cuatro días antes de las elecciones del domingo, en las que su candidato, Julio Cobos, resultó ganador. Y le encomendó a Grillo que se ocupara del tema. El subsecretario, incluso, visitó a la joven en el penal de mujeres de la ciudad de Mendoza donde está presa. “Analizaron el caso un grupo de profesionales del derecho penal”, destacó Grillo.
La Constitución de Mendoza faculta al mandatario provincial a indultar o conmutar penas. El decreto que beneficiará a Claudia podría firmarse la semana próxima. Según reveló el subsecretario, la intención del gobernador es reducir la condena, pero para efectivizar el trámite debe cumplir con una serie de pasos administrativos que están bastante avanzados: ya recibió los informes favorables del gabinete psicosocial de la cárcel, y del Organismo Técnico Criminológico, que depende de la Subsecretaría de Justicia. El expediente fue elevado el viernes al procurador de la Corte y a la Suprema Corte provincial para que emitieran su dictamen, aunque ninguno de los dos es vinculante.
“Este es un caso atípico. Normalmente las reducciones de penas se hacen gradualmente, son estímulos para la resocialización de los detenidos”, diferenció Grillo. En el caso de Claudia Sosa la conmutación sería abrupta: de 15 a 6 años. De esta forma, cuando el 1º de marzo de 2004 cumpla tres años de encierro, estará en condiciones de pedir el beneficio de salidas diarias para trabajar. “Y un año más tarde, al cumplir dos tercios de la pena, podrá acceder a la libertad condicional”, explicó el abogado Pablo Salinas, conocido militante por los derechos humanos de la provincia, quien se hizo cargo del caso un mes atrás junto con su colega Diego Lavado.
“Claudia y su familia están eufóricas”, describió a Página/12 Nora Llaver, de Las Juanas y las Otras, una de las organizaciones de mujeres mendocinas que impulsó la campaña por la libertad de la joven y que ayer visitó a la joven en la prisión. “Para nosotros es un logro enorme”, agregó.
La tragedia ocurrió en Luján de Cuyo, a 16 kilómetros de la capital mendocina. Claudia le disparó a su marido, Juan Eduardo Quiroga Núñez, el 1º de marzo de 2001, poco después de que él la tirara al piso, la pateara con los borceguíes puestos, le rompiera la ropa y la forzara a punta de pistola a tener relaciones sexuales. Lo mató con el arma reglamentaria de él, una Taurus 9 milímetros, la misma que Quiroga tantas veces le introdujo por la fuerza en la vagina. El se había acostado a dormir y había dejado la pistola cargada en la mesa de luz. En el juicio declaró que sólo quiso “asustarlo”, y el arma “se disparó”. Ella misma avisó a la Comisaría 11ª, donde su esposo trabajaba, que lo había matado.
Según relató ante los jueces, hacía más de un año que sufría golpizas y vejaciones. Las palizas comenzaron la misma noche de bodas. “Me golpeaba, me violaba y me amenazaba de muerte poniéndome el revólver en la cabeza e introduciéndome el caño del arma en la vagina”, contó la joven ante la Séptima Cámara en lo Criminal de Mendoza, que el 25 de noviembre de 2002 la condenó a 15 años de prisión.
“Lo paradójico de la sentencia es que los jueces consideraron como ‘circunstancias extraordinarias de atenuación’ el maltrato y las vejaciones con lo cual decidieron no aplicarle la pena máxima de 25 años, prevista para el ‘homicidio agravado por el vínculo’. Pero al mismo tiempo, en un contrasentido, le aplicaron el artículo 41 bis que considera agravante de la pena el uso de arma de fuego: algo ridículo, porque es inaplicable para el caso de un homicidio”, señaló Salinas. Este cómputo de la condena fue uno de los argumentos de los abogados para pedir la conmutación de la pena y fue tomado por el gobernador para fundamentar su decisión. Según explicó el subsecretario Grillo, también se tuvo en cuenta que según evaluaron los camaristas –y consta en la sentencia–, Claudia no es considerada peligrosa para la sociedad; había hecho una denuncia anterior por lesiones calificadas contra su esposo; intentó suicidarse a raíz de los malos tratos y la falta de respuesta policial –hizo cinco denuncias y sólo prosperó una–; fue derivada a un tratamiento psicológico que no pudo cumplir por el accionar violento de Quiroga; se acredita la violación en momentos antes de la muerte; y la víctima, según las pericias, era un psicópata.