La profesora acusada de integrar una banda dedicada al tráfico de pornografía infantil y su esposo, señalado como socio en la misma banda, se negaron a declarar y permanecen detenidos por orden de la Justicia Penal de La Plata. El fiscal penal Fernando Cartasegna, que investiga la causa, explicó que ninguno de los dos accedió a brindar declaración indagatoria y que, aun cuando el delito que se les imputa es excarcelable, no fueron liberados porque la Justicia considera que, de hacerlo, existen peligros procesales. El juez de Garantías Juan Pablo Masi entendió que “pueden entorpecer la investigación o burlar el accionar de la Justicia”, detalló el fiscal.

La Dirección General de Cultura y Educación provincial inició un proceso administrativo y suspendió preventivamente a la docente, que dictaba clases a adolescentes de entre 12 y 18 años en la Escuela Media Número 2 de Ensenada. La jefa de inspectores de la región, Maite Coradazzi, declaró que la noticia de los delitos cometidos por la mujer y su marido “sorprendió a sus colegas y a la comunidad educativa de la que ella participaba”. “La idea no es ni ocultar el hecho ni sobredimensionarlo, sino trabajar con las familias y los alumnos sobre la importancia y los peligros de las redes sociales”, señaló.

La pareja fue detenida el martes en su casa de Punta Lara, al tiempo que, en una vivienda de San Isidro, también apresaban a dos hombres, presuntos cómplices, que ayer por la tarde recuperaron la libertad.

Fuentes judiciales informaron que, en casa de la pareja, la policía secuestró tres notebooks, un Ipad, 150 CD y DVD, tres discos externos, dos computadoras de escritorio, dos vibradores, gel íntimo, una bolsa con juguetes sexuales y material gráfico con contenido erótico.

La investigación comenzó el año pasado, cuando la fundación norteamericana The National Center for Missing & Exploited Children detectó que, desde San Isidro y Ensenada, se intercambiaban fotos pornográficas que involucraban a menores de edad.

Tras dar intervención a la fiscalía penal platense, Cartasegna pidió la colaboración al área CiberCrimen de la policía bonaerense, que corroboró la ubicación de las IP (lo que permite localizar la ubicación física de la computadora) involucradas. De acuerdo con la investigación, la docente chateaba con dos hombres domiciliados en San Isidro e intercambiaba con ellos material pornográfico sobre menores de edad de entre 2 y 15 años.