El Reino Unido abrió una investigación sobre casos de pederastía en el que estuvieron implicados responsables políticos e instituciones públicas en los años 1980-1990. La investigación se inició después de que la prensa revelara la desaparición de 114 expedientes relacionados con acusaciones de agresiones sexuales a menores entre 1979 y 1999, una información confirmada por varios ministerios. Uno de esos expedientes vincula a varios diputados y personalidades políticas con una red de pederastia. La investigación se retrasó por la dimisión de las dos juezas anteriores, acusadas de conflicto de intereses. Elizabeth Butler-Sloss tuvo que renunciar porque su hermano, Michel Havers, fiscal general en los años 1980, fue acusado de impedir a un ex parlamentario que revelera acusaciones de agresiones sexuales. Para evitar nuevas acusaciones de complicidad, el Reino Unido nombró en febrero a la jueza neozelandesa Lowell Goddard para que dirigiera la investigación de forma independiente. “Es la investigación pública más importante y más ambiciosa de la historia de Inglaterra y de Gales”, declaró Lowell, que pidió a todas las víctimas que se dieran a conocer. La jueza, que reconoció que la tarea era “inmensa”, precisó que los primeros elementos de la investigación, que podría durar años, sugerían que “uno de cada 20 niños en Inglaterra y en Gales había sido agredido sexualmente”.