El 5 de diciembre de 2010, Sonia Garabedian, de 37 años, viajó a Catamarca para buscar a sus hijos de cuatro y nueve años, que habían sido llevados por su ex, Roberto Barros. Estaban alojados en la casa de la hermana del ex, esposa de un policía catamarqueño. Cuando Garabedian llegó, hubo una discusión, llamaron a la policía. Acudieron uniformados de la 10ª, se llevaron a Garabedian argumentando una supuesta averiguación de antecedentes. Siete días después, apareció su cuerpo, semidesnudo, en un campo. En aquel momento, el fiscal Ricardo Herrera sostuvo que había muerto por inanición. El 1º de junio pasado, dos días antes de la marcha de Ni una menos, el Equipo de Antropología Forense, que tomó el caso, dictaminó que Sonia Garabedian había muerto asfixiada por ahorcamiento. Lola Carrizo, madre de Sonia, aceptó la invitación a la marcha en Catamarca, donde reclamó justicia.

Lo que para el fiscal Herrera fue muerte por inanición tiene una historia de violencia de género por detrás, con todas las muletas que uniformados y Justicia le aportan para que siga existiendo.

Después de separarse, Barros se llevó a sus hijos desde la CABA hasta Catamarca, donde se alojó en lo de su hermana, mujer de un policía local. Allí acudió Garabedian a buscarlos y se enfrentó con toda la familia Barros, que terminó denunciándola a la policía. Uniformados de la 10ª llegaron al lugar y se llevaron a la “desconocida” por averiguación de antecedentes. Al día siguiente, el 6, un oficial la trasladó al hospital San Juan Bautista por orden de una asesora de Menores e incapaces para que la revisara una psicóloga que dictaminó en una sola vista “trastorno de personalidad”. Fue lo último que se supo de ella. Recién dos días más tarde, Barros presentó una denuncia de búsqueda de paradero. El celular de la mujer apareció en poder del ex marido, recién después de que Lola Carrizo le exigiera al fiscal que ordenara su secuestro. La última señal del celular lo localizaba en un campo contiguo a donde encontraron el cuerpo, el 12 de diciembre.

Según la primera autopsia del Cuerpo Interdisciplinario Forense, firmada por el médico Edgar Gallo Canciani, Sonia Garabedian había muerto por inanición. Cuatro años después, dos días antes de que se realizara la marcha de Ni una menos, el Equipo de Antropología Forense dictaminó que la muerte de la joven no había sido producida por causas naturales, sino que había sido ahorcada y la hipótesis que sostenía es que había ocurrido mediante un lazo.

Los forenses oficiales modificaron entonces la posición de la autopsia original y sacaron otro dictamen. El nuevo informe fue firmado por el médico Héctor Bulacio, también del Cuerpo Interdisciplinario Forense. En él, Bulacio aseguraba que Garabedian había fallecido por una causa que “no es posible determinar con exactitud”, pero sostuvo que se trató de una “muerte accidental”, disintiendo en parte con el primer informe, pero finalmente manteniendo una tesitura alejada del comprometedor dictamen del EAF.

La presencia de la madre de la víctima en la marcha de Ni una menos dio fuerza para difundir la denuncia de dos artesanas (ver nota principal), que a su vez dieron lugar a una cantidad de denuncias de violencia policial que se mantenían hasta ese momento silenciadas por el miedo.

Al mismo tiempo, los familiares de Diego Pachao, de 20 años y detenido en la comisaría 7ª de donde salió muerto en marzo de 2012, realizarán mañana una marcha en reclamo de justicia. “A mi hijo lo mataron por querer defender a un amigo”, denunció Claudia Véliz, madre del joven. La investigación está a cargo del fiscal Marcelo Sago, el mismo que investiga a las dos artesanas, Pamela Romero y Fabiana Orellano (ver nota principal), por atentado a la autoridad.

Después de las denuncias de las artesanas, las radios empezaron a recibir llamados de oyentes que relataban sus casos de violencia policial.