Es la punta del hilo que puede abrir el camino del infierno: el gobierno nacional sospecha de la existencia de campos con sepulturas clandestinas en la provincia. Las sospechas no son nuevas, pero ayer quedaron formalizadas en la denuncia presentada contra el ex comisario Musa Azar por crímenes de lesa humanidad. El subsecretario de Derechos Humanos de Nación, Eduardo Luis Duhalde, trasladó hasta Santiago del Estero las pruebas contra el ex jefe del aparato de inteligencia del juarismo. Presentó los papeles ante el fuero federal de la provincia, pidió que se investigara en dos de sus fincas, anunció la intervención del Equipo de Antropología Forense en los análisis de los huesos encontrados y pidió además que se requisaran 40 mil expedientes de la Secretaría de Informaciones de la provincia.
Duhalde se presentó como debe: como enviado directo del presidente Néstor Kirchner. Desde ese lugar presentó ante la sociedad santiagueña la denuncia que ya había anunciado el viernes pasado en Buenos Aires. “He venido con un cometido puntual y preciso –dijo–: aportar las constancias que existen en la Conadep en relación a los delitos de terrorismo de Estado sobre Musa Azar”. Con esa guía delante, el subsecretario les puso un freno a las especulaciones que estaban dando vueltas: la intervención federal, las denuncias contra el Poder Judicial provincial y la decisión del Gobierno de extender las responsabilidades imputadas a Musa Azar hacia algunas otras esferas del poder político santiagueño. “Los hechos denunciados corresponden sólo al período que abarca desde 1976 a 1983 –aclaró–: las actividades posteriores que no tienen que ver con esos crímenes no son objeto de estas denuncias.”
Aun así, nadie sabe hasta dónde llegará esta nueva causa. “Como en todos los crímenes, en este caso también existe la figura de autores, partícipes necesarios y complicidades”, dijo antes de recordar, durante una conferencia de prensa, el argumento jurídico contra los jefes de la dictadura militar. “En ese momento no sólo se juzgó a los autores que los produjeron –dijo Duhalde– sino a los organizadores de los crímenes.”
Ahora el juez federal Angel de Jesús Toledo deberá avanzar sobre esa vía. La causa contra Musa Azar compila 29 casos denunciados ante la Conadep desde el ‘83 en adelante. Además de las denuncias por desapariciones, torturas, allanamientos ilegales y detenciones, la subsecretaría pidió una serie de medidas que están vinculadas con los datos que fueron apareciendo durante los últimos meses, en particular aquellos sobre centros de inhumaciones clandestinas.
Esa hipótesis comenzó a escucharse más fuerte hace diez días, con la investigación del caso de La Dársena. Los peritos encontraron restos humanos en una finca ubicada a 30 kilómetros de Santiago. Para el gobierno nacional, aquellos restos podrían ser de alguno de los 130 desaparecidos por razones políticas de Santiago. Por eso, la finca donde Musa Azar construyó su reserva ecológica de siete hectáreas con más de mil especies de animales ahora se trasformará en un campo de inspección. Duhalde le pidió al juzgado federal y a la jueza del caso de La Dársena una medida de “no innovar” para evitar, dijo, “que puedan desaparecer los restos óseos humanos encontrados”. En ese sentido, también pidió la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, especialista en análisis de huesos humanos.
Pero las sospechas sobre los campos que podrían conservar restos de desaparecidos no terminó ahí. Con datos del juzgado de La Banda pero además a partir de otras informaciones que recibieron los asesores de la subsecretaría durante estos días, Duhalde pidió un relevamiento de las propiedades del ex comisario y mencionó una de Isla Verde, una localidad ubicada a 130 kilómetros de la capital. Esa finca fue inspeccionada haceuna semana por la jueza María del Carmen Bravo, en busca de derivaciones del caso de La Dársena. “Tenemos presunciones de que existen otros campos de enterramiento clandestinos”, indicó Duhalde sobre ese tema.
La máquina represiva montada por el juarismo en el ‘74 y sostenida durante la dictadura por quien era el jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de Santiago todavía conserva buena parte de su historia en documentos reservados. Durante los últimos días, las agrupaciones de derechos humanos de la provincia denunciaron la existencia de unos 40 mil expedientes que están en manos de la Secretaría de Informaciones, el área que manejaba Musa Azar hasta hace cinco meses.