El gobierno nacional decidió ayer por decreto que el Ministerio de Planificación Federal sea el “sujeto expropiante” del edificio de la Confitería del Molino. Así se completan los complicados pasos legales para que la famosa creación del arquitecto italiano Francesco Gianotti sea expropiada por el Ejecutivo y pase a ser propiedad del Congreso Nacional. Por la ley 27.009, el edificio será destinado a un museo de sitio y centro cultural, y la confitería será reabierta con un concesionario privado.

El edificio de la Confitería del Molino, en la esquina de Callao y Rivadavia, aloja desde 1916 la famosa panadería, salón de fiestas y café, y varios departamentos que se alquilaban. El emprendimiento del italiano Gaetano Brenna fue hace un siglo un verdadero alarde tecnológico con su cúpula de hormigón premoldeado y su sistema de iluminación externo, estrenado para el centenario de la Independencia, cuando los interiores ni estaban terminados. El diseño y la dirección de obra fueron de su compatriota Palanti, autor entre otros grandes edificios de las Galerías Güemes, en su momento un rascacielos asombroso.

Pero el Molino cerró sus puertas hace casi veinte años, luego de otros tantos de escaso o nulo mantenimiento, que lo llevaron a un muy avanzado estado de deterioro. Hoy, pese a que unos pocos departamentos siguen teniendo inquilinos, el edificio no tiene agua ni gas, y las únicas fuentes de luz son cables tirados por las escaleras desde una caja en la planta baja. La confitería está cerrada a candado y recibe una limpieza regular y nada más, y se sabe que el tercer subsuelo se inundó hace años por una napa surgiente. El exterior del edificio ya es un peligro para los que pasen por la vereda, con apenas una tela ya muy rota que envuelve la célebre marquesina de la confitería, una pieza muy bella de hierro y vitrales. Los dueños no sólo no hicieron ningún mantenimiento del exterior, sino que se negaron a permitir que lo hiciera el Congreso.

La expropiación fue transformada en ley a fines del año pasado, por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que retomó un proyecto del ex senador Samuel Cabanchik con media sanción del Senado. Domínguez –que está terminando la restauración del Palacio del Congreso– impulsó el proyecto por comisiones y logró que se aprobara por unanimidad. Como recordó ayer el decreto 2016, en el trámite que siguió a la aprobación legislativa intervinieron la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la dirección general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Planificación Federal.

Lo que ordenó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es que se dé por terminado el trámite y el ministerio que preside Julio De Vido le pase el trámite al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que ponga un precio. Este Tribunal fija un tope a pagar y tiene un historial de sorprender gratamente a los privados cuyas propiedades de todo tipo, muebles o inmuebles, tasa judicialmente. En el caso del Molino, el tribunal se encontrará con una actitud muy cerrada de los dueños, que cuando fueron invitados a facilitar el trámite hasta hablaron de “sólo por carta documento” o “con la fuerza pública”.

Al mismo tiempo, la Presidenta ordena que la Jefatura de Gabinete realice las “adecuaciones presupuestarias” para tener disponibles los fondos para la expropiación y luego las obras de restauración. La escala del edificio, de miles de metros cuadrados de superficie, y su crítico estado hacen que se planifique una obra de al menos cinco años. Esta obra fue encargada por la Comisión Administradora del Edificio del Molino conformada por el Senado y la Cámara de Diputados, a la Comisión para el Estudio, Proyecto y Ejecución de Tareas de Restauración y Recuperación Edilicea del Palacio del Congreso, más conocido como PRIE. Este grupo no sólo está terminando la mayor restauración de los interiores de ese edificio –y tal vez la mayor jamás encarada en el país– sino que logró reunir un equipo de 120 restauradores ya entrenados y equipados para esta tarea. El PRIE va a restaurar el Molino usando el mismo equipo (ver aparte).

El segundo artículo del decreto firmado por la Presidenta deja abierta la puerta a una intervención más inmediata, para prevenir males mayores. El texto dice que “Otórgase, hasta tanto se complete el procedimiento expropiatorio, el uso del inmueble referido en el artículo 1, a la Comisión Administradora del Edificio del Molino”. Esto puede, potencialmente, permitir que el Congreso Nacional finalmente pueda apuntalar la marquesina como corresponde a las reglas del arte e instalar un mínimo de andamiaje y barreras para evitar que un desprendimiento pueda golpear a un transeúnte. Que es algo que deberían haber hecho hace años los dueños del edificio.