Después de pelear como una final cada coma de la acusación, en algunos casos apelando a chicanas e incluso a maniobras declaradas ilegales por la Justicia, los defensores del sacerdote Julio César Grassi desistieron de llevar sus objeciones a la Cámara de Casación y eso abrió la puerta a la designación de los jueces para el juicio oral, que podría realizarse a mediados del año próximo. El caso recayó en el Tribunal Oral 4 de Morón, integrado por Carlos Torti, Pedro Rodríguez y Rodolfo Castañares, quienes antes de la audiencia pública tendrán que lograr, en última instancia en forma compulsiva, que el imputado se someta a pericias psiquiátricas a las que se ha negado en tres ocasiones. Los cargos contra Grassi son por “abuso sexual agravado en concurso real con corrupción de menores agravada” por la condición de guardador que tenía el cura. En este primer juicio se analizarán seis cargos por delitos cometidos contra dos menores, mientras siguen en curso otras acusaciones en perjuicio de otros seis chicos. Eso dará lugar a un segundo proceso oral contra el sacerdote.
Primero en forma personal, y luego a través de un escrito firmado por uno de sus abogados, Julio Virgolini, el cura Grassi hizo su última objeción ante los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón. En lugar de un recurso jurídico fundado, se trató apenas de una carta escrita en tono quejoso que amenazaba con supuestos futuros pedidos de juicio político por presuntas violaciones a las garantías de la defensa en juicio. La Sala I, integrada por los jueces Mario Moldes, Fermín Parera y Alberto Silvestrini, respondió destacando con un “téngase presente” el hecho de que en la carta se dejara claramente expresado que no se trataba de un recurso jurídico formal.
En lo que atañe a las supuestas garantías conculcadas durante el proceso, los jueces no sólo desecharon la argumentación “por improcedente” sino que rechazaron “por inexistente” al recurso en sí mismo, ya que nunca tuvo ese carácter. Tal fue la hibridez del escrito en cuanto a la enumeración de supuestos agravios, que el tribunal terminó contestando, respecto de la futura acción por presuntas irregularidades, que “por no tener petición alguna no corresponde proveerlo” como válido.
Después de presentar un montón de escritos, que fueron palos a la rueda, Virgolini y Jorge Sandro, los abogados que hoy representan a Grassi desistieron de seguir la pelea en Casación y el juicio oral está más cerca. Los hechos que serán considerados son los cometidos en perjuicio de los chicos conocidos como “Gabriel” y “Ezequiel”. Hay dos casos de abuso sexual agravado contra el primero de los menores, en concurso real con un hecho configurado de corrupción agravada. Y en el caso de “Ezequiel”, lo que se juzgará es un hecho de abuso, corrupción agravada y amenazas coactivas en perjuicio del jovencito, a quien Grassi conminó a no hablar sobre lo ocurrido.
Grassi, quien goza de una libertad restringida hasta que se realice el juicio oral, se presentó personalmente ante los camaristas de Morón para quejarse porque entiende que recibió un trato judicial descomedido. En el juicio oral se ventilarán graves delitos de índole sexual, por tratarse de menores que estaban bajo la guarda de un sacerdote, en la Fundación Felices los Niños. El chico conocido como “Gabriel” denunció que fue obligado por el imputado a mantener sexo oral y que también sufrió “toqueteos y manoseos” en una segunda ocasión.
En el episodio con “Ezequiel”, siempre según el relato de la víctima, el sacerdote estaba abusando presuntamente de dos chicos a la vez y el denunciante salió corriendo para escapar. En ese momento fue interceptado por Grassi, quien lo habría amenazado para impedir que comentara lo sucedido con otras personas. Por estos hechos, el cura podría ser condenado hasta con 25 años de prisión efectiva. A los casos citados podrían sumarse otros casos de amenazas varias, incluso con armas de fuego, sufridas por innumerables testigos que declararán en el juicio oral.
Al margen de los casos que llegarán a juicio a partir de mediados del año que viene, Grassi está acusado por el presunto abuso de otros tres menores que estaban en la Colonia Esperanza de La Matanza. La denuncia la recibió una jueza de menores de La Plata y ahora es investigada por la fiscal Rita Bustamante, la misma que pidió la elevación a juicio oral de los casos de “Gabriel” y “Ezequiel”. Hay otros dos menores que habrían sido víctimas de abuso, según surge del expediente principal, pero todavía no hay pruebas suficientes como para incorporarlos al juicio oral. Por último debe decidirse la competencia por otros dos casos de niños supuestamente abusados en El Calafate. Todo podría ser incorporado al primer juicio o bien formar parte de un segundo proceso oral y público.