La Justicia porteña ordenó a la Legislatura de la Ciudad dejar sin efecto una designación realizada en la Auditoría General en 2013, para cubrir una vacante, porque afectó el “derecho de las mujeres a la igualdad” e impidió la “efectiva participación en la vida política”, con lo que significó un acto de discriminación. El fallo del juez Guillermo Schleiber indicó que, para cubrir la vacante dejada en el organismo por la auditora Paula Oliveto Lago, debió nombrarse a otra mujer, y no a Juan Facundo del Gaiso, en razón de que la propia Constitución de la Ciudad establece la existencia de un cupo por sexo en los cuerpos colegiados.

La decisión del magistrado respondió, así, de manera favorable a la acción de amparo presentada por las ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), Asociación por los Derechos Civiles, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Fundación Mujeres en Igualdad.

El juez Schleiber dio la razón a las ONG demandantes, que señalaron que en un “cuerpo colegiado compuesto por siete personas no puede haber más de cuatro personas de un mismo sexo” porque eso equivale, como sucede actualmente con la Auditoría –compuesta por cinco varones y dos mujeres–, a que exista un 71,42 por ciento de integrantes varones. “Los legisladores eran conscientes de que se apartaban de la norma legal, a fin de mantener un acuerdo político”, había señalado el texto del amparo.

El fallo recuerda la importancia de la discriminación positiva como mecanismo necesario para impulsar la igualdad en el Estado.