“Reiteradas ineficiencias en la investigación del caso” fue el fundamento de la Legislatura de Río Negro para pedir a las máximas autoridades de la Justicia provincial que investigue a dos jueces, un fiscal y peritos que intervinieron en las causas por el triple crimen de Cipolletti, en 1997, y por el asesinato de otra joven ocurrido cuatro años antes. Ambos casos, creen los legisladores, fueron cometidos por el mismo autor.
La solicitud surgió tras la aprobación del informe final de la comisión especial que durante más de dos años analizó el caso del triple asesinato de las hermanas María Emilia y Paula González, y de su amiga Verónica Villar, ocurrido en noviembre de 1997 en Cipolletti. Los legisladores aceptaron por unanimidad pedirle al Consejo de la Magistratura que se investiguen las actuaciones del juez de Instrucción Pablo Iribarren y el fiscal Alvaro Meynet. También pidió al Superior Tribunal de Justicia el análisis del papel de los peritos forenses que realizaron las autopsias de los cadáveres de las tres víctimas “porque hubo aseveraciones erróneamente groseras en los protocolos correspondientes que hicieron tomar a las líneas investigativas un camino equivocado”.
Otra de las recomendaciones de la comisión, aprobada por el plenario legislativo en sesión especial, fue la investigación de la conducta del juez Juan Torres, instructor de la causa por el asesinato de otra joven de Cipolletti, en octubre de 1993, donde también estaría seriamente involucrado Claudio Kielmasz, imputado y condenado a prisión perpetua por el triple homicidio de 1997. En el primer caso, donde la víctima fue la adolescente Janet Opazo, el arma utilizada fue –según las pericias realizadas por la comisión parlamentaria– la misma que aportó el propio Kielmasz a la causa de las hermanas González y su amiga Villar. “Fueron alarmantes la lentitud y morosidad demostradas en la causa judicial”, resaltó la comisión.