Jue 24.12.2015

SOCIEDAD  › OPINIóN

Seguridad

› Por Roberto Samar *

El concepto “seguridad” funciona como un significante vacío, ya que hay múltiples formas de entenderlo. Cada uno puede depositar dentro de él distintas ideas, deseos y definiciones políticas.

Recientemente el Gobierno declaró la Emergencia en Seguridad para todo el país. La emergencia es por definición una situación fuera de control. ¿De qué delitos se ocupará esa Emergencia Nacional en Seguridad?

¿La falta alimentación, las agresiones físicas, la falta de asistencia de la salud, las amenazas, los robos de pertenencias son inseguridad? Estas situaciones se viven cotidianamente en cárceles de nuestro país.

Según el IV Informe del Registro Nacional de Casos de Tortura, a partir de relevar 50 instituciones de encierro, se detectaron 6843 casos de torturas y/o malos tratos. Es decir, se producen 19 casos de tortura por día en Argentina.

¿La Emergencia de Seguridad contemplará estas situaciones de vulneración de derechos? Probablemente no. Incluso el discurso de la emergencia en materia de seguridad legitimará más situaciones de violencia institucional.

Por otro lado, si nos preocupa la inseguridad desde una mirada más estructural, un delito donde intervienen los grupos de poder de nuestro país es el lavado de dinero. Este se vincula con otros delitos complejos, como el narcotráfico y el tráfico de armas, entre otros. Sin embargo, como reveló Página/12, el abogado Mariano Federici, quien ocupa la titularidad de la Unidad de Información Financiera está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau a través de la Fundación Finint, uno de los principales litigantes contra la propia UIF. Asimismo, la oficina antilavado sumó a Celeste Plee, que venía defendiendo penalmente a empresas investigadas por lavado de activos, y a María Eugenia Talerico, abogada del HSBC en casos de lavado.

Los discursos del miedo asociados a la “Emergencia” muchas veces terminan legitimando la vulneración de derechos de los sectores en situación de pobreza. Construyamos políticas inclusivas, donde la seguridad sea el pleno ejercicio de los derechos de todos y todas, pero sobre todo de los grupos más vulnerables de la sociedad.

* Licenciado en Comunicación Social. Docente de Comunicación Social y Seguridad Ciudadana (UNRN).

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