Habla español con acento francés por su origen canadiense, pero hace 32 años que reside en México. Politólogo e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del prestigioso centro académico El Colegio de México, Jean Francois Prud-homme accedió a responder sobre la cuestión del narcotráfico y subrayó un dato histórico: “Entre el 2006 y el 2012, el sexenio del presidente Felipe Calderón, hubo miles de fallecidos, con una estimación mínima de 60 mil víctimas mortales sin contar desaparecidos”.

–México discute qué hacer con el narcotráfico de manera constante. ¿Cuál es para usted el punto más importante del debate?

–Un punto clave es la capacidad del Estado de garantizar el Estado de derecho. Quizás en la historia reciente de México una de las lecciones, que no ha sido bien asimilada y entendida por la clase política, sea del partido que sea, y que debería ser una gran lección, es lo que pasó en el gobierno de Calderón. Creyó que el discurso de la guerra y la lucha contra el narcotráfico es políticamente rentable. Calderón lo usó inspirándose en el éxito de Alvaro Uribe en Colombia. Pero al final del camino está claro que para la clase política la idea de ganar la guerra y aniquilar al enemigo termina siendo muy complicada.

–¿Porque no ganaron la guerra?

–Porque es muy difícil presumir de resultados. No es una guerra convencional. Uno puede apresar a varios de los actores, y actores importantes, pero de todas maneras eso no impide que el negocio prospere y que las organizaciones se mantengan. Como se requiere de cuerpos especializados, y no hay o nunca son suficientes, al final es una responsabilidad que cae en manos del ejército. Esto a su vez crea dinámicas en las que el ejército se ve involucrado en acciones criticables desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces se desata una lógica de la cual es muy difícil salirse. El discurso del presidente Calderón en el que declaró la guerra al narcotráfico hizo que todo su gobierno quedase atrapado por el tema. Y al final, por más que fuesen apresados algunos jefes de carteles, es difícil evaluar si hubo un triunfo.

–¿Existe alternativa?

–Hay que actuar de manera más discreta, consistente, sin que se vuelva un gran espectáculo. En el caso de México, además, lo que resulta muy complicado es la suma de un problema de dimensiones geográficas de un país extenso y de un problema geopolítico: México está pegado al mayor mercado de consumo de drogas. Hoy quizás haya también un componente más doméstico que antes. Pero básicamente igual tiene que ver con el consumo en el mercado norteamericano. Eso hace que por más que se limiten las actividades de ciertos carteles surjan nuevos grupos delictivos. Hay un negocio y hay delincuentes que están dispuestos a responder a la demanda. En México queda bastante claro que esa situación crea situaciones regionales diferentes, determinadas por las rutas de tránsito de la droga o, para tomar un caso, por la producción de heroína en el Estado de Guerrero. Hay una geografía de la violencia.

–¿Esa geografía plantea escalas distintas dentro del Estado?

–Sí. Genera aspectos distintos de corrupción y complicidad con las autoridades políticas. En un país federal como México se plantea a menudo el tema de la jurisdicción sobre quién tiene que luchar. ¿Agencias locales o agencias nacionales? Incluso hay complicidades más marcadas y evidentes a nivel de ciertos municipios y de policías municipales. O, a veces, en los gobiernos de los Estados. A nivel federal el asunto es más complicado, pero también existen complicidades que tienen más que ver con el aparato especializado de administración de la Justicia y con las autoridades carcelarias. Lo vimos con la evasión del Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad. Esa es otra lección importante.

–¿Se relaciona con la Justicia?

–Claro, porque hace falta contar con las instituciones de control y supervisión y con los órganos de administración de la Justicia. Antes de declarar una guerra habría que ver los efectivos reales con los que cuenta el Estado en conjunto. Si no, las guerras solo exponen las vulnerabilidades del Estado y sirven para vulnerar los derechos ciudadanos y destruir las instituciones.

–Usted dijo antes que el problema básico es la demanda de los Estados Unidos pero que a la vez crecía un problema doméstico. ¿Qué alcance tiene?

–La cercanía a los Estados Unidos no es el único tema porque también hay problemas de consumo, pero eso lo tenemos que ver como un problema de salud pública.

–¿Es intenso el debate sobre la descriminalización de la droga o de la tenencia para el consumo?

–Es un tema complejo. Desde luego que hay grupos cada vez más presentes en el debate público que mencionan el tema de la descriminalización por lo menos del consumo y de la producción de drogas. Algunos plantean descriminalizar marihuana y otros todas las drogas, como sucede no solo en Uruguay sino en varios Estados de los Estados Unidos.

–Página/12 publicó el año pasado un documento de expertos convocados por la ONU, entre ellos Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, en el que recomendaban cambiar de paradigma en la cuestión de las drogas, abandonar la idea de la guerra y reforzar la reducción de los daños en los adictos.

–Ese tipo de documentos impacta en México en dos sentidos. Por un lado progresó en el debate una especie de apertura a la posibilidad de descriminalizar algunas actividades asociadas a la producción y al consumo de drogas. Sobre todo, repito, en relación con la marihuana. La receptividad hacia la descriminalización creció. En diciembre del año pasado un fallo de la Suprema Corte abrió posibilidades hacia una actitud distinta. Pesa mucho el debate en los Estados Unidos, en Colorado o California. Habrá un debate similar en Canadá. Todo esto cambiará los parámetros de la discusión en México. Un segundo punto, que tiene que ver con el caso colombiano, está relacionado con el reclutamiento de individuos que terminan participando como sicarios de esas bandas. Se da a nivel de base. Se relaciona con la prevención y con la búsqueda de soluciones sociales. Pienso en Ciudad Juárez. Hasta cinco o seis años era una de las zonas más violentas, con mayor cantidad de homicidios. En un momento se intentó abordar el problema no solo desde la represión sino buscando responder a las causas sociales. Todo es relativo, pero la violencia descendió en los últimos cinco años. La idea en cierto modo fue buscar soluciones como las implementadas en Bogotá, en Colombia, donde la acción de dos alcaldes fue importante. Enfocaron la violencia y el reclutamiento atendiendo a sus raíces sociales. Es importante entender que a ese tipo de violencia organizada se la puede enfrentar no solo con soluciones policiales.

–¿También discuten los expertos mexicanos el peso de los pequeños dealers?

–En relación con eso, por lo menos en las ciudades y en los territorios donde hay mayor capacidad institucional, una idea fuerte consiste en cambiar la relación entre la policía y los ciudadanos. Se observa un intento de desarrollar más las policías de cercanías, que colaboran con los vecinos. Pueden hacer algo de prevención y también tienen capacidad rápida de respuesta mientras quedan como una instancia de colaboración entre habitantes y cuerpos policíacos. Sin embargo, no es una estrategia única. Está la otra, más represiva, de control o eliminación del delito.

–¿Cuándo tiene mayor legitimidad esa estrategia?

–En general cuando hay violencia evidente, cuando hay problemas asociados a otros tipos de delitos como la venta de protección y el secuestro, hay también acciones de carácter más represivo y tradicional. Frecuentemente es la población misma la que pide ese tipo de reacciones a nivel local, porque la realidad suele tornarse muy grave. En Michoacán hasta hace dos o tres años esos grupos delictivos terminaron controlando todo el Estado y asumiendo funciones de regulación violenta e informal que casi terminaban sustituyendo a las funciones normales del Estado. Todo esto se combina con el problema geopolítico del que hablábamos y con su incidencia doméstica mayor cuando hay exceso de oferta y los carteles canalizan droga a nivel local. Los dos ámbitos están relacionados.

–¿Cuándo se agudizó la cuestión del narcotráfico en México?

–En gran parte la cuestión del narco tiene que ver con el mercado norteamericano desde los años 90, cuando los mexicanos desplazaron a los colombianos en los Estados Unidos y en las rutas hacia los Estados Unidos. Hay rutas que van desde el litoral hacia puntos del territorio estadounidense. Cuando esas rutas atraviesan ciudades importantes, se vuelven plazas atractivas y producen la pelea por el control entre distintos grupos de narcotraficantes. Los carteles quieren controlar Estados o regiones: el cartel de Juárez en Chihuahua y Sinaloa, los Zetas en Tamaulipas, el cartel del Golfo en el Golfo... Las dimensiones geográficas son importantes. Está la serie Narcos, sobre los colombianos. Cuando los mexicanos los reemplazan recrudece la violencia en México. A partir de ese momento las complicidades se vuelven menos discretas y más condenables. Lo revela el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Detrás de la trama política aparente hay una trama vinculada al narcotráfico y a las complicidades locales y de grupos de narcotraficantes.

–En el arresto del Chapo Guzmán intervinieron comandos de la Marina.

–Es una línea importante de debate en México: cómo hacemos para sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el narco. Si bien es cierto que a primera vista el ejército parece más competente por su despliegue y su poder de fuego, y también la Armada, que se encarga de las acciones más difíciles, se producen divisiones entre distintos cuerpos. Ahora estamos discutiendo si conviene o no un cuerpo especial con mando único, ajeno a las fuerzas armadas, en todo el país. Además, como daño producido por la intervención de las fuerzas armadas empeora la situación de los derechos humanos, que se pone peor aún por responsabilidad de la administración de Justicia. El narco en México no es un tema nuevo.

–¿Cuándo sitúa el comienzo del narco?

–Desde que existe el problema de la producción y comercialización de las drogas. Sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empezaron a generarse complicidades a distintos niveles. No es un fenómeno nuevo. Lo que le da más relevancia pública a la cuestión del narco es el nivel de violencia. La cantidad de víctimas directas e indirectas de ese negocio se incrementó mucho en los últimos diez años por lo menos. La violencia hace más visibles las complicidades. Por eso resurgieron debates y análisis como éste: ¿Qué es mejor, capturar a los capos de los grandes carteles o más bien buscar el mantenimiento, como supuestamente lo hacían antes los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, un equilibrio de la violencia entre distintos grupos? La idea entonces era preservar ese oligopolio que en la práctica entrañaba menos violencia. Frecuentemente el encarcelamiento o la eliminación física de capos desata guerras por la sucesión, divisiones y profusión de pequeños grupos que buscan ocupar el espacio que antes existía.

–Al menos en la Argentina de estos días el planteo oficial de la cuestión narco le quita importancia al lavado de activos, o por lo menos no lo pone como tema principal.

–En México el lavado es importante a todos los niveles. Se supone que el Estado tiene cada vez más instrumentos, ¿no? Para comprobar el origen de los recursos o para controlar las transacciones bancarias en efectivo... El tema es la captura de los operadores financieros de los narcotraficantes. Cobra cada vez más importancia el flujo financiero relacionado con los narcos pero no hay éxitos en este campo. No hubo golpes importantes contra el lavado de dinero. El Estado no sabe, no puede o no quiere actuar. Depende de los casos. Uno de los problemas del Estado de derecho es poder establecer pruebas. Me imagino que todavía, a pesar de todos los instrumentos que se desarrollaron y se utilizaron, sigue siendo complejo comprobar el delito de lavado de dinero. Y cuando alguien no quiere actuar es peor.

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