SOCIEDAD › EL CAMBIO DE FUERO, EL VIOLENTO ALLANAMIENTO, LA SUPUESTA ENTREGA
El financista acusado de ordenar el triple crimen de General Rodríguez, prófugo desde 2012, sigue dando que hablar. Para que se entregue, le cambiaron la causa al fuero federal y destrozaron la casa de su ex. Lo que quieren que declare y las implicancias políticas del caso.
› Por Raúl Kollmann
La novela del prófugo Ibar Pérez Corradi va sumando capítulos cada vez más oscuros y sospechosos. El financista está acusado de haber ordenado a los hermanos Lanatta y a Víctor Schillaci que maten a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en un descampado de General Rodríguez en 2008. Los sucesos extraños empezaron con la entrevista de Cristian Lanatta en la televisión y siguieron con la increíble triple fuga de diciembre y con un sorpresivo pedido de pase del caso a la Justicia federal. El viernes, temprano, la jueza María Romilda Servini de Cubría aceptó tomar el caso, que fue una condición planteada por el prófugo Pérez Corradi para presentarse. Pocos minutos después se anunció la detención del financista justito en el lugar donde era público que estaba: la zona de Ciudad del Este, en Paraguay. Horas más tarde, la captura fue desmentida, pero todo indica que el financista reaparecerá de un momento a otro. En el interín, esta semana, hubo un violento allanamiento en la vivienda de su ex esposa en Don Torcuato. Policías bonaerenses –hoy con la conducción de Cambiemos– mataron a dos perros, produjeron gran cantidad de destrozos y hasta les apuntaron a los tres pequeños hijos del financista. Todo estos hechos asombrosos parecen encajar con arreglos y aprietes para que Pérez Corradi declare contra el anterior gobierno en el caso de la efedrina.
Pérez Corradi desapareció de los lugares que solía frecuentar hace casi cuatro años, aprovechando una excarcelación que le otorgó la Cámara Federal. Hasta ese momento, tenía dos frentes abiertos:
- Estados Unidos pedía su extradición por el envío a ese país de pastillas de oxicodona, un derivado del opio.
- En la Justicia argentina apareció vinculado a la llamada mafia de los medicamentos, es decir la venta de productos falsos o adulterados.
En la investigación del triple crimen de General Rodríguez –encabezada por el fiscal Juan Ignacio Bidone– apareció su nombre. La hipótesis que se fue imponiendo es que los asesinados Forza, Ferrón y Bina trataron de meterse en el negocio de venderle efedrina a narcos mexicanos e intentaron desplazar a quienes supuestamente son los proveedores habituales: el rey de la efedrina, el santafesino Marino Segovia, y Pérez Corradi.
De acuerdo a lo que afirma el fiscal Bidone, Pérez Corradi podría haber convocado a los Lanatta y a Schillaci para que maten a Forza, Ferrón y Bina. O sea que habría sido el autor intelectual del triple crimen.
Uno de los primeros hechos extraños fue la aparición de Martín Lanatta en el programa Periodismo para Todos, justito una semana antes de las elecciones. El condenado por los homicidios de General Rodríguez dijo que quien estaba detrás del negocio de la efedrina era Aníbal Fernández, quien siete días más tarde competía como candidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria. Lanatta nunca había dado una versión semejante, ni siquiera en el juicio oral en el que terminó condenado a cadena perpetua. Podría haber usado ese argumento para acogerse a la ley del arrepentido, que rige para los casos de narcotráfico. Pero en tres meses de juicio Lanatta nunca mencionó a Aníbal Fernández y tampoco lo hizo después que fuera condenado, en diciembre de 2012.
A fines de 2015, después de la aparición en TV del mayor de los Lanatta, los tres condenados por el triple crimen consiguieron ventajas notables. Quienes facilitaron la entrevista, les dejaron servida la fuga. Es que los Lanatta y Schillaci, condenados a reclusión perpetua, consiguieron autorización para no estar en un pabellón de la cárcel de General Alvear, sino en la enfermería. En los pabellones los presos tienen que estar dentro de la celda a las 20 y las celdas se cierran. En la enfermería pueden andar sin restricciones a cualquier hora de la noche. Eso hizo posible que a las dos de la mañana del 28 de diciembre, los Lanatta y Schillaci aprovecharan que estaban casi sin custodia y se fugaron. Los increíbles errores de las autoridades de seguridad les permitieron protagonizar un escape seguido por el país entero y que terminó en Santa Fe casi dos semanas más tarde.
En el medio y al final de la fuga, los abogados de los prófugos dijeron que querían que la causa tramitara en el fuero federal. La jurisdicción no pareció ser esa: la fuga fue en territorio bonaerense, luego hubo un tiroteo en Ranchos, también territorio provincial, y la captura fue en Santa Fe. Sin embargo, los prófugos querían Comodoro Py. Y el gobierno de Mauricio Macri, también. Puso en marcha un expediente en la Justicia federal con el argumento de que los Lanatta y Schillaci eran parte de una organización de narcotráfico. No parece ser el caso: los prófugos tuvieron que transitar el país en la camioneta de una suegra, durmieron en galpones sin luz ni agua, terminaron entregándose virtualmente para que les dieran algo de comer. El traslado de las causas por la fuga a Comodoro Py también preanuncia nuevas declaraciones de los Lanatta y Schillaci, seguramente contra funcionarios del anterior gobierno.
Durante la triple escapada, reapareció como omnipresente la figura de Pérez Corradi, prófugo de la Justicia desde mayo de 2012. Se le imputaba ser el ideólogo del triple crimen y financista de una fuga nada sofisticada. Lo que llamó la atención fueron algunas declaraciones de uno de sus abogados, Carlos Broitman, quien dijo que “con el anterior gobierno no había condiciones para una entrega, pero que con el actual gobierno está dispuesto a entregarse”. A esto siguió otra promesa: “Pérez Corradi va a involucrar a varios personajes, economistas, financistas y políticos. No sé si va a involucrar a Aníbal Fernández. Dice que no lo conoce. Con esta administración están dadas todas las garantías”.
Broitman no es un recién llegado. Defendió a los narcos de mayor envergadura, empezando por el colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, apodado El Gran Hermano, considerado uno de los más grandes financistas del narcotráfico. Broitman también fue defensor de Henry López de Jesús Londoño, otro colombiano, el del apodo Mi Sangre. Uno de los casos de mayor repercusión fue el de los hermanos Juliá, presos en España por introducir una tonelada de cocaína: Broitman también los representó. Respecto de Pérez Corradi, el abogado no sólo prometió declaraciones contra funcionarios del anterior gobierno sino que puso como condición que el expediente del triple crimen pase a la Justicia federal.
La exigencia llamó la atención. Se trataba de que cambie de fuero un hecho ocurrido hace casi ocho años, en el que hubo un juicio oral y cuatro condenas a prisión perpetua. Todo ese proceso lo llevó adelante la Justicia bonaerense ordinaria y el fallo terminó quedando firme por decisión de la Cámara de Casación bonaerense, o sea también la Justicia provincial. La fiscalía de Mercedes de Juan Ignacio Bidone estuvo a cargo de la investigación desde el principio, pero ahora prestó su acuerdo para que el caso pase a la Justicia federal porque –según argumentó– detrás estuvo el tráfico de efedrina. Lo asombroso es que eso se conocía desde el primer día, pero en la fiscalía afirman que recién ahora la cuestión se ratificó porque el fallo quedó firme. No parece ser la norma: este viernes, por ejemplo, la jueza Fabiana Palmaghini rechazó el pase a la Justicia federal del expediente por la muerte de Alberto Nisman. Y en ese caso no hubo ni juicio oral ni condenas ni nada.
Lo cierto es que Bidone impulsó la incompetencia y Servini de Cubría aceptó el pase a la Justicia federal el viernes. Milagrosamente, los deseos de la defensa de Pérez Corradi se cumplieron. Quedó todo listo para que el prófugo se presente.
El miércoles pasado se produjo un hecho cuasi-mafioso. Con el típico argumento de un dato anónimo que indicaba que Pérez Corradi estaba en la casa de su ex pareja, en Don Torcuato, la Policía Bonaerense concretó un allanamiento salvaje, con pocos antecedentes en democracia. El Grupo Halcón tiró abajo la puerta cerca de la medianoche, mató a dos perros de Liliana, la ex esposa del financista, apuntó a los tres chicos de Pérez Corradi y prácticamente destruyó el interior de la vivienda. Las imágenes son categóricas del nivel de daño producido en toda la casa. El mensaje parece claro: el prófugo debe presentarse y –por el nivel de violencia del allanamiento– da la impresión que le hicieron acordar lo que tiene que declarar.
La larga preparación de la parodia preanuncia escenas picantes para las próximas semanas. Los abogados de Pérez Corradi confirman fuera de micrófono que el financista se presentará en las jornadas que vienen, cumplida la condición del pase del expediente a Comodoro Py. Las versiones sobre el prófugo son numerosas y contrapuestas. Por un lado, que es un hombre de especial interés para Estados Unidos porque, justamente, la efedrina y las pastillas iban para allá vía México. La cocaína, en cambio, se trafica hacia Europa. A Washington tampoco le preocupan tanto los puntos más conflictivos para el país, como el menudeo en Rosario, San Martín o el sur de la Capital Federal. Ni la destrucción que produce el paco. El centro ahora son las drogas sintéticas y por eso los norteamericanos pidieron la extradición de Pérez Corradi. Del otro lado no faltan los que afirman que el financista pactó con la DEA. Y eso explicaría que lleva cuatro años prófugo sin que lo capturen. En su momento, su abogado –Broitman– admitió que al menos hubo una negociación: “Lo persiguen porque él no aceptó el acuerdo con la DEA”.
El 15 de julio de 2014, la jueza Servini de Cubría dispuso seis procesamientos por la importación de efedrina que se derivó a pastillas: “haber introducido al país material para la producción de estupefacientes, realizando una correcta presentación ante la aduana y alterando posteriormente su uso”. Es decir se importaba efedrina para medicamentos y se usó para la producción de pastillas. Los imputados fueron las máximas autoridades de la Secretaría de Prevención contra la Droga y el Narcotráfico (Sedronar), que debía controlar el ingreso de la efedrina. El primero de la lista fue el ex titular de la Sedronar, José Ramón Granero –curiosamente archienemigo de Aníbal Fernández– , uno de los segundos de la Sedronar, Gabriel Abboud, y otros cuatro funcionarios de esa dependencia. En diciembre de 2015 fueron procesados dos de los hermanos Zacarías, uno de los cuales era mano derecha de Granero.
Ninguno de esos procesamientos tuvo que ver con el triple crimen de General Rodríguez ni con la producción de pastillas en sí mismo: fueron procesamientos por haber permitido, entre 2006 y 2008, que crezca en forma exorbitante el ingreso desde China e India del precursor químico que luego se desvió hacia la producción de pastillas de meta-anfetamina.
Lo que se pronostica ahora es que los Lanatta y Schillaci, condenados a perpetua, e Ibar Pérez Corradi, amenazado con la extradición a Estados Unidos, sacarán de la galera nuevas versiones del triple crimen y del tráfico de estupefacientes. Las rarezas del caso hacen presumir arreglos detrás de bambalinas y se anuncia que dirán cosas que, llamativamente, nunca dijeron en los ocho años de juicios y causas judiciales. El show de la triple fuga tendrá ahora continuidad.
Más allá del ruido, lo cierto es que los principales protagonistas, incluyendo al mexicano Jesús Martínez Espinoza, fabricante de pastillas de Maschwitz; Mario Segovia, el rey de la efedrina; y los homicidas Lanatta y Schillaci, están todos presos desde la década pasada. Falta Pérez Corradi, socio de Lanatta en una de las importadoras de efedrina.
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