La causa generó protestas por las condiciones infrahumanas de los trabajadores, incluyendo a menores.

Representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron ante la Justicia para que se investigue el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral” en tres granjas pertenecientes a la empresa avícola Nuestra Huella. En esos establecimientos, de acuerdo con la denuncia de los fiscales, se habría comprobado la presencia de 22 personas, entre ellas algunos menores de edad, que trabajaban “en condiciones infrahumanas y en contacto permanente con agroquímicos”. La presentación fue hecha por el fiscal general ante la Cámara de Casación Penal Javier de Luca y por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo. En su dictamen, ambos resolvieron hacer lugar a la presentación realizada por los abogados de la querella.

Los fiscales pidieron que se investigue por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral a Leticia García, Alejandra López Camelo e Ivana Lucía Peressa, responsables de la empresa avícola Nuestra Huella, ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.

El 24 de abril de 2012 la Cámara Criminal y Correccional Federal de San Martín había sobreseído a las imputadas.

En su dictamen, los fiscales señalaron que “resulta prematuro el temperamento arribado por la Cámara Federal de San Martín al concluir, al igual que el Juzgado de primera instancia, que los hechos investigados no serían constitutivos del delito de trata de personas”.

En ese sentido, remarcaron que “no surge” que se haya profundizado o tratado de identificar y ubicar los casos de familias señaladas por los testigos en sus declaraciones. Agregaron que “ninguno de dichos trabajadores fue siquiera convocado a prestar declaración testimonial” para que aportaran datos concretos sobre cómo realizaban sus tareas.

La causa se inicio por una denuncia formulada por la entonces Ufase (hoy Protex) el 16 de octubre de 2010 luego de que un hombre se presentara a declarar y asegurara que tanto él como su familia habrían sido explotados laboralmente y sometidos a una situación de servidumbre por parte de los responsables de la empresa avícola Nuestra Huella”.

Según el denunciante, él y otras personas trabajaban en la granja y vivían en un galpón donde había venenos, comederos y despicaderos, utilizados para limpiar animales, y que tanto él como su esposa –mientras estuvo embarazada– fumigaron sin tener ninguna protección.

Esta situación habría provocado que su hija naciera con problemas en los riñones, lo que hace que crezca de manera desproporcionada a su edad. También agregó que supo de otras familias que habrían tenido problemas de salud por el uso de agroquímicos. En la misma denuncia, se incluyó la información de que ingresaron nuevas familias a trabajar, incluidos menores de edad y oriundos de Misiones, a las granjas La Escondida, El Aroma y La Mimosa, propiedades de la misma firma.

Para los fiscales, “existe una conexión innegable entre la explotación a la que fue sometido el denunciante y su familia, con la posibilidad de que la afección que sufre su hija en el riñón se haya originado en el uso de agroquímicos sin la vestimenta y condiciones apropiadas”.

En los allanamientos realizados en esas plantas se observó que las condiciones laborales de los trabajadores “eran muy precarias, con una notoria falta de higiene que se evidenciaba en la gran cantidad de moscas, guano de gallinas, dentro de los galpones y olores nauseabundos. Además, no contaban con ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, así como tampoco con elementos de protección como máscaras o guantes”.

En otra de las granjas de la empresa, ubicada en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, llegó a trabajar el niño Ezequiel Ferreyra, de 7 años, quien ayudaba a su padre, que tenía la tarea diaria de recoger 11.500 huevos. El chico, que trabajaba de lunes a lunes, murió el 17 de noviembre de 2010. La causa de la muerte fue un tumor cerebral que, según diagnosticaron los médicos, fue provocado por el contacto permanente con los agroquímicos utilizados en esa granja. Página/12 informó sobre ese caso en su edición del 24 de abril de 2014.