Una investigación judicial determinó que existe en los barrios porteños de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda “una zona administrativamente liberada”, donde “los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente”, en edificios tomados o no, y “donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad”. El informe fue realizado por el fiscal federal Federico Delgado en el marco de una causa por trata de personas para explotación laboral, iniciada a partir de una presentación realizada por el legislador Gustavo Vera, fundador de La Alameda, y que llamativamente avanzó poco en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8.

La pesquisa dio resultados alarmantes: de los 72 domicilios allanados, sólo tres estaban habilitados como talleres textiles y 69 funcionaban clandestinamente. La mayoría de las personas allí encontradas eran bolivianas y paraguayas, que en promedio trabajan casi 9 horas y media por día y cobran apenas 31 pesos por hora, aproximadamente la mitad de lo que gana una empleada doméstica. Mientras que quienes figuran como encargados, explotadores, son de nacionalidad china y coreana. Los investigadores sospechan que podría tratarse de testaferros. En la zona relevada funcionaba el taller clandestino en cuyo sótano, con ventanas tapiadas, diez meses atrás, murieron asfixiados dos hermanitos, de 7 y 10 años, hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana que se desempeñaba en el lugar. El fiscal Delgado remitió el informe al juez De Giorgi y le reclamó “una investigación profunda” y “global” porque, advirtió, no se puede fragmentar la causa y se debe mirar integralmente el problema por las interrelaciones que se observan en el funcionamiento de los talleres. También envió una copia a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, y a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

En su investigación preliminar, fechada el 11 de febrero, Delgado advirtió sobre la “irracionalidad” del sistema: si los explotadores de un taller clandestino son detectados por un inspector de la Dirección de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control la ciudad de Buenos Aires, “saben que a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador”. El fiscal destacó que ese procedimiento “esconde muchos problemas”, y señaló entre ellos que los operadores judiciales no indagan en la responsabilidad penal de “esos explotadores” frente a la existencia de habilitaciones formales, de la agencia gubernamental, “que únicamente reclamará dinero frente a las irregularidades detectadas durante las inspecciones”. Delgado indicó que, “obviamente, la existencia de talleres habilitados administrativamente no implica que en el lugar no trabajen personas que sean explotadas laboralmente e incluso sean objeto de accionar delictivo y por ende, competencia de la justicia federal”.

La pesquisa se inició a partir de la presentación de Vera, con 170 domicilios donde funcionarían talleres clandestinos. El relevamiento encontró 72 talleres textiles, de los cuales el 96 por ciento no tenía la habilitación correspondiente. En los talleres clandestinos se encontraron 175 personas, 27 eran de nacionalidad argentina y 148 extranjeros (mayoría de bolivianos y paraguayos). Al analizar las horas trabajadas por persona, se encontró que de lunes a viernes son un promedio de más de 9 horas diarias, mientras que los sábados rondan las 5 horas y media. Del relevamiento surge, que algunos de los trabajadores son “levantados” por sus explotadores en la esquina de Cobo y Curapaligüe, del barrio de Flores, donde funciona una especie de mercado humano, de día y de noche.