La Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia presentará hoy a las 12 la sentencia en un juicio por femicidio que se extendió por casi un año, desde marzo de 2015. Se trata del crimen de Verónica Gladys Romero, docente de 38 años, cuyo cuerpo con once puñaladas fue hallado en su auto, estacionado en una calle de la ciudad de Resistencia, Chaco, el 26 de marzo de 2013. El acusado es su marido, Juan Ramón Soto, de quien se había separado ocho meses antes. Tiempo suficiente para que ella descubriera que podía utilizar el dinero de sus dos sueldos, que podía sentirse halagada por un hombre, y que podía salir de vacaciones libremente con sus hijas. Los familiares de la víctima son representados por la defensora oficial Lorena Padovan (en Chaco, los defensores oficiales están habilitados a representar como querellantes a las víctimas). El caso tiene un interés agregado: la madre y tres hermanas de Verónica Romero fueron consideradas por el tribunal víctimas al sostener que la violencia la sufren todos los integrantes de la familia. El juicio, que se extendió casi un año, en buena parte transcurrió en demostrar que no dar lugar al manejo de sus propios sueldos, ser agredida sexualmente, sufrir violencia verbal, física y psicológica, motiva el deseo de separación. Y que la muerte, sencilla y brutalmente, la evita.

En julio de 2012, Verónica Gladys Romero decidió separarse de su marido, Juan Ramón Soto, profesor de educación física. Hasta fines de ese año, Romero atravesó una fuerte depresión. Trabajaba en dos colegios, y tenía dos hijas, en ese momento de 7 y 9 años. A fines de 2012 conoció a otro hombre, lo que le permitió recuperar su autoestima. Su dinero, el que le proveían sus dos sueldos, lo empezó a recuperar a medida que descubría que podía darle uso. “Les compraba ropa a sus hijas, se fue de vacaciones con ellas, por primera vez pudo comprarse zapatos a su antojo –dijo a Página/12 la abogada oficial y querellante, Lorena Padovan–. Antes, su marido le retenía la tarjeta de débito donde le depositaban el sueldo.”

Tenía un auto, propio, del que por la división de bienes le correspondía la mitad, y habían arreglado que ella le pagaría la otra parte. “En algún momento desistió de seguir dándole plata y eso enojó al marido”, agregó Padovan. “También había sufrido violencia sexual y decidió cambiar las cerraduras”, completó la abogada.

El 25 de marzo de 2013, Romero salió de la escuela vespertina a las 16. Tomó unos mates con su madre y sus hermanas cuando recibió una llamada al celular de Soto para encontrarse. Se lo informó a su familia y salió con la idea de volver en un rato. No volvió más. La buscaron, llamaron a Soto (no contestó, en el juicio diría que la vio cinco minutos, la dejó en buenos términos y se fue a trotar), llamaron a sus amigos. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, hallaron su auto, un Volkswagen Suran gris, frente al Casino de Oficiales de la Penitenciaría, en Seitor y Las Heras. El vehículo estaba estacionado allí desde alrededor de las 18. Dentro estaba ella, sentada del lado del acompañante y atravesada por 11 puñaladas en el cuello, tórax y abdomen. En el volante hallaron huellas digitales de Soto. En un allanamiento a la vivienda del marido, encontraron un morral en el que había manchas de sangre de dos tipos. Uno le pertenecía a él. El otro, a Romero. Soto fue inmediatamente detenido.

En marzo de 2015 se inició el juicio ante los jueces Ida Cristina Torresagasti, Susana Gutiérrez y Alberto Verón, de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. Los fiscales Héctor Valdivia y Jorge Gómez, habían acusado inicialmente a Soto por homicidio agravado por el vínculo.

La defensora oficial Lorena Padovan, en su función de representante de la querella, logró que se solicitara la ampliación de la calificación a femicidio, a partir de los agravantes por ensañamiento (por asestarle 11 puñaladas, siendo la última la mortal), por alevosía (por preparar la escena cuando ella estaba sola e indefensa).

También logró que la madre y las hermanas de la víctima sean tenidas en cuenta por el tribunal como víctimas al considerar que sufrieron de diferentes maneras la violencia sufrida por Romero. Las cuatro mujeres fueron citadas y declararon por Cámara Gesell, un procedimiento utilizado para niñas y niños, porque la presencia del imputado las intimidaba.

Hoy, a las 12, y casi un año después de haber iniciado, los jueces emitirán su sentencia. De declararlo culpable correspondería la perpetua. El caso de Verónica Romero tiene su particularidad jurídica. Y su denominador común que lo desata: una mujer que muere apuñalada cuando decide que su dinero, su tiempo, su autoestima y su cuerpo son suyos y de nadie más que de ella. El número constante o creciente de femicidios, sus características, y el momento en que ocurren equiparan a sus víctimas como las de una guerra por la independencia.

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