El ex agente de la ex SIDE Raúl Martins y su pareja, Estela Percival, fueron citados a declaración indagatoria por el delito de trata de personas para explotación sexual que habrían perpetrado a través de una presunta red de prostitución. La resolución fue firmada por la jueza federal María Servini de Cubría e incluyó un pedido a Interpol para la localización de ambos, que tuvieron como último domicilio conocido uno en México, donde habrían regenteado The One y otros locales nocturnos en Cancún. “Es el avance más importante de la causa. Estoy emocionada hasta las lágrimas”, escribió ayer en su perfil de Facebook, a poco de conocerse la noticia, la hija de Martins, Lorena, quien promovió la denuncia. “Es muy difícil todo porque en esta causa hay muchos implicados poderosos. Voy a seguir luchando por justicia y porque las víctimas atrapadas en esta red se lo merecen”, siguió Lorena Martins en la red social.

Según informaron fuentes judiciales, la decisión de indagar a Martins surgió de la evaluación de las pruebas recolectadas en allanamientos realizados en distintos lugares nocturnos, uno de ellos sobre la avenida Juan B. Justo, en la ciudad de Buenos Aires, y un pub swinger, que ya había sido clausurado. En la causa también está “rebelde” el hijo de Martins, quien residía en España y habría regenteado uno de los locales investigados, mientras que se ordenó peritar el estado de salud de la madre del ex espía para poder avanzar con su indagatoria.

La causa Martins es una compleja investigación sobre prostitución y trata de personas que fue dividida en varios expedientes: el año pasado una parte del caso fue derivado a la Justicia de instrucción ordinaria, pero Servini de Cubría avanza con el análisis del delito de trata de personas, bajo el impulso del fiscal Federico Delgado y de la Procuraduría especializada, que encabeza el fiscal Marcelo Colombo.

Martins se graduó en la Escuela Nacional de Inteligencia en 1985 y actuó durante 15 años en la ex SIDE, según su hija Lorena, a las órdenes del entonces director de Contrainteligencia Antonio “Jaime” Stiuso. Lorena Martins denunció a su padre por regentear cabarets con supuesta protección policial en Buenos Aires, Mendoza y México, adonde, según la acusación, llevaba mujeres engañadas y las obligaba a ejercer la prostitución. En su vida privada, acusó la hija, habría regenteado varios locales nocturnos en Buenos Aires, como The One, Rouge, Brut, New Manhattan, Fama, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Apart Hotel y Swinger Club Anchorena. En 2012, Servini de Cubría archivó la denuncia porque algunos de los cabarets denunciados ya están siendo investigados en otro expediente, y en otros casos Martins fue absuelto. Además, consideró que su hija habría utilizado la denuncia para “ejercer presión sobre su padre”, en el marco de un reclamo de dinero por el divorcio con su madre.

Sin embargo, la Cámara Federal revocó la decisión de la magistrada, en atención a lo que había apelado el fiscal Delgado, quien se había opuesto al archivo por considerarlo “prematuro”. La jueza Servini de Cubría había enviado al Tribunal Superior de Justicia porteño la parte de la denuncia que involucraba al ex titular de la Agencia de Control Gubernamental Omar Ríos, por supuestamente haber recibido 10 mil dólares para la campaña electoral de Mauricio Macri a jefe de Gobierno en 2011. El entonces Procurador General de la Ciudad y actual ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, inició una investigación preliminar contra Ríos, a quien según la denuncia, un empleado de Martins le habría entregado el dinero en un Centro de Gestión y Participación (CGP) del barrio porteño de Flores. En la denuncia, Lorena Martins aseguró que Pedro Tomás Viale, alias “El Lauchón”, de 59 años, también agente de inteligencia, había sido contratado para asesinarla. En 2014 Viale fue muerto de cuatro balazos por policías bonaerenses del Grupo Halcón, quienes irrumpieron en su chalet de la localidad de La Reja, partido de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires.

Otro hijo de Martins, de nombre Mariano, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello en una causa por presunto lavado de dinero.