Los vendedores ambulantes del subte porteño denunciaron que sufren intimidaciones, demoras en comisarías y secuestro de mercadería por parte de la empresa concesionaria, Metrovías. Si bien hace décadas que transitan los medios de transporte ofreciendo sus productos, la empresa cedió la explotación de la venta ambulante a dos compañías y, según explicó Daniel Cézare, el delegado de la cooperativa en formación Vendedores Históricos de Subterráneos, “en ese momento comenzaron a perseguirnos con seguridad privada y Policía Federal”. Desde la Subsecretaría de Control Comunal destacaron que “en los transportes públicos de la ciudad no está permitida la venta, ni de particulares ni de empresas”. Metrovías rechazó negociar con los trabajadores y optó por no hablar del tema.
“Metrovías puso dos empresas subsidiarias, que aunque no lo reconozcan son todas del mismo grupo, y a nosotros que hace años que trabajamos nos llevan presos y nos sacan la mercadería”, denunció Cézare y destacó que “a los chicos que pusieron a vender golosinas los explotan, tienen un tratamiento inhumano, si no venden 150 pesos por día les descuentan del sueldo, que ronda los 300 pesos”.
Los trabajadores reclamaron a la Secretaría de Gobierno y Control Comunal que mediara entre las partes. Hace dos semanas, el organismo propuso a Metrovías una reunión para consensuar una solución al conflicto, pero la empresa rechazó la oferta. “La empresa se negó a reunirse con los vendedores ambulantes. Los motivos no los sé”, aseguró Marcelo Antuña, que hasta hace una semana era el subsecretario de esa dependencia. La actual titular, Fabiana Fiszbin, delegó el tema en su asesora Claudia Herfmam, quien señaló que “es un tema de la empresa concesionaria, es un espacio privado y ellos deciden”.
En el mismo sentido, Antuña opinó que “no hay muchas vueltas. La concesión la tiene una empresa que decide quién vende y quién no. Es como en un edificio, el portero decide si un vendedor ambulante puede entrar”.
Las empresas que comercializan golosinas son dos: Buni, que está desde principios de año, y ServiSub, que se sumó hace pocos meses. Ambas emplearon a jóvenes a los que uniformaron al estilo de las hamburgueserías norteamericanas. Los chicos, bandejas en mano, ofertan los productos en las principales estaciones de la red. “Todo el tiempo están obligados a gritar sus ofertas, están en unas condiciones de explotación terrible”, aseguró Cézare.
Los “históricos” destacan que no piden el cese de actividades de las empresas. Aseguran que ambas partes pueden subsistir si existe una regulación de la actividad. Y elevaron un pedido de mediación a la Legislatura de la ciudad, al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y al ministro de Planificación, Julio De Vido.
“Solicitamos al intervención del Estado. Sólo queremos trabajar”, resalta el escrito y subraya que “los vendedores del subte existimos desde la creación del mismo subterráneo, trabajando libremente. Cuando se produjo la privatización no se tuvo en cuenta nuestra existencia. Nosotros tuvimos la sana intención de dialogar con la empresa para alcanzar un acuerdo. La respuesta ha sido la violencia física y el secuestro de mercadería. En la represión utilizan personal de seguridad de la empresa que tienen la atribución de dar órdenes a efectivos de la Federal, así como utilizar dependencias policiales.”
La empresa, que pertenece al grupo Roggio, tuvo como jefe de Seguridad a Miguel Angel Rovira, un suboficial retirado de la policía bonaerense, miembro de la banda parapolicial Triple A y acusado de 27 asesinatos, entre ellos el del diputado Rodolfo Ortega Peña. El represor fue alejado de su cargo recién cuando la agrupación HIJOS difundió su prontuario y realizó un escrache.
Ante repetidos pedidos de Página/12, Metrovías no accedió a dar su versión del conflicto. Este año, la empresa tuvo otro conflicto con los trabajadores por la jornada de seis horas. Después de los reclamos, el Gobierno porteño dispuso ese tope horario por razones de insalubridad y contaminación sonora.

Informe: Darío Aranda.