Cinco mujeres detenidas en una dependencia policial de la Departamental San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, denunciaron haber sido sometidas a torturas sistemáticas por parte de agentes en los últimos meses. Las denunciantes dijeron que sufrieron golpes, tormentos físicos, verbales, psicológicos y abuso sexual. El caso fue hecho público por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que tomó intervención “para garantizar el inmediato traslado” de las víctimas y de esa manera “evitar la profundización del estado de vulneración”. La CPM subrayó que “la denuncia no constituye un caso aislado, es un síntoma más de todo un sistema de encierro donde la tortura se ha constituido como práctica sistemática.”

La CPM sostuvo que la gravedad de los hechos requiere de “una contundente intervención judicial y de las autoridades del Ministerio de Seguridad Bonaerense, para salvaguardar la integridad de las víctimas e investigar a fondo las responsabilidades policiales en todas sus jerarquías”. Las víctimas tienen entre 20 y 30 años y estaban alojadas, todas juntas, en una celda de tres por cuatro metros, con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente.

En tales condiciones, las detenidas dormían en el piso, sobre colchones que sus familiares les habían traído. No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos. Sólo comían lo que podían acercarle sus familias. Por si fuera poco, las mujeres estaban encerradas las 24 horas, sufriendo un “aislamiento extremo”, afirmó la CPM en un informe al que tuvo acceso Página/12. De acuerdo con lo dicho por las víctimas, los responsables de las torturas sistemáticas eran los policías encargados de su cuidado, todos agentes varones, pese a tratarse de una dependencia destinada únicamente a mujeres.

A las pésimas condiciones de detención, se sumaron las agresiones físicas, psicológicas y verbales; abuso sexual y hostigamiento permanente por su condición de mujer. El maltrato incluía insultos como: “Están acá por putas”, “sus familias saben que son putas”.

Un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM inspeccionó el lugar e intervino “para garantizar un rápido traslado que permita salvaguardar la integridad de las mujeres”. Al ingresar a la celda donde permanecían detenidas, se percibió rápidamente un clima de hostigamiento y violencia que las obligaba a permanecer en silencio. Las cinco mujeres reconocieron estar amenazadas por sus victimarios y durante la entrevista, dieron muestra de sufrir síntomas de estrés post traumático: episodios de llanto, temblores, imposibilidad de sostener la mirada.

Relataron que en la noche del 31 de diciembre, varios agentes ingresaron a la celda, les entregaron una sidra, las agredieron verbalmente y las amedrentaron. Luego las obligaron a salir al patio y una vez que ellas estaban allí, los policías “se subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban ‘a ver a quien le cae este guascazo’”. En la madrugada del 1 de enero, cerca de las cuatro, un agente comenzó a arrojarles petardos dentro de la celda y amenazarlas con más insultos. Les dijeron que “les iban a meter un tiro en el culo por putas” y que iban a informar que “habían querido escaparse”. Todas vivieron una noche de terror de la que no pueden olvidarse.

Las detenidas dijeron haber sido testigos de un hecho ocurrido a mediados de enero: la detención y torturas a un hombre que fue ingresado a una celda contigua. Ellas escucharon ruidos que confirmarían que fue golpeado y torturado con picana eléctrica. Luego, el mismo hombre “fue vestido con ropa íntima de las detenidas y abusado” por los policías. En el caso interviene ahora el fiscal de Brandsen, quien constató las pésimas condiciones de detención y el riesgo que implicaba la permanencia de las detenidas en el lugar.

Con posterioridad, el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, en articulación con la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos, dispuso el traslado de las mujeres a la Alcaidía 3 de La Plata. Todas prestaron declaración en la Fiscalía 7 a cargo de Virginia Bravo, quien lleva la causa por las denuncias de las detenidas contra los agentes policiales.

La CPM señaló que “desde la declaración de la emergencia de seguridad decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en 2014, se ha ido incrementando la cantidad de personas detenidas en comisarías en condiciones agravadas por el estado de abandono de las dependencias policiales”. Agregó que esto ha significado “un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que desde el 2005, producto del denominado fallo Verbitsky, la Corte Suprema había prohibido las detenciones en comisarías”.